Te juntás una tarde con amigos. Abrís una cerveza. Te lleva la policía. Te golpean y te encierran sin posibilidades de comunicarte con tu familia.

Algo parecido le sucedió a tres estudiantes la semana pasada en Tucumán. Sara Moya, estudiante de Artes, estaba ensayando en la plaza con compañeros mientras tomaban una cerveza. Cuando los chicos fueron a devolver los envases por indicación de la policía, Sara fue agredida y detenida bajo una contravención policial. Dos días después, dos estudiantes de filosofía que participaron en la toma de las facultades fueron detenidos por unas horas.  "No es una situación extraña que la policía lo haga. Sara resulta ser un ejemplo de como procede la policía en muchas situaciones", explica Julia Albarracín, abogada de Sarita, dejando en claro que fue la movilización de estudiantes que se generó en la puerta de la Comisaría Segunda la que permitió que Sara fuera liberada esa noche.

Es importante que las personas conozcan el derecho que poseen cuando la policía las detiene por una contravención. Muchos chicos terminan pasando noches enteras en las comisarías, sin contar con asistencia médica, sin que se respeten sus derechos, sin llamar a sus familiares ni que sus familiares sepan dónde están. Esto es grave porque puede haber consecuencias como las de Ismael Lucena. Ismael nunca fue asistido por la policía luego de ser golpeado brutalmente. De esta manera resulta que para la policía "esto de estar al servicio ha afectado en situaciones que son, para ellos mismos, contradictorias. Ellos tienen un código contravencional en la mano que les dice que hay conductas que están mal. Entonces, ellos utilizan este código para olvidarse de este 'deber' que ellos tienen de asistir a las personas en determinadas situaciones", expresa Albarracín con respecto a la incompetencia del accionar policial.

Sin dudas, este avasallamiento de la policía pisotea derechos humanos. Representa un retroceso para la sociedad. Eso justifica el trabajo constante de organizaciones como ANDHES- Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, quienes desde hace tres años exigen la declaración de inconstitucionalidad de ley de contravenciones. "Siempre pasan cosas que nos hacen acordar que la ley de contravenciones todavía está vigente aquí y en la mayoría de las provincias del NOA", comenta Julia, quien también es abogada del caso de Ismael Lucena. El Poder Legislativo tiene una deuda con la provincia al no derogar el código contravencional o modificarlo por uno más garantista. "La lucha por la defensa de los derechos humanos trae aparajeda la resistencia de muchos sectores que utilizaron al aparato policial como protectores de sus intereses", afirma Julia, y agrega que "este tema de seguridad es más bien preventivo y se posterga porque son más urgentes otras cuestiones coyunturales. Apelo a que esos sectores que tienen la posibilidad de cambiar las cosas, que se arremanguen y lo hagan".

Por ello resulta importante hacer memoria. Tener presente las luchas, las reivindicaciones y los derechos de toda la sociedad constantemente. Desnaturalizar la autoridad de la fuerza policial. La misma que hace unos meses se planteaba implementar armas Taser para su defensa. La misma que hoy persigue estudiantes que luchan por la educación. La misma que hace dos años asesinaba a golpes a Ismael Lucena. La misma que posee legalidad para apretar el gatillo.

Javier Sadir

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