La política es una práctica social muy compleja. En Argentina, especialmente, ha demostrado una tendencia a tomar un carácter excluyente respecto de las opiniones que se deslizan por andariveles alternativos en el interior de las estructuras partidarias o movimientos sociales, lo que genera, siguiendo el esquema de “Espiral del Silencio” de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman (1977), el fortalecimiento de tendencias únicas que interfieren en el funcionamiento democrático interno. El concepto describe el comportamiento de la masa ante la diversidad de opiniones acerca de una temática. Cuando un núcleo duro, haciendo usufructo de una diferencia de poder, logra hacer prevalecer su visión a través de los medios de comunicación y otras instituciones (educativas por ejemplo) esa visión tenderá a fortalecerse en la masa ya que los individuos, por temor al aislamiento, acomodarán sus opiniones a las más difundidas o callarán para no quedar aislados. Esta tendencia se expresa en un espiral que desciende en capacidad de expresar ideas diferentes hasta llegar a un núcleo que concentra y utiliza la capacidad de difundir su visión acerca del mundo. Aunque este concepto no puede ser tomado de forma aislada ni como único elemento de análisis, ya que implicaría la existencia de una sola concepción para cada temática, y por consiguiente la inmovilidad de las ideas, sirve para explicar tendencias generales del comportamiento social. También ilustra lo que suele pasar en el interior de las estructuras políticas y algunos movimientos sociales, al menos por el tiempo en el que se sostienen ciertas tendencias hegemónicas que, inevitablemente, en el devenir temporal, terminan dando lugar a otras tendencias que a su vez se tornarán hegemónicas y entrarán en crisis.     

Un ejemplo reciente en el ámbito del poder institucional es lo que sucedió con el actual ministro de Economía de la Nación Axel Kicillof quien, antes de ocupar el cargo de viceministro de Economía con el que su figura tomó relevancia, encabezaba un grupo de economistas que, a pesar de su apoyo al gobierno, publicaban índices económicos que contradecían al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, intervenido por la administración kirchnerista desde 2007), índices inflacionarios que permitían contabilizar fenómenos sociales como la pobreza y la indigencia. Ungido al frente de la cartera económica nacional, Kicillof parece haber cambiado de opinión acerca de la necesidad de tener índices confiables, o a la idea de tener índices; de hecho desaparecieron de la página del instituto que conducía las mediciones que habían realizado hasta entonces (período 2007-2012). Recientemente declaró no tener los datos sobre la cantidad de pobres en Argentina porque esta medición, ahora, le parece ‘estigmatizante’. A los ojos de un recién llegado, esta declaración en boca de un economista, podría parecerle, al menos, extraña; para quienes siguen el desarrollo de la política nacional aparece como una mordaza acerca de lo que se puede y no decir dentro de la actual administración nacional.   

