Era 1993 y todavía las heridas provocadas por las desapariciones a mano del terrorismo de Estado estaban abiertas de tajo. Era un joven de 23 años que estudiaba en la Escuela Superior de Periodismo, de La Plata. Miguel Bru se llamaba y le gustaba tocar la batería, entre otras tantas cosas que le puede gustar a un joven de su edad. Un vecino se molestó porque ese instrumento de percusión le resultaba demasiado ruidoso y la queja ante la policía puso en circulación las herramientas represoras de la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Un allanamiento ilegal en la casa que Miguel compartía con unos amigos fue el primer accionar de una policía a la que poco y nada le interesaba la protección de los derechos. Un accionar que Miguel denunció, como correspondía, pero que dejó a su familia luchando contra la impunidad en una telaraña de favores y corrupción. A su familia, porque a él no se lo volvió a ver desde el 17 de agosto de 1993.

Fueron los amigos de Miguel los que sintieron que algo grave estaba pasando. Fueron ellos los que convencieron a Rosa Schoenfeld, madre de Miguel, que era necesario contratar un abogado. Néstor Bru, el padre de Miguel, era policía y confiaba en esa institución pero pronto las evidencias le ganaron a la fe y a la confianza.

La lucha por encontrar a Miguel tomó cada vez más fuerza hasta que seis años después un juicio oral condenó a los responsables de la tortura, asesinato y desaparición del estudiante de periodismo. Un juicio que llegó a esa sentencia sin la presencia del cuerpo, porque Miguel nunca apareció. A lo largo de ese proceso judicial, el tribunal que actuaba en el debate oral y público dio por probado que Miguel fue detenido ilegalmente y torturado hasta su muerte en un calabozo de la comisaría 9° de La Plata. Fueron condenados a prisión perpetua el subcomisario Walter Abrigo y el suboficial Justo López y a dos años el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Ceresetto.

Pero antes de llegar a ese resultado que hacía sentir que algo, un poco de justicia era posible, la familia de Miguel tuvo que soportar que el ahora exjuez Vara dijera que no había nada que investigar. “Sin cuerpo no hay delito”, era el argumento para este exmagistrado que en mayo de 1998 fue destituido por un jury de enjuiciamiento. Encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en 27 causas, entre ellas la de Miguel, fueron las razones que pesaron para esa destitución.

Hoy, más de 20 años después, Miguel Bru no es solo el nombre de un joven desparecido por las fuerzas de seguridad en plena democracia. Es también el nombre de una fundación que fue pionera en denunciar la violencia policial. Asesoran a quienes se acercan a la asociación, patrocinan legalmente casos de abuso policial y una vez al año realizan una vigilia en la puerta de la comisaría 9°, siempre un 17 de agosto.

Pero también hoy, 20 años después, la impunidad parece pasearse por la vida de la familia Bru. “Lo que más siento es impotencia”, dice la madre de Miguel cuando desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) se la consultó por la reciente liberación de Justo López, el único de los imputados que continuaba cumpliendo condena (Walter Abrigo ya falleció). “Me indigna, me indigna, no tendría que hacerse lugar a que recupere su libertad”, agrega esta madre que, a pesar de los años, sigue preguntando dónde está Miguel.

Lo que sucedió fue a que Justo López se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. “El cómputo que le da a la Justicia de lo que este tipo lleva detenido es que lleva más tiempo detenido que Miguel desaparecido”, dice Rosa intentando explicar por qué López fue alcanzado por ese beneficio. “Estos beneficios los tienen este tipo de asesinos. Porque yo conozco muchos pibes que usan gorrita y que no tienen este tipo de beneficios”, denuncia esta mujer que sabe, y mucho, de luchar contra la impunidad.

Y qué es la justicia al final de cuentas. La justicia parecía haber sido alcanzar un juicio y tener una condena. Que el nombre de Miguel se convierta en un referente a pesar de que permanezca desaparecido. Que la ayuda de la Asociación Miguel Bru llegue a cientos de víctimas de la violencia institucional. Pero hoy, más de 20 años después, duele escuchar a esa madre decir “Ojalá tengamos una respuesta. Pero no tengo ninguna expectativa”, porque deja el sinsabor de las fallas de un sistema que nunca se acerca a la justicia deseada.