La ley provincial que refiere a la creación de una Comisión de Prevención de la Tortura es, según las palabras de Fernando Korstanje, “una declaración de buenas intenciones”.  Esto es así ya que no fue publicada en el Boletín Oficial pero tampoco ningún medio gráfico le dio difusión. Según informan desde la asociación civil O-IRSE (Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Rehabilitación Santa Ester) con la sola publicación de esta ley en la prensa escrita entra, automáticamente, en vigencia. En una nota anterior, La Palta se refirió a la ley presentada el día 24 de marzo y la situación en la que se encuentra*.  Además de lo expuesto allí, en esta ocasión se van a tener en cuenta las objeciones que desde la asociación civil se hacen a la conformación de la comisión. Al respecto, Korstanje, desde O-IRSE, explica que la ley prevé que 5 de los 10 miembros pertenezcan a la sociedad civil. Lo que se cuestiona es que los otros 5 integrantes de la comisión serían funcionarios del Estado: 3 legisladores, el Ministro Fiscal y el Secretario de Derechos Humanos. Además, según determina la ley, en caso de empate el Secretario de Derechos Humanos tiene la facultad del voto doble.

La objeción se fundamenta en que tanto  el Ministro Fiscal como el Secretario de Derechos Humanos tienen la obligación de evitar las torturas en los lugares de encierro, lo que implica darles una función que ya tienen. Por otro lado, la ley tucumana no está garantizando los Principios de París, donde se especifica que los miembros de las Comisiones contra la tortura deben ser independientes del poder político.

Todos estos puntos cuestionables podrían ser discutidos en los ámbitos institucionales si la ley estuviera ya en vigencia. Pero para su promulgación es necesaria algo de voluntad política o, cuanto menos, un poco de compromiso de los medios de comunicación locales. Ante esto último se pone en evidencia que aquellos medios que se jactan de ser independientes y denunciantes parecen basar su discurso no en acciones, sino en toma de posturas que se diluyen en el aire.

Nadie habla de esta ley, nadie la expone. ¿Será porque se trata de personas privadas de la libertad?

El imaginario colectivo reza que si están allí es porque “algo habrán hecho”, seguramente son merecedores de todo los que les pasa. El sentido común y la Constitución indican que las cárceles deberían servir para rehabilitar a quienes hayan delinquido. Pero los presos poco le interesan a la “gente de bien”. Que sean culpables o inocentes, que se haya robado un par de zapatillas o asesinado a alguien, no importa demasiado. Son una masa homogénea estigmatizada para siempre. Lo que sí importa es si son liberados. Porque entonces se convierten, nuevamente, en una amenaza latente para “nosotros”.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar

*http://colectivolapalta.com.ar/2012/07/02/tucuman-busca-su-comision-contra-la-tortura/

Declaración de O-IRSE: http://o-irse.org.ar/?p=150