No fue un aniversario más
Doce años pasaron desde aquel 26 de febrero en que Alberto Lebbos se subió a un escenario para recordar el primer aniversario de la desaparición de su hija, Paulina. Desde entonces, cada año en esa fecha colma la plaza Independencia para reclamar justicia junto con la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad en Tucumán. Este año, sin embargo, fue diferente. En la noche anterior al homenaje, el tribunal de la Sala III había condenado a algunos de los ex funcionarios alperovichistas que Lebbos viene denunciando desde 2006 por encubrir al asesino (o a los asesinos) de la joven estudiante de comunicación.
El segundo juicio sobre el caso Lebbos encontró culpables de alteración de documentación y de encubrimiento del femicidio al ex Secretario de Seguridad de la provincia, Eduardo di Lella; a los ex jefe y subjefe de la Policía, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera; al ex jefe de la Seccional Norte, Héctor Brito, y al agente policial Hugo Rodríguez.
Las penas aplicadas a los ex funcionarios derivaron de las investigaciones que se abrieron a partir del primer juicio (en diciembre de 2013), en el que se había condenado al ex comisario Enrique García y a los ex policías Manuel Yapura y Roberto Lencina, quienes se desempeñaban en la comisaría de Tapia. Según entendieron los jueces en ese momentos, ellos adulteraron testimonios y material probatorio de la escena donde fue hallado el cuerpo de Paulina.
De la misma manera, el juicio oral que finalizó el 25 de febrero dará lugar a nuevas investigaciones que el tribunal encargó al fiscal de instrucción Diego López Ávila. Esta próxima etapa rondará alrededor de las incongruencias de muchos testimonios y se centrará, entre otros, en Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario privado de Alperovich; y en Víctor César Soto, ex pareja de Paulina. Ambos serán investigados por la “posible comisión o intervención en el delito de privación ilegítima de la libertad seguido de muerte de Paulina Lebbos”.
El tribunal apuntó también a Francisco Vicente Picón, subjefe de la Policía hasta la mañana del mismo día en que se dictó la sentencia, y a Héctor Gustavo González, uno de los cabecillas de “La Inimitable” -la barra brava de Atlético Tucumán-, de cercana relación con Sergio Kaleñuk, según se supo durante el juicio.
Por otro lado, el tribunal ordenó a López Ávila investigar a todas las personas que intervinieron “en la ilegítima reincorporación del ex comisario García al servicio de la fuerza policial y en el ilegítimo ascenso del ex comisario García a comisario principal”. Dos de los nombres que aparecen en ese sentido son los del ahora ex jefe de Policía, José Díaz, quien participó de la junta que ascendió al ex comisario, y del ex gobernador José Alperovich, quien firmó el decreto de reincorporación y ascenso.
López Ávila logró desbaratar así el entramado de complicidades y encubrimientos que altos funcionarios del gobierno alperovichista y de la Policía provincial habían construido luego del asesinato de la joven. Había asumido esta tarea en 2013, cuando reemplazó al fiscal Carlos Albaca, quien mantuvo la causa en secreto de sumario durante siete años garantizando, según Alberto Lebbos, la impunidad de los culpables.
La nueva etapa de investigación a la que se enfrenta estará ceñida por la premura ya que la causa por el asesinato podría prescribir en dos años, por lo que debería pedir la elevación a juicio oral con un presunto culpable antes de 26 de febrero de 2021.
Así, la causa que parecía perdida a principios de esta década hoy hace temblar los cimientos del poder provincial actual. La sentencia sumó un escollo a la carrera electoral: no sólo Alperovich fue cuestionado, sino también su otrora aliado y hoy contendiente, Juan Manzur, por sostener a policías investigados por encubrimiento.
Alberto Lebbos, por otra parte, vuelve a confiar en la institución judicial que lentamente va confirmando muchas de las denuncias que realizó desde 2006. Trece años durante los cuales marchó cada martes -algunas veces muy acompañado, la mayoría de las veces muy poco acompañado-, y se paró con su megáfono frente a la Casa de Gobierno para denunciar no sólo su caso sino muchos otros que quedaron impunes.