Angustia, preocupación y desconcierto fue el marco en que se sustanciaron las dos últimas audiencias de la megacausa conocida como Villa Urquiza. Este debate oral y público se viene realizando desde mediados de setiembre y juzga los delitos cometidos durante 1975 y 1983 en el penal tucumano, contra 43 víctimas. Hoy están en el banquillo diez imputados, esto es así desde que se separara de la causa a Luciano Benjamín Menéndez y a José Víctor Geréz (este último por razones de salud).

La particularidad de esta última semana estuvo marcada por la decisión de la Cámara de Casación Penal respecto a los imputados y condenados en la sentencia de la megacausa Jefatura II Arsenales, a finales del año 2013. De acuerdo a lo dispuesto por esta cámara los imputados recuperaron las condiciones en las que se encontraban hasta antes de iniciado ese debate. Esto significó que algunos de ellos volvieran a arresto domiciliario hasta tanto quede firme el veredicto de diciembre del año pasado. Esta noticia en sí misma ocasionó el repudio de organismos de Derechos Humanos y la preocupación de víctimas y testigos como de sus familiares y amigos. Hasta allí, la relación de esa decisión con la megacausa Villa Urquiza, se circunscribía a los precedentes que esto sentaba.

La determinación que agravó la situación para víctimas, testigos, familiares y organismos de Derechos Humanos, fue la tomada por el tribunal que juzga en la megacausa Villa Urquiza. Este tribunal, compuesto por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, había decidido extender el ‘beneficio’ de la prisión domiciliaria a Roberto Heriberto Albornoz y a Jorge Omar Lazarte. Los imputados que habían sido condenados en 2013 hoy están siendo juzgados por estos otros delitos y se encontraban cumpliendo prisión preventiva en el penal tucumano.

El martes 11, día en que se retomaban las audiencias, Roberto Heriberto Albornoz no llegaba al edificio del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF). El retraso ocasionó la demora en el inicio del debate por casi una hora. Incluso, su defensor dio el consentimiento para que se empiece sin la presencia del imputado que estaba en camino. La indignación no se hizo esperar, es que además de haber sido juzgado y condenado en 2013, Albornoz tiene otras condenas firmes. A todo esto se suma su accionar hostigador contra una testigo en una de las últimas audiencias.

Finalmente, tras los planteos de los fiscales y las querellas, el tribunal resolvió que los imputados antes mencionados vuelvan a cumplir la prisión preventiva en el pabellón de máxima seguridad, el sector más nuevo del edificio, del penal de Villa Urquiza. El mismo penal donde el próximo miércoles 19 se realizará una inspección ocular con los testigos sobrevivientes. Ese espacio fue el que se habría utilizado, entre 1975 y 1983, para tener detenidos, a los que habían dado en llamar ‘presos subversivos’, en las mismas condiciones que en los centros clandestinos.

En ese clima de tensión se llevaron adelante las dos audiencias programadas y la ronda de testigos continuó como se esperaba. Algunos testimonios reforzaron lo dicho por las mujeres que ya declararon sobre lo vivido en la zona, dentro de la cárcel de varones, improvisada para recluir mujeres. Pero los testimonios más abundantes y pormenorizados que se escucharon fueron sobre el asesinato de una de las dos muertes que se habían producido en el penal, la de José Cayetano Torrente.

El motín que no habría sido

La versión oficial sostuvo todos estos años que la víctima había sido asesinado por los mismos reclusos durante un motín. A lo largo de estas semanas se escucharon algunos testigos que contradicen esa versión y fortalecen la hipótesis de un motín fraguado. Entre el martes 11 y el miércoles 12 se escucharon declaraciones que permitieron armar una especie de rompecabezas imaginario. Las piezas empezaron a encastrarse y lo sucedido aquella tarde-noche del mes de mayo de 1976 se puede presentar en una línea temporal que organice lo que habría sucedido antes, durante y después de que José Cayetano fuera asesinado.

Antes, el supuesto motín:

Fueron muchos los testigos que recordaron a un ex policía de apellido Córdoba. Su presencia en la fila que se acercaba a buscar el plato de comida no pasó desapercibida. “Córdoba tira, evidentemente nervioso, el tacho de comida a los pies de Medrano (guardiacárcel imputado). Medrano grita: ‘motín, motín’ y en pocos segundos los teníamos a todos metidos ahí”, recordó Gustavo Herrera. Herrera es uno de los sobrevivientes que declaró el martes 11. Sus dichos refrendaron lo expresado en audiencias pasadas por otros testigos. “En ese momento lo separan a Torrente, habían preguntado por él”, señaló el testigo. “A Torrente lo saca el regente, era un hombre que se llamaba García, él lo retira”, agregó Herrera. Entre los imputados se encuentra Pedro Fidel García y el testimonio de Herrera es el segundo que lo señala como la persona que retuvo a José Cayetano mientras el resto de los reclusos eran sacados al patio para ser reprimidos.

