Hasta hace unos años, los juicios por los delitos de lesa humanidad significaban tener en el banquillo de los acusados a los responsables de las fuerzas armadas, sean estos de la gendarmería o de la policía. Hoy, entre otros tantos avances en materia de Derechos Humanos y Memoria y Justicia, se puede mencionar la incorporación del sector civil en estos juicios. De este modo es posible dimensionar la magnitud de las redes de complicidades que actuaron para la perpetración del terrorismo de Estado en Argentina durante casi 10 años. En lo que respecta a la actuación del sector civil en la megacausa tucumana la mirada se dirige al imputado Juan Carlos Benedicto, pero a nivel nacional se piensa también en las grandes empresas donde sus dueños fueron beneficiados económicamente y cuyo accionar fue clave para llevar adelante y sostener el régimen dictatorial. Se habla así, entre los casos más emblemáticos, de apellidos como Blaquier del Ingenio Ledesma o Fortabat con todo el emporio que se generó en torno al monopolio de Papel Prensa. La funcionalidad de la Iglesia Católica en este periodo es innegable, aunque en muchas ocasiones avanzar en su juzgamiento aún hoy sigue pareciendo la lucha del Quijote contra los molinos de viento.

Pero a la pata civil se suman también en esta red de complicidades los funcionarios judiciales, muchos de los cuales todavía se encuentran en ejercicio de los mismos cargos desde los que actuaron a favor de las torturas y los genocidios. Cabe recordar el caso del ex Juez Otilio Romano, destituido y procesado como partícipe primario de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Romano se encontraba en ejercicio de sus funciones cuando decidió irse del país a sabiendas del curso de las investigaciones y en estos momentos todavía se encuentra prófugo.

Jorge Eduardo Auat, director de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, tiene una mirada particular respecto a cómo deben evaluarse los avances en este camino: “Tenemos que mirar la mitad del vaso vacío, esa es la única mirada válida desde la función pública, porque si miramos que lo que se hizo está bien es como pensar que se lograron los objetivos… Mientras haya un conflicto no resuelto es un déficit y es una deuda que tenemos con la sociedad”. Con estas palabras Auat deja claro que por más que cada paso y cada logro conseguido se celebre, nunca será suficiente en tanto quede tarea por hacer. Los objetivos alcanzados deberán servir como un impulso más para seguir trabajando en la construcción de la memoria y, sobre todo, de la justicia.

Así entonces, que hoy se hable de Megacausas, que además haya alrededor de 20 juicios en trámite, aproximadamente 200 personas imputadas y más de 300 condenados no se convierte en un punto de llegada definitivo, sino en un nuevo punto de partida. Estas cifras son la consecuencia de las luchas de las organizaciones sociales que a pesar de los obstáculos siguieron firmes hasta que al poder político le fue imposible no escuchar sus reclamos. Hoy el desafío es que la justicia llegue a aquellos sectores que todavía se creen impunes y al pedido de juicio y castigo se suma, con más fuerza que nunca, la exigencia de celeridad en los procesos judiciales, porque el punto final biológico es implacable y alcanza tanto a victimarios como a víctimas.

Gabriela Cruz

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