Tramo final. Una semana sin audiencias y el próximo 26 de mayo será el turno de empezar con los alegatos en el juicio contra el ex magistrado Manlio Torcuato Martínez. Antes de esta última instancia, y como final de la incorporación de las pruebas tanto testimoniales como documentales, la oportunidad de hablar la tienen los imputados. Manlio, un hombre conocedor de leyes, códigos y procesos, decidió hacer uso de ese derecho y el viernes pidió expresar algunas de las cosas que, según le parecía, eran importantes decir.

Así, haciendo uso de discursos que ningún otro imputado por delitos de lesa humanidad se atrevió antes, citó (nuevamente) a Raúl Eugenio Zafaronni y recordó las palabras de Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre. Es que el ex juez imputado por su accionar durante la última dictadura militar, particularmente, en este debate, por los hechos ocurridos en mayo de 1976 en la casa de calle Azcuénaga al 1800 y el secuestro que de esos hechos se desprende, sostiene su inocencia y se declara víctima. Víctima, sí. Manlio Torcuato Martínez, el juez cuyo nombre se escuchó reiteradas veces en cada uno de los diez juicios por delitos de lesa humanidad que ya se sustanciaron en la provincia, asegura que fue y es una víctima más.

Fue, sostiene él, una especie de rehén de un sistema de terror que no le dejó más alternativa que actuar como lo hizo. Presionado, bajo amenaza de muerte, bajo el yugo de una dictadura en la que el poder absoluto reposaba en las Fuerzas Armadas. De esta manera, Manlio Martínez ‘hizo lo que pudo’.

Eso trató de demostrar con los testigos que llevó a la sala de audiencias. Empleados, secretarios, gente que trabajó junto a él en el juzgado durante los años que duró la dictadura militar, confirmaron esa versión de un hombre solidario y sensible. El hombre que recibía a las madres que iban a preguntar por sus hijos. El que presentaba los hábeas corpus y que solo recibía respuestas negativas por parte de las Fuerzas Armadas. El que se quedaba horas consolando a esas madres que incluso les llevaban dulces a modo de agradecimiento. El que jamás recibió a un detenido esposado, ni en los pasillos del juzgado y mucho menos en su despacho.

Pero también “es” una víctima, asegura Martínez. En este punto, decidió cargar contra el juez Daniel Bejas y el fiscal Carlos Brito. Los señaló como responsables de endilgarle una causa "insólita" mientras que eximen de culpa y cargo al actual jefe del Ejército César Milani. “El que tiene que estar sentado acá, en el banquillo, es Milani porque en 1975 integraba las Fuerzas Armadas”, sentenció al momento de hablar frente al tribunal en la sala de audiencias.

Pero más allá de lo que diga Manlio Martínez de sí mismo, está lo que dijeron sus testigos que poco y nada tiene que ver con el relato de sobrevivientes y familiares. Para muchos de ellos, Martínez era un cómplice más. Un responsable más. Un represor más. Ante él se declaraba no solamente esposado, sino también lleno de magulladuras, golpes, heridas producidas por las torturas. No solamente eran evidentes las huellas de haber estado en un centro clandestino de detención sino que a algunos no quiso siquiera tomarles la denuncia. Otros, incluso contaron que el mismo juez los amenazaba que si no decían o hacían tal o cual cosa serían devueltos a la ‘Escuelita de Famaillá’, el lugar donde habían vivido los peores vejámenes. “Y bueno, mamita, si es subversiva no se queje”, contó una sobreviviente que recibió como respuesta a su dolor.

“La hipótesis planteada desde el principio se confirmó”, sostiene el fiscal Diego Velazco para quien a lo largo las cuatro semanas de audiencias se incorporaron nuevas pruebas que refuerzan esa hipótesis. La oportunidad para fundamentar estas palabras la tendrá el 27 de mayo cuando le toque hacer su alegato. Antes, el día 26, serán las querellas integradas por María Alejandra Romero Nicklison y Emilio Guagnini y la de Bernardo Lobo Bougeu y Pablo Gargiulo las que podrán valorarar las pruebas obtenidas a lo largo de esta etapa y pedir la condena que consideren acorde.

También la defensa tendrá la oportunidad de hacer su alegato y reflexionar sobre las pruebas que se han producido. El mismo miércoles 27, en horas de la tarde, Manuel Bonnín y Vanessa Lucero explicarán las razones por las que consideran que su defendido debe ser absuelto.

Entre las últimas pruebas producidas el jueves pasado estuvo la inspección ocular en el Juzgado Federal, el lugar donde se encontraba el despacho del ex magistrado. Esta medida sirvió para que los jueces, que no son de la provincia, ubiquen el espacio que fue descripto por los testigos. Más tarde se continuó con la incorporación por lectura de algunos testimonios y se escuchó, a través del sistema de videoconferencia, la declaración de Julio Rodríguez Anido.

Unas pocas audiencias más y una etapa importante en la histórica lucha por verdad y justicia se habrá cumplido. Seguirán restando otras etapas. Seguirá la lucha por construir memoria y seguirán otros pedidos que van quedando en el camino. Como el cumplimiento de las penas en cárcel común, como la mayor celeridad para que las sentencias queden firmes, como el juicio a otros miembros del sector civil, la Iglesia, los empresarios, los jueces. Esas otras patas que sostuvieron una dictadura que duró 13 años e intentó llevarse vidas, lazos y solidaridades.