El Estado está preocupado por sus presos. Los titulares de los medios de comunicación tucumanos dan cuenta de esta preocupación. El Estado se ocupa de sus presos. Las voces de los representantes del Estado salen y a cuanto micrófono se cruzan le cuentan sobre los proyectos, las acciones y las medidas que se están realizando para solucionar la ‘crisis carcelaria’.

La crisis carcelaria parece haber tomado estado público durante las últimas semanas. Como hecho detonante podría marcarse la muerte de dos jóvenes que estaban detenidos en la Brigada de Investigaciones Norte, en Yerba Buena. Al parecer los presos que se encontraban en el calabozo prendieron fuego a un colchón y las llamas se propagaron ocasionando la muerte de los dos reclusos. El número de personas encerradas en ese lugar no es un dato certero. En un primer momento el comisario que a cargo, Luis Mansilla, se rehusó a decir la cantidad de detenidos aunque en los medios de comunicación trascendió que serían 19 personas. La crisis carcelaria, repiten fiscales, jueces, políticos, medios y vecinos. Pero, ¿cuánto tiene de crisis una realidad que se sostiene y se agudiza a lo largo de tantos años?

El Estado está preocupado y se ocupa de sus presos, al menos eso es lo que se puede leer en las noticias de las últimas semanas. ¿Podría decirse acaso que ocuparse ‘de’ los presos es lo mismo que ocuparse de la situación de hacinamiento en las celdas de las comisarías? En este punto es donde comienzan a dividirse las aguas. Como respuesta al hecho detonante, anteriormente expuesto, le siguió una serie de denuncias, investigaciones y presentaciones de recursos legales en pos de determinar cuál es el estado en las diferentes comisarías. La conclusión, para nada novedosa, es que en las comisarías existe una superpoblación de detenidos. Que los que allí se encuentran no tienen, en la mayoría de los casos, ni siquiera un pedido de elevación a juicio de su causa. Que las paupérrimas celdas son focos infecciosos y atentan contra todo principio básico y mínimo de dignidad humana. La solución viene de la mano del Estado: trasladar a los reclusos al penal de Villa Urquiza, construir nuevas celdas en ese mismo predio, una alcaldía con lugar para recluir a 400 personas más.

 “Esta manera de ocuparse de la situación es, cuanto menos, simple”, dice uno de los referentes del área de Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES). Matías Lorenzo Pisarello, que viene trabajando en esta área desde hace ya varios años, entiende que no puede pensarse una solución que no contemple la complejidad de la problemática y que no dé cuenta de una verdadera política pública en materia de seguridad ciudadana. “Esto demuestra una carencia por parte del Estado en la elaboración de este tipo de políticas públicas. No piensa para qué está encarcelando a estas personas ni qué hacer con esas personas encerradas”, afirma el abogado que sabe que el traslado de los detenidos en las comisarías al penal de Villa Urquiza ni siquiera soluciona el problema de las condiciones carcelarias. “Quienes conocemos Villa Urquiza sabemos que es una verdadera pocilga”, afirma.

La construcción de nuevas celdas, con un cupo de 400 personas como se informa desde el Gobierno, tampoco traería el supuesto alivio a la superpoblación y el hacinamiento. O no por lo menos en el mediano plazo. En este sentido, Matías recuerda que en el año 2012, según los números oficiales, en la provincia existían 350 personas detenidas. “Hoy, un par de años después, tienen el doble, es decir que el Estado no ha hecho nada por reducir esos índices de delincuencia”, analiza y agrega “o sea que dentro de un año o dos vamos a volver a encontrarnos con las cárceles superpobladas”. Esto, claro está, es un análisis reduciendo el problema carcelario a la variable de relación cantidad de detenidos, espacio físico. “De esta manera no va a poder reducir nunca los índices de delincuencia”, señala el especialista que insiste en pensar soluciones más ‘abarcativas’. “Villa Urquiza va a terminar siendo un gran edificio donde va a haber personas privadas de la libertad en 25 pisos y esas personas, después que salgan, no van a tener las herramientas para resocializarse”, advierte mientras vuelve sobre la importancia de pensar para qué se encarcela a quienes delinquen.  

