El 29 de enero pasado identificaron a un joven ahogado en el embalse de Río Tercero, Córdoba.  El 31 de enero, pero de 2009, desapareció un joven en barrio Lomas de Mirador, provincia de Buenos Aires. Ismael Sosa, se llamaba el primero. Luciano Arruga, era el nombre del segundo. 24 años tenía uno y 16 el otro. Con seis años de diferencia entre los dos casos, algunos detalles atan dos historias que podrían no haber tenido relación alguna.

La banda de rock La Renga tocaba el sábado 24 de enero en Villa Rumpial, provincia de Córdoba. Ismael Sosa compró las entradas y se dispuso a ingresar al recital junto a su novia. Según cuentan los amigos y familiares de Ismael, el joven fue detenido en el primer control policial, no pudo ingresar. “Antes de entrar al recital pasaron el primer control, ella (la novia) iba por delante, él por atrás, pero cuando se dio vuelta no lo pudo encontrar más”, contó a la prensa Nancy Sosa, madre de Ismael.

Las sospechas de la familia recaen sobre los efectivos a cargo del control en el ingreso al recital. Según las declaraciones que Nancy hizo a los medios de comunicación, existen testigos que vieron cuando la policía golpeaba a Ismael. Desde el sábado 24 la búsqueda del joven los llevó a recorrer comisarías y hospitales sin resultado alguno. Recién el jueves recibieron la notificación que les informaba que la identificación de un muchacho, que había sido encontrado el lunes, correspondía a las características de Ismael. La noticia se terminó de confirmar el viernes, el joven hallado ahogado en el embalse de Río Tercero era Ismael Sosa.

El camino que ahora empieza a recorrer la familia Sosa es en búsqueda de saber qué sucedió con el chico de 24 años entre la última vez que fuera visto y el momento en que encontraron su cuerpo. Dónde estuvo, qué hizo, qué hicieron con él, serán las respuestas que esta familia tratará de encontrar para armar un rompecabezas que les permita, quizás, alcanzar algo de justicia.

Las mismas preguntas todavía se hace la familia de Luciano Arruga. A ellos les llevó más de cinco años encontrarse con el cuerpo de aquel a quien no habían dejado de buscar. El joven desaparecido a fines de enero del año 2009 fue identificado recién en octubre del año pasado. Cotejaron las huellas dactilares que figuraban en el expediente con los de los cuerpos enterrados como NN durante los últimos cinco años en el cementerio de la Chacarita. Así comprobaron que Luciano había estado enterrado en ese camposanto todos estos años.

Su madre, Mónica Alegre, su hermana, Vanesa Orieta siempre sospecharon de la policía bonaerense. Desde el primer momento barajaron la hipótesis de que esa fuerza de seguridad había tomado represalias porque Luciano se había negado a participar de los ilícitos que ellos le proponían. Las investigaciones previas al hallazgo del cuerpo demostraron que Luciano Arruga había estado detenido en la Comisaría 8° de Lomas del Mirador. Las investigaciones que siguieron después de haberse encontrado el cuerpo del joven indican que el muchacho fue atropellado en inmediaciones de esa comisaría mientras corría “desesperado escapando de una situación”, como le dijera al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) Vanesa Orieta.

“La causa ha avanzado en lo que tiene que ver con las declaraciones de lo las personas que actuaron en ese momento del supuesto accidente”, había empezado describiendo Vanesa en ese diálogo con el informativo FARCO. “El automovilista que atropelló a Luciano fue contundente en su declaración hablando de que vio correr a un joven desesperado escapando de una situación”, precisó la mujer que luego citó lo dicho por otro testigo que presenció el momento en que Arruga fue atropellado.

“La segunda persona que interviene como testigo, un motociclista, la verdad que también es contundente al hablar e identificar a un patrullero de la bonaerense a un costado de la (avenida) General Paz sobre la colectora”, describió la mujer que inmediatamente manifestó las sospechas ante el silencio de esos oficiales que presenciaran el ‘accidente’. “Eso habla que estos supuestos efectivos policiales sabían que ese supuesto accidente había ocurrido, nunca lo hicieron saber a la fiscalía que estaba operando en el proceso de investigación y esto se debe a que tienen responsabilidades directas en este hecho”, sentenció Vanesa.

Caminos que empiezan, caminos que continúan

La familia de Ismael Sosa tiene las sospechas, señalan desde el dolor y con los datos que han ido recogiendo a lo largo de estos pocos días de búsqueda. Señalan a la policía cordobesa y empiezan un camino de búsqueda de verdad y de justicia. La familia de Luciano Arruga tiene más que sospechas, certezas. Una investigación que lleva años y que, esperan, esté ya en su etapa final.

Pero además, Vanesa y Mónica no están solas. A esta altura lograron construir redes de solidaridad y apoyo que las impulsan a pensar en acciones que visibilicen una realidad que duele y que mata. “Esa casa será convertida en una casa de la memoria social y cultural”, explicó Vanesa refiriéndose al Espacio para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga que funciona en el ex destacamento policial donde estuviera detenido por última vez el joven de 16 años. “Que hable de la grave situación que viven los jóvenes de los barrios humildes con esta ola de discriminación y criminalización hacia ellos y que, por supuesto, tiene como finales fatales la muerte por gatillo fácil o las desapariciones forzadas. Y los actores siguen siendo los mismos: los efectivos de seguridad”, resalta Orieta.

Una marcha que recorra el camino desde el barrio de Luciano hasta la avenida General Paz donde fuera atropellado, pasando por la ex comisaría donde estuviera detenido el chico que se negó a robar para la policía. Un viaje a la ciudad de Río Tercero a reconocer el cuerpo de un hijo que había salido para ver a una de sus bandas favoritas. El mismo reclamo, el mismo dolor, las mismas sospechas. Dos historias que podían haber tenido nada en común. Dos historias que parecen repetirse a lo largo y a lo ancho de un país  al que todavía le falta mucho que trabajar en contra de la violencia ejercida ilegítimamente por las fuerzas de seguridad.