Esta tendencia no sólo se da en el ámbito del poder institucional o los partidos tradicionales; aparece también, muchas veces con una potencia sorprendente, en los partidos del centro a la izquierda y en movimientos que se fundaron al abrigo del reclamo democrático. O al menos es una de las principales denuncias de Graciela Ledo, hermana de Alberto Agapito Ledo, conscripto desaparecido en Monteros, donde prestaba servicio, el 17 de junio de 1976, hace 39 años. Sucede que el caso de la desaparición de Alberto Ledo, junto con otros pocos casos, expresa una crisis en el espacio de las organizaciones de Derechos Humanos. Una crisis que a los ojos de Graciela tomó mayor envergadura con la designación del General César Milani al frente del ejército nacional: “Lo que tradicionalmente fueron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones a las que perteneció mi madre, hicieron una alianza con el gobierno defendiendo todo sin lugar a ninguna crítica, quizás se olvidaron de que su lucha nació defendiendo los Derechos Humanos en la época de la dictadura, y que uno de los 30.000 desaparecidos que se reclaman es mi hermano; pero parece no tener importancia, al soldado Ledo se lo ignora, se lo hizo desaparecer de nuevo, como dijo un periodista de La Rioja los desaparecidos ahora son 29.999”. La denuncia de Graciela y su madre se pone en duda, como casi no existe registro en el caso de los Derechos Humanos; los familiares y testigos son puestos en cuestión por parte de los organismos que abrazaron el kirchnerismo, y ya no a los sospechados e incluso imputados en las causas. La decisión de Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, de apoyar abiertamente la designación de Milani así lo demuestra; la foto que se tomó para apoyar al General cuestionado, mientras se discutía su designación (junio de 2013), borró de un plumazo toda sospecha que pudiera haber recaído sobre éste. Denunciando un complot por parte de la oposición política y los medios de comunicación ‘hegemónicos’ para atacar el gobierno de Cristina Fernández, Hebe de Bonafini se puso a la vanguardia de la defensa del militar sin siquiera evaluar que las denuncias que recaían sobre Milani eran anteriores a su posible designación, incluso al gobierno de Cristina Fernández o al de Néstor Kirchner. De hecho, según el diario “El Independiente” de La Rioja, consta en el informe final de la Comisión de Derechos Humanos de esa provincia realizado en 1984 el testimonio de un sobreviviente identificado como Ramón Olivera que declaró que durante el período dictatorial un militar de apellido Milani lo interrogó después de haber sido detenido de forma ilegal.

Es que para Graciela las pruebas que incriminan al Jefe del Estado Mayor del Ejército son contundentes: “Clara Waite, cuñada del militar sospechado, declaró que su padre le confesó en el año 87, antes de morir, que Milani había sido citado por autoridad militar, en ese momento actuaba el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (ConSuFFAA) a quienes Alfonsín les había dado la tarea de juzgar a los miembros del ejército; entonces, llega una citación para Milani por un soldado asesinado en Tucumán. Entonces el Mayor Waite Figueroa le pidió colaboración a Menéndez (Luciano Benjamín) para que lo libere de este problema. Menéndez además de librarlo hizo algo muy importante, hizo desaparecer el acta de deserción original firmada por Milani, pero por suerte quedó una copia certificada que no pudieron destruir y hoy consta como prueba ante la justicia”. Además de este testimonio Graciela declara que “en el Batallón de Ingenieros de la Construcción de La Rioja se desarrolló un Centro Clandestino de Detención. Milani tiene en mi provincia causas por Privación Ilegítima de la Libertad y Tormentos, hay testigos de esas causas que aseguran que encabezaba los operativos en los que se secuestraba a distintas personas en esa época. Milani dice que no sabía que en ese lugar había civiles, que no sabía lo que pasaba allí. Eso es una burda mentira, él sabía muy bien lo que pasaba y participaba en los interrogatorios que se hacían en el Batallón de Ingenieros”.

Para recordar los 39 años de la desaparición de Alberto Ledo, Graciela junto a los organismos de Derechos Humanos y movimientos sociales nucleados en el Espacio Memoria Verdad y Justicia, presentaron el miércoles pasado un Amicus Curiae (“Amigos de la Causa”, un documento legal en el que organizaciones de la sociedad civil apoyan una denuncia específica y reclaman por celeridad en su esclarecimiento) ante el Juzgado Federal de Tucumán. En esa oportunidad la hermana del soldado desaparecido explicó: “El juez Bejas (que entiende en la causa) dijo que prefiere ir lento pero con paso seguro, pero desde febrero tenía pensado decir que Milani no era responsable por haber sido muy joven en esa época y tener un grado muy bajo en el escalafón militar y que no tenía obligación de decir la verdad, cuando él estaba obligado a hacerlo, sobre todo cuando firma un acta de deserción, porque era oficial instructor. La Cámara de Apelaciones también dice que prefieren ir lento pero nosotros les decimos que ya hemos esperado 39 años, que mi padre murió sin saber qué pasó con su hijo y que mi madre tiene 85 años y no puede movilizarse como lo hizo durante estos años para reclamar justicia. Son demasiadas las pruebas y testimonios. Los responsables además gozan de la protección del poder que les da su cargo, su función de inteligencia dentro del ejército y dentro del país y también la fortuna que ha ido acumulando, con Milani en el poder es muy difícil llegar a la verdad, pero no es imposible. La esperanza es lo que nos mueve a seguir luchando”.

