El viernes 30 de noviembre terminó la tercera semana del juicio por los delitos de lesa humanidad que tiene lugar en la provincia. La jornada del jueves 29 comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se hicieron las declaraciones de los imputados que habían quedado pendientes. A la tarde se tomó declaración a los que se encuentran en Ezeiza, cuya participación es por videoconferencia.

Los acusados optaron por no declarar, sin embargo, algunos de ellos pidieron hacer aclaraciones o “comentarios” pero ninguno permitió que se les hicieran preguntas. De Cándido, detenido por la presunta tortura de 90 víctimas, entre otros delitos, hizo una profunda exposición sobre su situación de salud. Apelando a la empatía y/o a la lástima del tribunal y todos los presentes, dijo reiteradas veces que si sobrevive a las condiciones de encierro en las que se encuentra es gracias a los enfermeros que lo atienden en el penal de Villa Urquiza y acusó insistentemente la situación de maltrato a la que fue sometido desde el momento en que fue detenido. Cabe mencionar que estas denuncias no fueron realizadas por ningún otro acusado, incluso más de uno aseguró en varias ocasiones que las condiciones y el trato que reciben no son malas, considerando que se encuentran privados de su libertad.

Un dato no es menor es el hecho de que los detenidos por las causas que aquí se juzgan, si bien se encuentran en el penal de Villa Urquiza, están en el sector de máxima seguridad, una construcción nueva, con una estructura que de alguna manera imita las prisiones estadounidenses y que se encuentran limpias. Este sector mantiene una abismal diferencia con otras unidades de la cárcel tucumana, donde las condiciones son, cuanto menos, infrahumanas. Es necesario aclarar también que, a pesar de que la construcción sea nueva, las horas de encierro en diminutas celdas son excesivas y que no se cumplen muchas de las condiciones que constitucionalmente están previstas.

Respecto a esta realidad, la de las cárceles de la Nación y a la situación concreta del penal de Villa Urquiza, Julia Vitar dio su opinión que ante todo se posiciona desde la mirada de los Derechos Humanos. Afirmó que ella como abogada querellante no se iba a oponer a estos reclamos y rescató que la situación de estos detenidos en particular era privilegiada por cuanto podían expresar frente a un juez las condiciones en las que se encuentran mientras que el resto de la población carcelaria, que en su gran mayoría no fueron condenados todavía, viven de esta manera sin ser escuchados por nadie.

El viernes se incorporaron como prueba los restos encontrados en el cementerio Tacanas de Adriana Cecilia Mitrovich y los de Horacio Ramón Atilio Ferreyra y la última identificación de restos de Pozo de Vargas, que corresponden a Antonia Esilda Romano, desaparecida en el año 1976. A continuación se siguió con ronda de testigos. La primera en declarar fue Laura Figueroa y por la tarde pasaron los testimonios de Daniel Villagra y de Fernando José Sosa Padilla.

La declaración testimonial tuvo algunos inconvenientes ocasionados por la defensa y por los acusados. En un primer momento, cuando declaraba Daniel Villagra, Roberto “el tuerto” Albornoz se levantó y a los gritos trató al testigo de mentiroso. El defensor oficial Ciro Lo Pinto había realizado una pregunta que tras la reacción de Albornoz fue interrumpida, sin embargo el abogado no dudó en reprochar al tribunal que cuando él toma la palabra no se le permite continuar. La respuesta del presidente Carlos Jimenez Montilla le dejó claro que fue el comportamiento de su defendido el que ocasionó los disturbios.

Más tarde fue el turno de Fernando José Sosa Padilla, quien tuvo que soportar los gritos del letrado defensor y hermano de Juan Carlos Benedicto y el cuestionamiento de su militancia política por parte de la abogada Julieta Jorrat . A pesar de la constante criminalización de su persona  sin que se tenga en cuenta todas las advertencias sobre cómo tiene que ser tratado por su condición de testigo víctima, Sosa Padilla fue claro en cada una de sus exposiciones y respuestas. Presentó una fotocopia de una edición de archivo del diario La Gaceta donde puede verse una foto de Benedicto (acusado) junto a otros miembros de una agrupación de derecha justicialista que se encargaba de amedrentar con armas de fuego a los jóvenes que tenían participación política en los centros de estudiantes. El imputado no dudó en levantarse de su asiento, en una evidente actitud prepotente, pero cuando el tribunal le preguntó si quería declarar, se sentó en su lugar como quien especula sobre lo que es más conveniente.

El jueves la jornada terminó con la resolución del tribunal respecto a los pedidos realizados por las partes. No hizo lugar a la denuncia de falso testimonio del defensor Benedicto en contra de Padilla Sosa, considerando que las contradicciones ocurridas son menores y hacen a confusiones esperables en la narración de hechos tan lejanos en el tiempo y en la historia.

Para muchos el viernes 30 fue el día en que efectivamente empezó el juicio. Las estrategias de la defensa se basan en reivindicar la teoría de los dos demonios. Pretenden hacer creer que los restos pertenecen a muertos en campo de batalla, cuando los análisis forenses demuestran que esa suposición es inviable; sostienen que los desaparecidos simplemente se fueron, a pesar que el hallazgo de restos develan poco a poco, de manera irrefutable, el horror que marcó este periodo de la historia Argentina. La defensa hace gala de su altanería y recurre al insulto, al maltrato y a un juego casi macabro donde busca presentar a los acusados como víctimas y a los testigos, algunos de los cuales vivieron en carne propia el horror, como los victimarios o, por lo menos, como personas que se merecían lo que el terrorismo de Estado decidió infringirles.

Gabriela Cruz gcruz@colectivolapalta.com.ar

Imagen cortesía de Bruno Cerimele