Más de dos meses pasaron desde que se escuchó la sentencia que desilusionó a gran parte del país, cuando el tribunal formado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero tomaron la decisión de absolver a los 13 imputados por el secuestro de María de los Ángeles Verón. Días después de conocido este desenlace, la querella formada por los abogados Carlos Garmendia, José D'Antona y Carlos Valera, apoderados de Susana Trimarco, decidieron presentar un pedido de enjuiciamiento contra el tribunal, ya que creen que los jueces no actuaron de buena fe. Los denunciantes consideraron que el tribunal actuó de manera incorrecta, debido a que los maltratos y delitos acontecidos en las audiencias del 2012 demuestran un mal accionar de los jueces. En la sentencia, no hicieron referencia alguna a los delitos producidos por los imputados durante el debate, como amenazas o falsos testimonios. “Hicimos una relectura del comportamiento del tribunal: creíamos que eran unos miopes, pero cuando escuchamos la impunidad absoluta, decimos que no son ningunos miopes, sino que hicieron a propósito el maltrato y la no sanción”, remarca el doctor Garmendia.

Los denunciantes realizaron la presentación de juicio político el 27 de diciembre y durante febrero estudiaron en profundidad la sentencia, por lo que consideraron que además los jueces mintieron en la resolución y usaron una interpretación machista y sexista para las testimoniales de las víctimas del delito de trata, razón por la que decidieron ampliar la denuncia del juicio político.

Este juicio, que busca la destitución de los tres jueces en sus cargos, se espera que sea resuelto a la brevedad, teniendo en cuenta la velocidad con la que se está llevando a cabo. “Nosotros presentamos a fines de diciembre el pedido de juicio político, al otro día hemos sido notificados para que ratifiquemos, por lo que la rapidez estuvo desde el primer momento, pero la feria judicial afectó el proceso. Los legisladores han tenido todo enero para estudiar nuestro pedido. Después la ampliación la presentamos el viernes 1 de febrero y la comisión se reunió el lunes, es decir que los legisladores tuvieron sábado, domingo y del lunes para leer la ampliación y dar comienzo a la causa”, afirma el magistrado.

¿En qué consiste el juicio político? Este consta de dos etapas, la primera, la que se está llevando a cabo, es la investigación y la segunda es el juzgamiento propiamente dicho. La primera parte se inició con la denuncia y posterior ratificación, luego los jueces dieron su respuesta a la acusación y a partir de ahí, la Comisión de juicio político, formada por legisladores provinciales, comenzó con el estudio de los elementos entre ellos las declaraciones de seis testigos propuesto por ambas partes. La periodista de Clarín, Sibila Camps; la Dra. Inés Avellaneda, defensora de menores, representante promiscua de Micaela en el juicio, ofrecida por los jueces; la Dra. Balderrama, psiquiatra que asistió a una de las víctimas, ofrecida por ambas partes; y tres personas de la oficina de rescate encargadas de la custodia, traslado y contención de las víctimas testigos, las licenciadas Zaida Gatti y Mariana Schwarts, y Dafne Alfie. “Nuestro mensaje era decirle a los jueces: “miren, ustedes han maltratado, no directamente, pero han permitido que los defensores maltraten a las víctimas”. Nosotros creíamos que eran tres tontos que no se daban cuenta, pero al escuchar la sentencia, sabemos que lo hicieron apropósito y en su mayoría, ahora las testigos hablaron claramente de maltrato”, reconoce el denunciante.

Una vez finalizado el estudio de elementos, la comisión puede decidir archivar las actuaciones por falta de pruebas, o bien considerarlas suficientes para la acusación, lo que constituye el jury de enjuiciamiento, integrado por cinco legisladores, distintos a los de la comisión, uno de la oposición y cuatro oficialistas; un representante del Poder Ejecutivo; un representante de la Corte Suprema de Tucumán y un representante del colegio de abogados. Estas ocho personas son jueces y la comisión se transformará en órgano acusador.

“Uno de los puertos a llegar es que estas tres personas dejen de ser jueces, pero no por venganza, sino que consideramos que fue evidente que el juicio les ha quedado grande, y además creemos que los jueces han protegido a determinados testigos cercanos a los Ale, como por ejemplo al doctor Baaclini, al comisario Lisandro y al comisario Brito", considera Garmendia, y agrega que "el otro buen puerto es que la sentencia sea anulada y sean condenados los imputados, para lo que se planteó el recurso de casación”.

Delfina Campero

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