Lo que complica aún más la denuncia de Ledo es el lugar que llegaron a ocupar militantes del espacio de Derechos Humanos oficialista en los ámbitos de la Justicia. “Muchos dicen que hay una justicia cómplice, el hecho de que todavía haya jueces que mantienen sus cargos desde esa época genera que no se estén cumpliendo muchos de los procesos a los genocidas. Pero también hay funcionarios judiciales adictos al gobierno que no permiten que estas causas en las que hay involucrados grandes personalidades lleguen a la Justicia. Entre ellos el fiscal Camuña, a quien nosotros hemos recusado varias veces, entre otras cosas por favorecer la designación de Milani al frente del ejército diciendo que no tuvo nada que ver con el Operativo Independencia y poniendo una fecha para demostrarlo que nadie en la Justicia pone que es el 24 de marzo de 1976 para dividir el Operativo Independencia. Hay testimonios claros que demuestran la participación del jefe del ejército en este operativo, incluso quienes aseguran que se reunía a diario con el genocida Bussi aquí en Tucumán en Monteros”. El doctor Camuña, que se desempeña como fiscal ad hoc al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Tucumán, ha encabezado durante los últimos años importantísimos procesos como las Mega Causas Arsenales-Jefatura o Villa Urquiza que derivaron en la condena de célebres genocidas como el ‘tuerto’ Albornoz; sin embargo, a los ojos de Graciela Ledo, esta vez hizo primar su cercanía con la Casa Rosada antes que la búsqueda de justicia.  

Quizás la decisión de Cristina Fernández de otorgar la Jefatura del Ejército Nacional a un militar sospechado de delitos de lesa humanidad no borre la valentía que significó impulsar desde el 2003 la revisión de las políticas de olvido y perdón que el peronismo menemista había instaurado en la década del 90; así como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (en un contexto político mucho más complejo, cabe aclarar) no lo hicieron con la decisión de Raúl Alfonsín de juzgar a la Junta Militar. Pero sí implica un serio retroceso en la búsqueda de justicia e implica una brecha que se abre e impide hacer de la defensa de los Derechos Humanos de ayer el cumplimiento de los Derechos Humanos del presente. En este sentido, además, demuestra la grave regresión que el gobierno nacional ha venido demostrando en los últimos años respecto al manejo de las fuerzas de seguridad y que han sido denunciadas por organismos de Derechos Humanos como el Espacio Memoria Verdad y Justicia o Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El “Proyecto X” o el vergonzoso accionar de la Gendarmería Nacional en conflictos gremiales como el de LEAR (abriendo causas falsas a trabajadores que manifestaban contra el despido de sus compañeros), con agentes de inteligencia infiltrados en las protestas son sólo algunos ejemplos visibles por su inmediatez pero se encuentran, como telón de fondo, con la decisión de sostener esquemas mafiosos en las fuerzas de seguridad provinciales y que han generado casos emblemáticos como el de Luciano Arruga.

El pedido de justicia frente a la violación de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar no puede ser un ejercicio arqueológico que se desprenda de lo que sucede en el presente, el apoyo legítimo que los militantes de las organizaciones de Derechos Humanos puedan dispensarle al gobierno nacional por el corte en el desarrollo de las políticas neoliberales que signaron las últimas décadas en nuestro país y que conllevaron a una situación de total impunidad respecto a lo sucedido en la década del 70; no puede ser un cheque en blanco que mire para otro lado cuando se sostienen estructuras tan injustas como las que secuestraron y torturaron en los centros clandestinos de detención; una muestra de estas estructuras es lo que sucede en Formosa con el sistema de apartheit que recae sobre la comunidad Qom de Félix Díaz.

Con el General César Milani al frente del ejército nacional es difícil decir “Nunca Más”.