El 21 de diciembre del año 2006 un accidente se cobró la vida de dos personas, María Julia Jantzon y Domingo Marchese. Madre e hijo fueron atropellados en la avenida Presidente Perón por Gustavo Jiménez, hijo del actual ministro de economía de la provincia de Tucumán. Por estos días el caso volvió a tener repercusión mediática ante la posibilidad de que el jueves 23 de febrero prescriba por pedido del fiscal a cargo Guillermo Herrera. Esta novedad hizo que los familiares y amigos de las víctimas salieran a exigir justicia independiente, pues, según denuncian, el proceso de investigación está plagado de irregularidades.

Las denuncias vertidas por la familia Marchese que se hicieron públicas en los medios de comunicación provinciales y nacionales, tuvieron respuesta del fiscal quién aseguró que su conciencia está limpia y que además considera que el joven que se encontraba al volante solo ha cometido un error.

A lo largo de estos años la familia de las víctimas presentó una pericia realizada por un especialista, según la cual se determinó que el vehículo que conducía Jiménez estaba preparado para correr “picadas”, que la velocidad que llevaba en el momento del accidente era mayor  a los 130 km/h en una avenida cuya máxima velocidad no debe superar los 70 km/h (dependiendo el carril por el que se transite). Esta pericia fue desestimada y solamente se considera válida la expuesta por el comisario Galván, la querella advierte que el informe pericial no cuenta con los requisitos fundamentales por lo que pidió su nulidad, pedido que aún no fue tratado por el juez de instrucción.

Son cada vez más fuertes y firmes las denuncias acerca de la red de complicidad y favores políticos que se teje entorno a este caso, por lo que se convoca a una marcha con el lema “Por una justicia independiente” el día miércoles 22 a las 20.30 h en la plaza Independencia. La misma cuenta con el apoyo de los familiares de víctimas de la impunidad que encabeza Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, joven secuestrada y asesinada cuyo caso también se encuentra sin resolver por la misma complicidad del poder y la falta de voluntad política que viene denunciando Lebbos hace ya varios años.

Nuevamente el poder político, el judicial y la policía se encuentran implicadas en casos de corrupción y denunciados de ser cómplices de una u otra manera de delitos cometidos por personas vinculadas al poder, ya sea por intereses económicos, por relaciones sociales o familiares. En este caso tanto el gobernador como el fiscal declaran no haber influido en la investigación, pero las irregularidades que se muestran hacen cuanto menos sospechar que "algo raro hay". Algo que esta vez la sociedad tucumana no quiere pasar por alto.

Gabriela Cruz

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