El 10 de diciembre se reconoce como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La intención fue promover y hacer efectiva la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un siglo XX que devastó al mundo con el avasallamiento a la vida y la integridad de los seres humanos.

Casi setenta años después de establecer esa fecha, los Derechos Humanos no dejan de ser un desafío para muchas sociedades desde lo político, lo económico, lo social y lo cultural. En los últimos años el Estado argentino promovió acciones que visibilizaron y pusieron en discusión la importancia del respeto a los derechos de todo ser humano. Acciones que fueron de la mano del Poder Judicial y que dieron respuestas a interrogantes que parecían retóricos.

En relación a esto, el 10 de diciembre de 2014, organismos de derechos humanos, partidos políticos y la sociedad en general de Tucumán, marchó por las calles sosteniendo una bandera en común: la bandera de los Derechos Humanos. La concentración se produjo en la Plaza Yrigoyen, frente a los Tribunales de la provincia, y se dirigió a la Plaza Independencia, donde se realizó un acto del que participaron todos las organizaciones que adhirieron al evento. 

La movilización que unió a organismos y frentes políticos con miradas diferentes, también repudió en conjunto la decisión de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Nación, la cual resolvió que ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la Megacausa Arsenales -Jefatura II, vuelvan al estado posterior al juicio oral y público hasta que la sentencia quede firme. “Tal es la envergadura de la indignación que ha producido en todos los sectores, que hemos recibido el respaldo y se han sumado a la convocatoria de esta marcha numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales. Aun cuando en otros temas tienen una mirada diferente, en esto tienen una mirada única que es de indignación y repudio”, comentó Marta Rondoletto integrante de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán y familiar de víctimas de los condenados en la megacausa Arsenales- Jefatura II.

Un repudio social, un indignación generalizada.

La marcha del 10 de diciembre en Tucumán no solo visibilizó la importancia de los Derechos Humanos, sino que también denunció, con hechos concretos, el avasallamiento de los mismos. Haciendo una lectura más profunda, la medida de la Cámara de Casación Penal de la Nación, que deja en libertad a 19 condenados y a otros 14 con prisión domiciliaria, representa una amenaza constante para la sociedad y un precedente para los procesos de otros juicios de lesa humanidad en el país. “Por otro lado representa una contraofensiva de los sectores más conservadores de la justicia federal en favor de la impunidad de los crímenes del terrorismo de estado”, manifestó Julia Vitar, abogada querellante de la megacausa Arsenales- Jefatura II.

El desarrollo de la megacausa significó un trabajo de años de los organismos y dejó al descubierto la brutalidad de los delitos que han sido juzgados. Además, el juicio oral y público contó con casi 250 testimonios que incluyó sobrevivientes y testigos víctimas, esto hace que la libertad de los condenados aluda a una desprotección para los testigos, los familiares de las víctimas y la sociedad toda. “Esta decisión de ponerlos en sus casas porque son viejitos y están enfermitos, realmente ha sido un golpe muy duro. Por el esfuerzo, por lo que se ha demostrado en megacausa y por la característica de los delitos que han sido juzgados. Lo vivimos como una burla”, afirmó Rodoletto. Durante las últimas semanas se presentaron alrededor de 110 Habeas Corpus particulares, de diferentes personas vinculadas a la causas por sus testimonios. A esto se suma un Habeas Corpus colectivo presentado por los organismos de Derechos Humanos, medida de protección para conservar la seguridad de toda la sociedad.

“La presentaciones hasta ahora han resultado negativas. Queda pendiente discutir en la Corte esta decisión, pero creemos que en términos generales va a ser bastante difícil revertirla”, dice Vitar explicando que el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se da a través de un recurso extraordinario, se trata recurso restringido y, de esta manera, las posibilidades de que la justicia entienda la importancia del tema son pocas. “Las decisiones de la Justicia lo único que nos dejan es la posibilidad de esperar que la condenas queden firmen y una vez que esto suceda que el Tribunal Oral Federal de Tucumán determine la forma cómo las personas van a cumplir la pena. En ese caso lo determine que sea en una cárcel común”, agregó la abogada querellante de la causa.