El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el 28 de septiembre el primer informe sobre pobreza desde la asunción de Mauricio Macri. El documento está basado en un nuevo nomenclador de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), suspendida (dando cuenta de lo irreversibles que pueden ser algunos procesos políticos e históricos) en abril de 2014. En ese entonces, el ex ministro de Economía Axel Kiciloff encontró en su acervo de pruritos que hacer estadísticas sobre pobreza era una práctica que estigmatizaba a los argentinos menos favorecidos por los vaivenes económicos que su propio gobierno producía.

Tras más de dos años sin estadísticas y con una recesión económica de importante magnitud a cuestas, el informe muestra que el 32,2% de los argentinos (más de 8.7 millones de personas)  vive bajo la línea de pobreza y que el 6% (1.7 millones) vive en condiciones de indigencia. Según los números que arroja el informe una familia tipo (dos mayores y dos niños) requiere $12.500 mensuales para superar el umbral de la pobreza, sin embargo el Salario Mínimo Vital y Móvil está valuado en $7.560 y el Seguro de Desempleo en $3.000.

Esta es la coyuntura sobre el que las organizaciones de trabajadores desocupados de Tucumán trabajan día a día. Como forma de visibilización de la situación social participaron de la campaña nacional 1000 ollas populares contra el hambre, la desocupación y la pobreza. Mientras se realizaba un corte del Puente Lucas Córdoba, que une la capital con el Municipio de la Banda del Río Salí, Facundo Ramos, referente provincial del Movimiento Barrios de Pie afirmó: “Las organizaciones tucumanas hemos decidido plegarnos a esta iniciativa e instalar 100 ollas populares en la provincia. Estamos atravesando un escenario crítico para los más humildes. El sinceramiento del gobierno nacional respecto a las cifras de pobreza es alarmante. Es por eso que creemos que es necesario declarar la Emergencia Social en la Argentina y apuntar a la creación de un millón de puestos de trabajo. El trabajo conjunto entre las organizaciones sociales, los sindicatos y algunas instituciones religiosas y académicas nos ha llevado a acercar esta propuesta al gobierno para empezar a solucionar el problema de la pobreza”.

Según los dirigentes sociales el requerimiento en los comedores y centros comunitarios está en marcado ascenso. La promesa de Pobreza Cero con la que el Presidente Mauricio Macri llegó al poder está cada vez más lejos de alcanzarse. En lugar de disminuir, los índices de precariedad social han aumentado visiblemente en los últimos 10 meses. “La excusa de la pesada herencia ya no va más; el gobierno de Macri está cerca de cumplir un año y las únicas medidas de relevancia que tomó sirvieron para asegurar las ganancias de los ricos”, sentenció Vicente Ruiz de la Corriente Clasista y Combativa. Y es que, con la disminución de las retenciones a los cereales, la soja y la minería sumada al aumento de las tarifas, lo que se confirma es un traslado de ingresos desde los sectores medios y bajos hacia los sectores de mayor poder adquisitivo.  

Más allá de que al finalizar los 12 años de administración kirchnerista en Argentina más del 25% de la población vivía en situación de pobreza (aunque la última medición —en 2013— de un INDEC intervenido dijera que era sólo el 6%), no parece que la política social del macrismo siquiera haya fracasado, más bien parece inexistente. Será la convicción ideológica acerca del lugar que deben ocupar los individuos en una sociedad (ricos y pobres) o simple y pura insensibilidad, pero lo cierto es que a poco menos de un año de gestión y en un contexto económico global para nada apremiante, los pobres son cada vez más pobres, y eso ya no puede ser tolerado.

Fotografías de Ignacio López Isasmendi