El pasado martes 26 de junio se cumplieron 10 años de un episodio que dejó en claro el abuso de poder en Argentina de principios de siglo. La masacre de Avellaneda no solo demostró la fuerza bruta y la represión del organismo oficial de seguridad, sino que también se cobró dos muertes de jóvenes militantes que solo ejercían su derecho ciudadano a huelga. Se trataba de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, activistas del Movimiento de Trabajadores Desocupados, fallecidos al recibir los disparos de efectivos policiales. A una década de este hecho, la masacre no se olvida y, para muchos jóvenes, ambas víctimas se convirtieron en emblemas de lucha, militancia y justicia social. Por estos días hablar de Santillán o Kosteki significa hablar de la consecuencia de la represión del estado contra el pueblo, la falta de valor para asumir compromisos y el abuso de poder de quienes tienen la responsabilidad de ofrecer seguridad en vez de arrancarla.

Sin embargo, el derecho a huelga sigue siendo algo que incomoda a los que se encuentran en la cúpula. Un derecho del que todo trabajador goza desde 1957. Un privilegio que hace temblar el discurso de más de un mandatario.

Aunque parezca lamentable, esta situación puede inmiscuirse en el papeleo del gobierno nacional actual.

Casualmente, el mismo día en que se cumplían 10 años de trágica Masacre de Avellaneda, otra desgracia ocurría en Chubut. Un triple choque en la ruta nacional N°3 produjo la muerte de 12 personas entre las que se encontraban nueve gendarmes que se regresaban del conflicto petrolero de Cerro Dragón. En consecuencia la Presidencia de la Nación decretó duelo nacional. Pero además, la jefa de Estado aprovechó la oportunidad para indicar en cadena nacional que Gendarmería Nacional ya no intervendrá en conflictos provinciales y repudió la huelga de los trabajadores que ocuparon el yacimiento de Cerro Dragón expresando “Si estaban buscando un muerto, ya los han encontrado en un accidente”. Una actitud que no solo deja entrever una falta de compromiso para con su pueblo, sino además una ausencia de responsabilidad en su tarea de Presidenta que la obliga a evaluar y mediar los conflictos de los trabajadores de todo el país. Una actitud donde se carga la responsabilidad a los ciudadanos que ejercen su derecho y no a los mandatarios que deben conocer cómo actuar ante problemas de la envergadura de Cerro Dragón.

De una manera u otra, diez años de debate, juicios y condenas poco han influido a la hora de tomar el mando de las cosas y saber mediar lo que se salen de control. No por capricho de los ciudadanos, no por que se busque la muerte, sino por la falta de capacidad de los gobiernos para saber cómo mantener el control con justicia social y asumiendo la parte que les toca.

Javier Sadir

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