“La justicia está en los alegatos”, dijo una vez una familiar de víctimas del terrorismo de Estado al salir de la sala de audiencias. Sí, esperaba una sentencia condenatoria, había asistido a las audiencias de testimonios y escuchó, se estremeció, aplaudió, se emocionó. Sin embargo esa tarde, al salir de la audiencia de alegatos de la parte acusadora, se sentía 'alcanzada por la Justicia'. O por algo que puede parecerse mucho después de casi cuatro décadas de espera. Es que en los alegatos los abogados hablan de cada una de las acusaciones que pesan sobre los imputados. Recorren pormenorizadamente los relatos que se escucharon a lo largo de los días, de las semanas, incluso de los meses que pudo haber durado el debate. Valoran esas palabras y las ponen en contexto, las relacionan con las dichas por otros testigos. Las pruebas tanto documentales como testimoniales cobran más fuerzas porque se las puede sopesar en su conjunto. Y sobre todo esto se pide la condena.

En el juicio contra el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez los alegatos se concretaron la semana pasada. El miércoles 27 se realizaron los alegatos de las querellas y de la fiscalía. El jueves por la tarde fue el turno de la defensa que fue respondiendo a cada uno de los puntos señalados por la parte acusadora el día anterior. El viernes por la mañana se plantearon las réplicas y las dúplicas y, de acuerdo a todo lo escuchado, el próximo 12 de junio se conocerá el veredicto del tribunal integrado por Norberto Cataldi, José Asis y Mario Garzón. ¿Será justicia?, es la pregunta entre los que esperaron por años este juicio. Que sea justicia, es el deseo de todos ellos que al finalizar la audiencia de alegatos se abrazaban sintiendo que todo lo que se podía hacer fue hecho. Esos tres días intensos fueron vividos así no solo por la extensión de las jornadas sino por lo que significa haber llegado a esa instancia, que para algunos es ya haber alcanzado el objetivo.

Contrapuntos al final del camino

“Por la gravedad de los hechos, por la ‘lesividad’, por la actitud demostrada por él, por todos los agravantes, consideramos que correspondía la pena máxima de 25 años y como accesorias que se le quite el beneficio del retiro anticipado concedido por su rol como juez federal durante, justamente, el período de la dictadura y que se reevalúe su situación de libertad y se lo traslade a un centro penitenciario en base a lo que digan los controles médicos”, explicó el fiscal Pablo Camuña al terminar la audiencia del día miércoles.

Durante la tarde de ese miércoles se escuchó a los tres representantes de la fiscalía, Pablo Camuña, Diego Velasco y Agustín Chit, detallar las pruebas que, según esta parte, determinan la culpabilidad de Manlio Martínez en los delitos que se le imputan. “Entre 1974 y 1983 se presentaron 842 habeas corpus en la justicia de Tucumán. Todos los habeas corpus fueron rechazados”, detalló Camuña casi al comienzo de su exposición. Este punto fue uno de los que la defensa, durante el alegato que realizó al día siguiente, intentó contrarrestar aduciendo que Martínez tramitaba estos recursos de la manera que podía. Quienes no respondían eran los militares, según explicó la defensora oficial Vanessa Lucero.

“El imputado como parte integrante del grupo de personas que puso en marcha este plan sistemático de exterminio y estas prácticas genocidas desde su rol, también debe ser juzgado y condenado por este delito que es el delito internacional de genocidio”, había dicho durante la mañana el abogado querellante Emilio Guagnini. Guagnini, al igual que la otra querella y que la fiscalía, sostuvo que Manlio Martínez había pactado su colaboración y había gestionado su cargo antes que su antecesor, Jesús Santos, fuera obligado a renunciar.

