¿Cuál es el hilo que separa la tortura de una política de seguridad? La tortura está definida. Muchos convenios internacionales la han explicado como la provocación de padecimiento a una persona por medio de prácticas violentas reiteradas, tanto psicológicas como físicas. Por lo tanto, en una política de seguridad ciudadana no cabe la posibilidad de existencia de tortura. En el momento que aparecen estas prácticas, se ingresa al ámbito de lo ilegal.

Hace unas semanas, el secretario de Seguridad Ciudadana de la provincia de Tucumán manifestó que el Ministerio de Seguridad considera la posibilidad de implementar pistolas eléctricas en la policía. Se trata de las Taser, armas eléctricas que tienen una función similar a las de la picana. "Son armas de última tecnología, se evalúa si las incorporaremos ", afirma Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana, según las últimas declaraciones publicadas en el sitio web oficial de Secretaría de Prensa y Difusión del gobierno provincial. Una semana antes, el mismo sitio oficial difundió declaraciones de Paul Hofer diciendo que estas armas Taser "tienen buenos resultados para casos de concentraciones masivas y no producen efectos graves en las personas”. Estas palabras provocaron el repudio de organizaciones de Derechos Humanos y la discusión entre los ciudadanos.

Mucha agua corre detrás de la idea de "inseguridad". Abundan las opiniones y propuestas simplistas sobre la manera que se debe erradicar esta problemática. Continúan escuchándose las excusas de quienes justifican la mano dura. Sin embargo, existen juicios que permiten el avance de la sociedad.  Víctimas y testigos que resignifican la tortura. Hechos que construyen historia a partir de la memoria.

Pero, ¿de qué se habla cuando se habla de historia? ¿Qué significar hacer memoria? ¿Qué aprendió la sociedad argentina de ella? Aprendió, por ejemplo, que "la picana era el elemento que reinaba y era la 'madre' de las prácticas de tortura", como lo expresa Julia Albarracín, integrante de HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y abogada por el caso de Ismael Lucena. Así, una política de seguridad no puede implementarse al margen del 6° juicio de lesa humanidad. No puede evitar tener en cuenta lo que estas armas representan para la sociedad en su conjunto. No puede desconocer que la habilitación de la policía para el uso de pistolas eléctricas, puede llegar a favorecer el grado de impunidad. "Hay que tener en cuenta que siguen vigentes, en este país, las leyes de contravenciones policiales y, por eso, los policías siguen teniendo facultades insconstitucionales", explica Julia en relación al abuso de poder de la policía ante casos de gatillo fácil como el de Ismael Lucena.

¿Qué hubiese pasado si los policías que mataron a Ismael tenían armas como las Taser? Cabe recordar que a Ismael lo asesinaron sin disparos. A golpes. Sin Taser. "El ministerio tiene que tomar medidas de seguridad contextualizadas para una determinada región. No se puede desconocer ese contexto", plantea la abogada del caso de Lucena.

Lo planteado por esta política de seguridad sólo sirve para abrir el debate sobre el tipo de policía que la sociedad necesita. "Este es un buen momento para que la sociedad discuta sobre qué política de seguridad quiere", asegura Julia Albarracín, haciendo referencia al hecho que en los quiebres o las crisis se dan debates enriquecedores que fortalecen a la democracia. "En esta oportunidad pensamos en seguridad, así como puede haber otros planteos como educación, salud, vivienda y todo lo que nos corresponde discutir", comenta Albarracín en relación al camino que se abre entre una política de seguridad legal y la mano dura camuflada en descargas eléctricas.

Javier Sadir

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