La ley de contravenciones policiales vigente en suelo tucumano se encuentra ampliamente cuestionada por su inconstitucionalidad. Matías Lorenzo Pisarello, miembro del equipo de Seguridad y Derechos Humanos de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Ciencias sociales), expresa:

En la provincia de Tucumán, en materia de detenciones por contravenciones policiales, rige la Ley N° 5140 (y sus modificatorias) la cual implica por sí misma la violación de una serie de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Provincial, Nacional y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esta ley —que data de la época de la última dictadura militar— trasluce el pensamiento antidemocrático y reaccionario que caracterizó esta dolorosa etapa de nuestra historia reciente. Es decir que, en la actualidad, dicha normativa importa y recrea una herramienta de control social que se encuentra en abierta contradicción con los principios constitucionales vigentes.

La ley en cuestión se encuentra por estos días en el tapete luego de que el titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse, afirmara que este lunes 18 de junio empieza el debate para dar forma un proyecto de ley que signifique un nuevo contrato de convivencia.

Cabe recordar que la problematización de este tema no es para nada reciente, sino que en ello se viene trabajando desde diferentes organizaciones sociales hace ya casi 10 años. Por tanto es necesario que la discusión que se propone no aparezca como algo novedoso, sino que se tengan en cuenta las conclusiones a las que se han arribado después de años de debate y crecimiento en materia de Derechos Humanos.

Desde ANDHES se propone tener presentes algunos puntos muy importantes a la hora de pensar una nueva ley. Estos son: el debido proceso, el tipo de sanciones y los tipos contravencionales. Al respecto afirman que en cuanto al primero de los puntos mencionados existe un consenso generalizado sobre la necesidad de la creación de un juzgado contravencional, sin embargo encuentran importante subrayar que “la premisa que debe guiar la discusión es que la regulación de la convivencia social no puede basarse, bajo ningún punto de vista, en la negación de garantías propias de todo/a ciudadano/a, y mucho menos creer que estas puedan constituir un obstáculo para uno de los bienes más preciados de una sociedad, como lo es la seguridad colectiva”.

Suponer que el espacio abierto a la discusión de una ley, que data de los años más negros del país, es fruto solamente de la voluntad política implica el desconocimiento de las luchas que muchos sectores sociales llevan adelante a lo largo de varios años. Creer que con este debate se ha llegado al fin a una meta definitiva es negar la oportunidad a la verdadera construcción colectiva. Es por ello que en esta ocasión se hace menester pensar en la ley de contravenciones no como algo que se discute a puertas cerradas entre unos cuantos letrados, sino como una problemática que involucra a todos, pues afecta el ejercicio real y concreto de la ciudadanía presente y futura.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar