Tres años pasaron desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley N° 5140, de Contravenciones Policiales, que rige en la provincia desde 1981. Por definición, las contravenciones son pequeñas faltas que atentan contra el normal desenvolvimiento en una sociedad. Esta ley permite a la policía detener a los ciudadanos por el solo hecho de ser sospechosos de haber cometido una contravención. Una ley que otorga facultades inconstitucionales a la policía y atenta contra la vida democrática y los Derechos Humanos. Una maquinaria ilegal que persigue a un grupo específico, tal como señala Josefina Doz Costa de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), "se ha ido evidenciando la complejidad que implica para las personas que, específicamente, son seleccionadas como contraventores en nuestra provincia, que son los grupos pobres, jóvenes, que desconocen, en muchos casos, los derechos que los asisten".

El objetivo de esta ley es implementar el miedo. Además es una caja negra de la policía, ya que existen casos de detenciones por contravenciones donde la policía exige el pago de una multa.

Si bien hace tres años se declaró la inconstitucionalidad de la ley, ANDHES viene trabajando hace diez años, en diálogo con el Estado y la sociedad. Se han presentado propuestas de ante proyectos de ley, se realizaron foros para debatir las propuestas y pensar el tipo de seguridad pública que se quiere, una seguridad que no viole las garantías y derechos de los ciudadanos. A pesar de todos estos años de trabajo y del acuerdo que existe en torno a la inconstitucionalidad de la ley, aún no hay respuestas por parte del Estado provincial.

Y así, se siguen sucediendo casos como el de Ismael Lucena, asesinado hace dos años por la policía, sin que la provincia tome la decisión política de modificar el procedimiento contravencional.

"Hemos intentado por todos los medios que en la provincia se empiece a pensar la seguridad pública y ciudadana desde una perspectiva democrática (...) La seguridad no se puede lograr a costa de vulnerar derechos", afirmaba Doz Costa.

Marianella Triunfetti

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