Que no era competente para actuar en el caso. Que llegó a la casa de la calle Azcuénaga al 1800 y vio un cuerpo que parecía estar sin vida pero se negó a actuar porque no le correspondía. Que actuó bajo presión porque había sido amenazado. Esos son algunos de los argumentos que el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez expone para sostener su inocencia por los hechos por los que está siendo juzgado.

Su actuación durante la última dictadura militar fue cuestionada por decenas de testigos a lo largo de los diez juicios que se realizaron en la provincia. Esta vez, Manlio Martínez llegó ante este tribunal, después de que dos jueces presentaran su inhibición, imputado por delitos calificados como de lesa humanidad. A lo largo de este debate oral y público se busca establecer su responsabilidad en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen; y por la privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano.

María Alejandra, Fernando, Eduardo, Juan Carlos y Atilio fueron ultimados mientras se encontraban reunidos en la casa donde la pareja Romero Nicklison residían junto a la pequeña hija de un año y medio. A ese lugar llegó Manlio y después de haber observado la escena, (sin bajarse del automóvil, aseguró el imputado) no realizó ninguna investigación porque, como él mismo dijera, no le correspondía.

La fiscalía y la querella sostienen que lo que sí hizo Manlio Martínez fue continuar una investigación contra Miguel Atilio Romano y ser partícipe de lo que vivió durante los años que estuvo detenido. Miguel era el propietario de esa vivienda de calle Azcuénaga y la alquilaba a la familia Romero Nicklison. Miguel fue secuestrado, torturado y de él se pretendía que entregara esa casa que le pertenecía. Miguel fue puesto en libertad e internado en el hospital Nuestra Señora Del Carmen, por su estado de alteración psiquiátrica. Miguel murió sin recibir justicia, esa justicia que hoy buscan sus hijas.

Esa sería, en resumidas cuentas, la historia detrás de la imputación a Manlio Torcuato Martínez. Al ex juez se lo responsabiliza, en carácter de autor, de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y en carácter de partícipe de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. Asimismo, se le imputan a Martínez los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en relación a Miguel Atilio Romano.

Testimonios que complican

La semana que pasó los testimonios que llegaron ante el Tribunal Oral Federal fueron variados. Uno de los primeros fue el del médico Antonio Raúl Asial, quien desde su experiencia como perito que leyó el informe de las muertes de la casa de calle Azcuénaga aseguró que en este caso se debía solicitar una autopsia. Autopsia que no se realizó. “En este caso hubiera sido de gran ayuda poder valorar a través de la autopsia cuál o cuáles han sido los orificios de entrada, cuál ha sido del de salida, porque eso, a su vez permite determinar si ha sido un disparo a corta distancia, qué trayectoria tenía el proyectil, la posición de la víctima respecto al agresor, si hubo sobrevida”, detalló el médico que conoce el procedimiento que se empleaba, por lo menos, desde 1979. Asial fue consultado sobre a quién correspondía pedir, ordenar y realizar la autopsia. “El médico aconseja, el juez es el que va a determinar. Nosotros somos los que aconsejamos, el juez es el que ordena”, indicó de manera determinante a la vez que advirtió que en este caso, por tratarse de muerte violenta, él hubiese aconsejado la autopsia.

Otro de los testigos en declarar durante la semana pasada fue Pedro Eduardo Rodríguez. Este sobreviviente de la última dictadura militar fue secuestrado en abril de 1975 y llevado al centro clandestino de detención que funcionara en la Escuela Diego de Rojas conocida como “la Escuelita de Famaillá”. Anteriormente había sido detenido en dos oportunidades, pero esas detenciones, que el mismo testigo señaló como tales, se diferenciaron del secuestro y la clandestinidad que le siguió. “Entonces me encapucharon, me llevaron a la Escuelita, me torturaron, me picanearon”, describió Pedro dejando en claro los mecanismos que operaban en la modalidad de los secuestros.

Pedro fue llevado a declarar frente al ex juez el día 5 de julio de 1975. Allí, contó el testigo, Manlio Martínez lo recibió y le leyó una declaración que supuestamente el mismo Pedro había realizado. Tras haber negado lo que allí decía, le manifestó al juez que quería hacer una denuncia por lo que había vivido mientras estuvo en el centro clandestino de detención de Famaillá. Le describió las torturas, la manera en que había sido picaneado, cómo los mantenían atados con alambres de pies y manos. Pero quien ocupara el cargo de juez en esos momentos le contestó que no iba a tomarle la denuncia, que pasaría un informe a la policía de la provincia sobre lo que estaba tratando de hacer. “Te digo: ¿querés que te lleve a la escuelita de Famaillá de vuelta? ¿O a la jefatura?”, sostuvo Pedro que lo amenazó Martínez. “Usted no me puede amenazar, si usted es el juez, no me puede amenazar que me lleven al centro de concentración ese”, le había respondido Pedro Rodríguez que tuvo que salir de la oficina por orden del ex juez.

Los sobrevivientes relataron las condiciones en que les tomaban declaración. Muchos de ellos coinciden en que se negaba a tomar las denuncias por las torturas que, además, dejaban huellas físicas evidentes. “Los (detenidos) que menos garantías tenían y los que más maltratados estaban eran los que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, recordó Eduardo José Zelarayán, otro de los sobrevivientes que prestó declaración durante la última semana de audiencias.

El secretario, el testigo, el acusado

Jorge Marcelo Páez de la Torre fue secretario de Manlio Torcuato Martínez desde 1976 hasta que este fuera despedido una vez recuperada la democracia. Su testimonio tuvo algunos desencuentros con los vertidos por los sobrevivientes que prestaron declaración ante el ex juez, durante la última dictadura militar. Páez de la Torre, que actualmente se encuentra denunciado por su actuación en el juzgado durante la última dictadura militar, aseguró que nunca nadie declaró esposado frente al juez. Esto contradice lo expuesto por algunos testigos que contaron su experiencia en la oficina del ex magistrado.  

En un intento por presentar el perfil ‘benevolente’ de Manlio Martínez, el exsecretario habló de la detención del hermano del abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bougeu. Aseguró que por un error de cómputos que Martínez decidió dejar pasar, Horacio Lobo obtuvo la libertad condicional mucho antes de lo que le correspondía. “Le informo que mi hermano obtuvo la libertad vigilada debido a la pérdida de visión que le provocó un glaucoma”, le respondió en su momento el representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Quienes desarmaron esa imagen que Páez de la Torre intentó dar del ex magistrado fueron los miembros de la fiscalía. “¿El delito por el que fue juzgado Lobo Bougeu, tenía la opción de reclusión y de prisión?”, preguntó el representante del Ministerio Público Fiscal. “Sí”, respondió instantáneamente el ex secretario. Con esto, la parte acusadora dejó en claro que entre dos penas posibles, Manlio Martínez eligió la de mayor rigor, la más dura.

Este juicio es emblemático porque, por primera vez, se juzga la responsabilidad de un integrante del poder judicial en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Las audiencias se caracterizan por un clima de tensión constante y una defensa mucho más agresiva que las de los imputados en los diez juicios anteriores. El deseo de justicia es siempre el mismo, pero la implicancia de tener a un ex juez sentado en el lugar de los imputados aporta un gramo de esperanza ante la desazón que significa que varios condenados por este tipo de delitos hayan sido dejados en libertad.