Durante, la narración en tercera persona:

Gustavo Herrera trajo en su testimonio las palabras de otro de los detenidos en el pabellón de Villa Urquiza. 'JP’ Soria, según relató el testigo, logró esconderse dentro de la celda y desde allí observó el asesinato de José Cayetano Torrente. “Él (Soria) contó que sentía el ruido que hacía los borbotones de sangre que le salía a Torrente. Que lo pusieron de rodillas y que le cortaron el cuello”, recordó. El testigo aseguró que a Soria, cuando descubrieron que se había escondido bajo una tarima, lo llevaron al calabozo. “Volvió muy parco, diferente. Lo único que llegó a contarnos fue eso”, aseguró.

Después, las pruebas:

Todos los testimonios hicieron hincapié en la cantidad de sangre que vieron. Los detenidos que habían sido sacados del pabellón a golpes, regresaron después de varias horas. Durante ese tiempo escucharon como si se limpiaran las celdas con mucha agua y mucho esfuerzo. Cuando volvieron a ingresar, afirmó Herrera, todavía se veían los manchones de sangre en las paredes, no habían podido removerla del todo.

Delfín Vera fue uno de los primeros testimonios en escucharse el miércoles 12. Vera había prestado servicio como médico en el penal de Villa Urquiza entre 1962 y 1982. Ante el tribunal recordó la noche que lo llamaron para firmar un certificado de defunción. “El cuerpo estaba tirado en el piso sobre un charco grande de sangre”, dijo el médico que, además, recomendó se realizara la autopsia para determinar cuál de las múltiples heridas de arma blanca había producido el deceso. Afirmó que desconoce si tal autopsia se hubiere realizado.

La sangre, ese elemento que no se limpia con facilidad, la que perdura a través de los años, la que impregna y deja rastros casi imborrables de lo sucedido. Eso que fluye en el cuerpo mientras hay vida. Que enlaza a una familia más allá de las relaciones y las decisiones. Esa sangre fue lo que le quedó en las manos a la madre de José Cayetano el día que fue a reconocer el cuerpo de su hijo. Y la imagen de esa madre con sus manos bañadas en sangre tras haber visto a su hijo sin vida quedó grabada en la memoria de las tres hermanas Torrente.

Las manos también hablan

Juliana, Carmen y Virginia Torrente declararon la mañana del miércoles 12. Las tres habían sido llevadas de su casa el mismo día que secuestraron a José Cayetano. Estuvieron en el centro clandestino que funcionaba en la Escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá. La ‘Escuelita de Famaillá’ le decían. “La ‘escuelita’ era una escuela, pero no nos enseñaban nada ahí”, dijo Carmen con la voz tensa. “Nadie la pasaba bien ahí”, agregó.

Las tres fueron liberadas a los pocos días y volvieron a la casa que había sido arrasada y saqueada. Allí las esperaban sus padres. Juntos empezaron el derrotero en busca de José hasta que les avisaron que estaba en el penal. “Nosotros pensábamos que ya tenía algunas garantías”, lamentó Carmen que había ido con su familia a visitarlo un par de veces. Después del golpe de Estado ya no les fue permitido verlo. La próxima noticia que tuvieron fue una comunicación telefónica que les informaba que debían ir a reconocer el cuerpo.

Virginia Torrente se sentó frente al tribunal y habló de la noche del secuestro, de los días de búsqueda, del par de veces que pudo visitar a su hermano en el penal, del día que fueron al cementerio del Norte a reconocer el cuerpo de ‘el Chiky’, como le decían a ese hermano tan querido. Desde que empezó a hablar sus manos temblaban. Como quien intenta contenerlas se las apretaba, se estiraba los dedos, se las sostenía. El único momento que las soltó fue para ponerlas palmas arriba y representar la manera en que su madre salió tras ver el cadáver de José. “Mi mamá venía con las manos extendidas, bañadas en sangre”, dijo con el hilo de voz que le restaba. “Todavía recuerdo esa imagen”, agregó Virginia.

El juicio que continúa, la lucha también

El martes 18 está previsto que se reciban cinco testimonios más. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, los organismos de Derechos Humanos de la provincia convocan a repudiar la resolución de la Cámara de Casación Penal. La cita es en la puerta del TOCF (Tucumán), en la esquina de calles Batalla de Chacabuco y Crisóstomo Álvarez. Carolina Frangullis, miembro de la agrupación H.I.J.O.S. – Tucumán manifestó su indignación tras haberse enterado de la decisión de la Cámara. “¿Quién les dice a los familiares, a las víctimas que los asesinos, los violadores, los torturadores vuelven a sus casas?”, dijo la militante. “¿Que el que pateaba la panza de una mujer embarazada vuelve a dormir a su casa?”, agregó con esa mezcla de dolor e impotencia.

Las agrupaciones y organismos de Derechos Humanos se reunieron y decidieron realizar algunas actividades conjuntas no solo para repudiar una decisión judicial sino también para que la sociedad sepa quiénes son, por qué fueron juzgados y condenados y, de alguna manera, colaborar para que, al menos, el arresto domiciliario se cumpla. La convocatoria que desde estos históricos luchadores se hace es a seguir luchando para que nada de lo conseguido después de casi 40 años, se pierda.