La tortura en Tucumán existe. Se presenta mediante una serie de dinámicas sociopolíticas instaladas en las instituciones de la sociedad que profundizan la práctica. Se pueden identificar en la provincia tres mecanismos recurrentes que promueven la práctica de la tortura, según Josefina Doz Costa,  directora ejecutiva de Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.

Por un lado, la persistencia de la impunidad lleva a la no investigación y no sanción de los delitos y actos de tortura. Esto pone el ojo sobre el Poder Judicial y sobre la falta de compromiso del mismo para sancionar la tortura como tal. "En muchos casos la tortura se disfraza bajo la figura de apremios ilegales", dice Josefina Doz Costa,  y agrega que la impunidad se complementa con ciertas dinámicas de tipo "corporativas" que protegen a los funcionarios que cometen torturas.

Con esto se deja en claro que "hay ciertas complicidades en relación a eso, entre la policía y el Poder Judicial. Es justo aclarar que esto no son totalidades", explica Doz Costa en referencia al hecho que hay muchos fiscales que se han animado a iniciar investigaciones en relación a las redes de corrupción, como también hay jueces y camaristas que debaten sobre estas cuestiones, y como también hay policías que no son torturadores.

La impunidad no es algo que solamente se vive o se palpa en las cárceles o en los pasillos de Tribunales, sino que en los barrios marginales día a día la presencia de las fuerzas de seguridad imponen miedo y genera temor en las víctimas a las horas de denunciar, así como incredulidad en la efectividad de la denuncia. "No puedo dejar de hacer un paralelo con la formas en las que en nuestra provincia se implementó el terrorismo de Estado en los pueblos del interior, con una presencia y control territorial por parte de las fuerzas de seguridad. En nuestra provincia esos resabios están activos", comenta Josefina en relación al modo en el que la policía vulnera derechos a través del abuso de autoridad o leyes inconstitucionales.

En referencia a esto se hace alusión al modo en el que la policía hace uso de armas como la picana en barrios marginales. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad implementan la ley de contravenciones que habilita a los mismos a juzgar y sentenciar a la víctima sin posibilidad de defensa. "La ley de contravenciones es la herramienta con la que la policía en la provincia de Tucumán persigue, tortura y detiene, principalmente, a jóvenes pobres de nuestra provincia", afirma Doz Costa.

El segundo mecanismo que avala la tortura en la provincia tiene que ver con la delegación del gobierno de la seguridad de la mano de una cultura punitiva instalada en la provincia. Para entender esto se debe tener en cuenta aquello que, muchas veces, se menciona como el autogobierno de las cárceles que el Estado debería recuperar. Ahora bien, lo que el Estado en realidad hace al delegar el gobierno de la seguridad "es mucho más que delegar el control de las cárceles, sino también el control de la política de seguridad", afirma la directora ejecutiva de Andhes.

Un tercer mecanismo o punto que profundiza las prácticas de tortura es la legitimación social de la tortura. En este punto se reconoce el grado de responsabilidad que tienen los medios en la naturalización de la práctica. "Aquí la incomprensión del fenómeno complejo, multidimensional e integral como es la seguridad, es un terreno fértil para el planteo y también para el reclamo de medidas efectistas, simplistas y visibles que no van al fondo de la cuestión", dice Doz Costa en relación al reclamo de "mano dura" que se difunde en los medios. Lo peligroso está en lo que hay detrás: la naturalización de la violencia institucional de la tortura y de la muerte. "Incluso hay hasta una justificación  y se considera que ciertos métodos son necesarios para  una supuesta seguridad colectiva frente a personas consideradas como amenazas sociales", comenta la directora ejecutiva de Andhes en relación a la profunda agresividad que acarrea la legitimación de estas prácticas. 

Sin embargo, la prevención de la tortura no está ni en la agenda de instrucción ni en la agenda de seguridad. "Es un tema a tener en cuenta para ser promovido y trabajado", considera Josefina, y remarca la importancia de desentrañar y deconstruir el fenómeno de la tortura. Visibilizar la tortura y dar a conocer las consecuencias que trae esta práctica para la sociedad es una tarea de todos los organismos e instituciones que luchen por la verdadera inclusión y defensa de los derechos humanos.

Javier Sadir

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