Con poca comida, con frío, sin poder ir al baño, sin posibilidad de nada. Esas eran las condiciones en las que se encontraban las personas que eran secuestradas y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaban en la Jefatura de Policía y en el ex ingenio Nueva Baviera. Condiciones que se fueron reconstruyendo a lo largo de todo el juicio por la Megacausa Jefatura III, a través de distintos testimonios de sobrevivientes. 

“Llegamos a un lugar donde caminábamos por piedritas”, se escuchó decir en la sala de audiencias innumerables veces. Era el playón de estacionamiento que pertenecía a la Jefatura de Policía. Por ahí, las personas detenidas ilegalmente se dirigían a un sector de torturas, donde eran interrogadas hasta el hartazgo. A la derecha del mismo, había un salón grande, un salón en el que algunos esperaban ser liberados y otros; ser el siguiente en la lista de torturas. 

“Había un sector de calabozos VIP, con un baño VIP. Ese VIP nunca lo pudimos descifrar realmente por las condiciones inhumanas de detención, donde el trato cruel era moneda corriente”, sostuvo la auxiliar fiscal Valentina García Salemi en sus alegatos. Mientras, en el monitor de un televisor se exponía la fotografía de un lugar pequeño, con las paredes descascaradas, un caño de agua y un balde. 

En aquel lugar, militares y policías se dividían en tres grupos: un equipo de guardia, el operativo que era el más grande donde estaban quienes torturaban, y otro espacio. “Era el sector administrativo de un centro clandestino que configuraba las listas, que agendaba, fichaba y sistematizaba las declaraciones tomadas por tortura, que revisaba la actualidad de las fotos de las personas a perseguir”, explicó García Salemi. 

En el ex ingenio Nueva Baviera, a 400 metros de la entrada a la ciudad de Famaillá, funcionaba el Puesto de Comando Táctico. Allí las condiciones eran las mismas. Las personas secuestradas ingresaban por el portón principal del ingenio y, a 30 metros, había otro de alambre. Luego de bajar a un subsuelo, un salón grande con azulejos y un mesón en el centro les esperaba. En ese lugar, cuando las torturas comenzaban, la música fuerte se hacía presente para acallar lo que sucedía. 

“Fuimos la única provincia que tuvo una zona o teatro de operaciones, es decir, donde se estableció una determinada zona y en ella se hizo un control absoluto de sus habitantes”, afirmó el fiscal Pablo Camuña. La misma se encontraba en el sur de la provincia y contaba con la participación de unidades militares de todo el país. Tanto en esa zona como en el resto de Tucumán, el circuito represivo consistía en someter a las personas a interrogatorios para extraer información y luego definir su destino.  

Los delitos sexuales 

Durante el juicio, se escucharon ocho testimonios de víctimas de delitos sexuales. “Estos delitos no son parte de torturas, sino que son delitos de lesa humanidad autónomos en sí mismos, que no van a quedar desdibujados”, sostuvo la auxiliar fiscal. Además, afirmó que estos casos formaron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, donde se violaron los derechos humanos y por ello forman parte de delitos de lesa humanidad. 

Para concluir sus alegatos, la fiscalía solicitó prisión perpetua para 13 de los imputados y penas de entre ocho a 15 años para el resto. 

El camino a la sentencia se hace cada vez más corto. Hoy, de esos lugares donde ocurrió el horror, quedan solo sus fachadas y más de 80 personas continúan desaparecidas. En la sala de audiencias, por más de un año, el pedido de respuestas se escuchó en la voz de cada familiar. Respuestas que, 48 años después, no llegan.