Julia Ariza de Toledo era la propietaria de unas fincas en la zona de Yacuchina, Monteros. En estas tierras se encontraban únicamente las casas de los peones que trabajaban la caña de azúcar en el predio. La actividad se desarrolló con tranquilidad en el lugar hasta mediados de los años 70. Fue en ese año que vecinos de la zona llamaron a la señora Ariza para informarle que los militares estaban construyendo un pueblo sobre las tierras de su propiedad.

En el mes de noviembre de 1977, un grupo de soldados del ejército ingresó violentamente al domicilio de la familia Ygel, en Tafí Viejo. Encañonaron a Jorge Ricardo Ygel y le ordenaron que los acompañara. Solo eso. Sin expresar motivos.  Subió al jeep. Se lo llevaron.

Ante este hecho, la esposa de Ricardo, María Elena Toledo de Ygel, siguió a los militares en su auto hasta donde pudo. Mientras tanto, Ricardo era trasladado a una dependencia del ejército para ser interrogado sobre las tierras en Yacuchina y exigirle que donara las mismas al Estado. El señor Ygel dio a conocer la confusión y manifestó que la propietaria de esas tierras era su suegra, Julia Ariza de Toledo. Bajo amenaza de muerte a toda su familia, se le exigió a Ricardo Ygel que obligara a su suegra a entregar las tierras.

Después del interrogatorio, Ricardo Ygel fue llevado a un depósito de muebles de su propiedad. Allí se le otorgó 48 horas para desocupar el depósito. Cuando el señor Ygel regresó a su casa, le pidió a su suegra que accediera a entregar las tierras. Dos días después, en horas tempranas de la mañana de un fin de semana, tres automóviles Ford Falcon llegaron a casa de la familia para llevarse a Julia Rita Ariza de Toledo. La mujer fue trasladada hasta la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán con el objetivo de que la señora Ariza de Toledo donase las tierras. Julia manifestó que no era su intención donar las tierras puesto que era lo único que tenía para dejarle a su hija. Y fue ante esto que sus secuestradores le dejaron en claro a la señora de Toledo que si no donaba las tierras corría peligro su vida y la de su familia. Así, bajo amenaza de armas de fuego, la obligaron a firmar los papeles.

De esta manera se constituyó la localidad "Capitán Héctor Cáceres" bajo el amparo del gobernador de facto Antonio Domingo Bussi. Un pueblo que formó parte del plan de "Reubicación Rural" junto con otros pueblos como Teniente Rodolfo Hernán Berdina, Soldado Ismael Maldonado y Sargento Miguel Arturo Moya. Tierras robadas con el objetivo de establecer "una zona de operaciones contra la guerrilla". Tierras testigos de los delitos de lesa humanidad por parte del gobierno de facto tucumano.

El lunes 2 de diciembre inició la audiencia de debate en la causa “Toledo de Ygel” en el Tribunal Oral Federal de Tucumán . La misma está calificada como delito de lesa humanidad y señala como responsable de la adquisición ilícita de este territorio al Estado nacional y a la Provincia de Tucumán. Por ello, se reclama una indemnización por daños y perjuicios derivados de los hechos.

Sin embargo, el representante por el Estado Provincial, Dr. Rodolfo Augusto Baza, solicitó que la provincia de Tucumán quede excluida como parte de la causa. El representante de la provincia afirma que en el año en el que sucedieron los hechos, la constitución provincial estaba subordinada a la Junta Militar y era la Junta la que elegía a los gobernadores, presidentes y miembros de la corte. Por ello, el Dr. Baza manifestó que "los funcionarios que gobernaban la provincia eran funcionarios nacionales, elegidos por la Nación", dejando en claro que lo mismo ocurría con las fuerzas de seguridad. "El Estado argentino por aquel entonces era un estado unitario", dijo el representante por el Estado provincial al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y argumentó que "las provincias estaban totalmente incapacitadas para decidir y carecían de libertad".

El juicio continúa desarrollándose esta semana, en la cual se cumplen 30 años de democracia. Un juicio más que devela lo que por muchos años se intentó tapar. Una causa que revela el atropello de derechos que significó la última dictadura militar. Un juicio por todos y para todos.

Javier Sadir

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