“A Martínez lo nombró Juan Domingo Perón y lo ratificó su mujer”, dijo enfáticamente Manuel Bonnín. El abogado defensor buscó de este modo dar un marco de constitucionalidad al cargo del ex juez que asumió apenas empezado el Operativo Independencia. “No tenía competencia, poder de decisión, de ninguna manera prestó colaboración”, aseguró el defensor. “¿Por qué lo mantuvieron a Martínez todos esos años?”, preguntó Pablo Gargiulo, cuando habló de la permanencia del imputado en su cargo durante todo el período que duró la dictadura militar. Gargiulo ejerce junto a Bernardo Lobo Bougeu la doble representación, tanto de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos como la de una de una parte de la familia de Miguel Romano (víctima de esta causa). “¿Porque era un obstáculo, un escollo al poder militar?”, agregó el Gargiulo que antes había aclarado que el cargo del ex juez no fuera ratificado con el advenimiento de la democracia. Y a esas preguntas fue el mismo abogado el que respondió: “No. Porque era su cómplice”.

Los hechos por los que Manlio Torcuato Martínez llega a este juicio son los que ocurrieron el 20 de mayo de 1976 y que fueron juzgados durante el año 2011. Aquel 20 de mayo, cinco militantes de la agrupación montoneros estaban reunidos en la vivienda que uno de ellos le alquilaba a Miguel Romano. De acuerdo figura en la sentencia del año 2011 en la causa conocida como Romero Nicklison, fuerzas civiles, militares y policiales ingresaron a esa casa y produjeron la matanza de esas cinco personas. “El hecho es lamentable y trágico, pero ningún testigo demostró ni un ápice de lo que lo acusan”, dijo el jueves por la tarde el abogado defensor de Martínez. “No hay pruebas de que haya sucedido como dicen y menos, sobre la presunta participación de mi defendido. La única concreta de que Martínez estuvo ahí fue su propia declaración”, agregó Bonnín.

“En cuanto a los hechos de la masacre de la calle Azcuénaga no deben ser juzgados porque ya lo han sido y ha quedado demostrado que fue un fusilamiento, un aniquilamiento, una masacre”, había dicho el día anterior Emilio Guagnini.  “Quedó probado, lo dice una sentencia que ya es firme que ingresaron por la fuerza fuerzas civiles y de seguridad y acribillaron a estas cinco personas”, sostuvo el querellante que además señaló que “de esas cinco personas solo fueron entregadas a sus familiares con intervención del juez federal solamente dos cadáveres”. Esto último lo dijo haciendo referencia a los cuerpos de María Alejandra Nicklison y Fernando Saavedra Lamas. Los tres cuerpos restantes continúan desaparecidos hasta la fecha. “Esta sería una buena oportunidad para que el imputado aportara algún dato para que las familias que todavía buscan los restos puedan estar en paz y saber cuál ha sido el destino final de sus familiares”, había dicho Guagnini.

Solo resta esperar

“La querella que representamos pedimos la pena máxima de 25 años, además pedimos que se abran algunas investigaciones nuevas”, dijo la abogada querellante María Alejandra Romero Nicklison. María Alejandra, además de ser la letrada que representa a una de las partes de la familia Romano, también representa a su padre, Gerardo Romero. Alejandra, como la llaman los la conocen, es también una de las querellas en este juicio. Como hija de una de las víctimas que perecieron en aquella matanza de 1976, se hizo cargo de la investigación de la muerte de su madre y no paró hasta conseguir que se sustancie el juicio en el año 2011 y este que se está realizando ahora. “Quiero, antes de empezar este alegato, que vaya mi reconocimiento para ella y para la familia Romano que en forma pacífica han venido pidiendo todos estos años justicia”, dijo sobre el comienzo de su alocución su compañero Emilio Guagnini.

Pero Emilio no fue el único que reivindicó la lucha de esta mujer. “Gracias por perseverar, gracias por no claudicar a pesar de tantos años”, dijo al final de su alegato Bernardo Lobo Bougeu. La emoción y el aplauso se apoderaron de la sala. Los abrazos llegaron al final. “Creemos que los hechos fueron más que probados. Estoy muy orgullosa de los alegatos de mis compañeros y esperamos que el tribunal evalúe lo que han vertido los alegatos y que llegue a un veredicto condenatorio”, dijo Alejandra al finalizar la última semana de juicio con el alivio de la tarea cumplida. La tarea que emprendió la mujer que cuando tenía poco más de un año empezó a vivir en carne propia las ausencias que dejó el terrorismo de Estado.