Cuarenta y un meses pasaron desde el asesinato de Sergio Ismael Lucena. Desde entonces, su nombre hace temblar a la institución policial y suena en voz baja por los pasillos de los tribunales provinciales. La lucha que emprendió la familia de Ismael, junto a los organismos de Derechos Humanos, fue clave para que Lucena sea bandera en contra del gatillo fácil. El grito de justicia y castigo hacia los que tienen el deber de proteger a los ciudadanos deja en el absurdo a más de uno y provoca desazón a la hora de entender la causa. La Policía, esa a la que se pide socorro y en la cual se confían los derechos, esa misma es la que hoy tiene que dar respuestas por el accionar de cinco de sus miembros.

Isabel de la Cruz, cuñada de Ismael, lleva en su espalda la causa desde el principio. Y jamás le faltó seguridad en el camino de hacer de un por qué un para qué. En ese recorrido se encontró con referentes de organismos que entendieron la razón de su lucha: la justicia para un joven asesinado a golpes de policías por su cara, por su gorra o por sus zapatillas desgastadas, luego de trabajar todo el día con su carrito de flores. Esos organismos fueron los que le tendieron la mano a Isabel y le brindaron su sostén en el andar. Así se conformó la mesa de apoyo a la causa de Isamel Lucena, desde la cual se viene realizando diversas actividades y movilizaciones para dar a conocer los casos de gatillo fácil en Tucumán. Esos mismos organismos son los que exigen la oportunidad de acompañar a la familia de Ismael durante el desarrollo del juicio oral y público. Así lo expresaron en una carta presentada el 18 de marzo de este año en la que solicitaban una sala más amplia para el desarrollo del juicio, de manera que sea posible la presencia de los organismos en el debate y adhiriendo al pedido de la querella de la familia Lucena.

La familia de Ismael supo esperar los tiempos de la Justicia con paciencia. Soportó que los imputados por asesinato gozaran de plena libertad y aguantó que la primera fecha otorgada para el inicio del juicio oral, propuesta para el 7 de abril, sea prorrogada hasta el 13 de este mes. Luego de estos traspiés, Eduardo Romero Lascano, Presidente de la Sala II que está a cargo del desarrollo del juicio, presentó la inhibición para seguir entendiendo en esta causa. Por lo tanto, el juicio se encuentra sin fecha de inicio.  

La inhibición fue fundamentada por el juez Romero Lascano a partir de la imposibilidad que él siente para actuar con una concreta credibilidad y respeto a su investidura. El magistrado sostiene que los mismos organismos que firman la carta, muchos de los cuales forman parte de la mesa de apoyo a la causa, son los mismos que criticaron su labor en la causa por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Verón. Cabe aclarar que Romero Lascano atraviesa un jury de enjuiciamiento por su trabajo como juez en el debate oral y público de la causa Verón. “Para mí es una falta de respeto hacia la familia de Ismael que se exima unos días antes del juicio y queremos que las cosas se encausen. Que se conforme el nuevo tribunal y que si él se quiere ir que se vaya. Los organismos van a estar con los jueces que estén y mi familia va a estar siempre con los organismos”, afirma Isabel de la Cruz.

A esta decisión del Presidente de la Sala se suman otras maniobras dentro de la Justicia que hacen sospechar de una intención por dilatar la causa. Existe una presentación por parte de la defensa donde se cuestiona la competencia sobre las acciones civiles. La misma había sido rechazada por Romero Lascano, cuando el planteo fue presentado en una audiencia oral previa. Sin embargo, cuando la defensa hizo la presentación por escrito, la misma quedó sin resolver. “Eso ya estaba haciendo peligrar el inicio del debate oral y público para el día 13 de abril”, comenta Julia Albarracín, abogada de la causa.

Se agregan a estas cuestiones las amenazas de muerte sufridas por varios integrantes de la familia de Ismael. A pesar de que dichas intimidaciones fueron denunciadas, desde la Justicia no se tomó ninguna medida para resguardar la integridad de los familiares y los testigos. “Después de más de tres años, no existe una eventual condena. Esto habla a las claras que estamos ante la presencia de un caso impune. Desde este lugar a nosotros nos queda solamente recusar o no ante un nuevo juez, pero no tenemos una oportunidad procesal para opinar sobre esta situación. La querella queda a la espera del normal desarrollo del juicio”, explica la abogada de la familia Lucena.

Isabel lleva tatuado a su 'negrito', al que le juró justicia y por el que levanta la bandera contra el gatillo fácil. Por ello las movilizaciones y los pedidos de justicia por Ismael no cesarán, según manifestaron referentes de organismos. La incansable lucha de Isabel reúne fuerzas para seguir en las charlas y marchas, donde se encuentra con otras historias de hostigamiento policial. “El juez se olvida que Ismael tenía Derechos Humanos. Ismael no es un número más. Ismael era un pibe que tenía sus derechos y hay que hacerlos prevalecer. Por eso los organismos de Derechos Humanos van a estar siempre”, afirma Isabel con convicción. La misma convicción con la hace de su causa un motivo para frenar la impunidad.