Operativo Independencia. Así se llamó a la operación militar avalada por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón que tuvo como objetivo “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” (1).

La causa donde se juzgará lo ocurrido entonces se encuentra en apelación ante la Cámara Federal, donde se realiza el procesamiento de la primera tanda de imputados, según dijo el fiscal ad hoc Pablo Camuña. La misma tiene una significación importante por muchos motivos. En primer lugar es un caso único en el país, ya que se juzgarán delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, es decir, delitos cometidos durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Es importante también por el número de víctimas, que suman 269, y porque significó la primera implementación, desde el Estado, para la persecución y el exterminio de quienes fueron denominados “subversivos”.

Camuña comentó que en el marco de la Megacausa Operativo Independencia es que se pide la extradición al país de Martínez de Perón. Lo que se solicita es que sea citada a prestar declaración indagatoria para que se inicie la investigación. “Estamos pidiendo que venga a la causa (…) y en base a su defensa nosotros poder evaluar si verdaderamente existe una responsabilidad posible, una responsabilidad penal para seguir con las etapas procesales”.

El argumento en el que se sostiene el pedido es que, al dictar el decreto de exterminio 261/75 de febrero de 1975 que da inicio al Operativo Independencia, Martínez de Perón se colocó en un lugar en el que debía controlar que los militares cumplieran, dentro de los marcos de la ley, con esa orden y no lo hizo. En pocas palabras, permitió que ocurriera lo que ocurrió en la provincia.

En el “Operativo Independencia” se asesinaron a más de 300 personas en la provincia. El genocida Antonio Bussi, en reemplazo de Vilas, fue el último comandante a cargo de la operación que comenzó antes del golpe de Estado y con un decreto firmado por un gobierno constitucional.

Raquel Zurita, que tiene dos hermanos desaparecidos durante el transcurso del Operativo Independencia, decía  “(…) la cuestión era acallar a las familias, cerrarles la boca e impedir cualquier gestión y evitar que todo el mundo sepa que estaban secuestrando a gente de sus casas, fue absolutamente premeditado para infundirnos mayor miedo”.

Y el miedo se arraigó en la gente, pero fue más fuerte el sentido de justicia que ni 38 años, ni la muerte de algunos de los responsables, ni la connivencia de varios gobiernos que se sucedieron, pudieron con ella.

La Memoria, la Verdad y la Justicia fueron más fuertes.

Marianella Triunfetti

mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar

(1) Decreto 261/75 firmado por Maria Estela Martínez de Perón: ARTICULO 1º.- El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.