Cada vez que la problemática de las cárceles sale a la luz y toma cierto estado público, desde el Estado se busca dar soluciones que son, como dice Matías, “parches”. Lo que siempre queda faltando es la evaluación, el diseño y la aplicación de las políticas de prevención del delito, por un lado, y de contención y resocialización de las personas que han delinquido, por el otro. “Son dos cuestiones claves que en esta gestión de gobierno no se han tratado como se deberían haber tratado”, señala Matías Lorenzo Pisarello. “El Estado tiene que pensar no solamente en las personas que está encerrando sino también en cómo reducir los índices de la delincuencia”, insiste a la vez que deja claro de quién es la responsabilidad. “En materia de seguridad el Estado hasta el momento solo viene haciendo dos cosas, se cometen delitos y a las personas que ellos dicen que han cometido un delito los privan de la libertad, no hay nada más”, resume el accionar reduccionista por parte de quien tiene que dar soluciones.

La comisión de los delitos o la visibilización de ellos en los medios de comunicación sacude a los responsables de la administración de las fuerzas públicas que sale a parchar la situación con más equipamiento para los policías, más agentes en la calle y más cámaras de seguridad. “En realidad eso solo genera más represión y nada de prevención. Lo que se necesita es una política pública integral que tiene que abarcar al Ministerio de Educación, al de Desarrollo Social y al de Salud y en realidad en estos 12 últimos años no ha habido nunca una solución concreta y mucho menos eficaz. Porque después de 12 años los problemas en materia de seguridad siguen siendo los mismos”, concluye el abogado que desde su trabajo viene exigiendo y comprometiéndose con soluciones de fondo.

Esas soluciones de fondo, además de las preventivas del delito, tienen al menos dos patas más de las que en estos días ni se habla. La ley de contravenciones, declarada inconstitucional hace ya cinco años y por la que el Estado provincial fue intimado por Suprema Corte de Justicia  de Tucumán, y la reglamentación de la ley que permite la creación del mecanismo local de prevención de la tortura. Estos dos puntos indispensables no solamente no son puestos en cuestión por las autoridades pertinentes, sino que tampoco los medios de comunicación se hacen demasiado eco.

Respecto a la reglamentación de la Ley 25.932 de creación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura, que prevé la conformación de una comisión compuesta por organizaciones de la sociedad civil, por representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo cada vez parece ser más una utopía. A partir de este organismo se puede empezar a pensar en una cárcel que sirva verdaderamente como un espacio de resocialización y de rehabilitación. Donde el preso pueda vivir dignamente, trabajar y recrearse. “Villa Urquiza es una pocilga”, había dicho. “Ahí ni siquiera los trabajadores pueden trabajar dignamente”, ejemplifica y agrega “mucho menos una persona puede vivir dignamente. O sea lo que estamos haciendo es construir nuevas edificaciones para tener personas amontonadas. Las personas que están ahí no pueden trabajar, no tienen espacios para tener lugares de recreación y encima se quiere construir más en ese mismo predio. Entonces lo único que vamos a hacer con estas personas es sacarlas de la sociedad para meterlas en un lugar, encerrarlas y olvidarnos de esas personas”, dice Matías sabiendo que no es la solución olvidarlas porque, tarde o temprano, cuando la condena se cumpla, tienen que salir. El cómo van a salir debería ser la preocupación.

En cuanto a la ley de contravenciones, Matías asegura que hasta el momento no hay una respuesta del Estado respecto a la diferenciación entre aquellas personas que han sido detenidas por contravenciones de las que son detenidos por delitos. Todo lo contrario, ante la agudización de esta problemática, como ha ocurrido en las últimas dos semanas, se hace uso de esta ley inconstitucional para ‘escarmentar’ mediante el mecanismo de las razias policiales y la subsiguiente detención. De hecho las razias se han incrementado en los barrios más vulnerables y estigmatizados y desde ANDHES, así como también desde otros abogados defensores de los derechos humanos, se viene trabajando para liberar a estos chicos que han sido detenidos con figuras como ‘el merodeo’. “Las respuesta que estamos teniendo como ANDHES es un abandono total por parte del Estado, es decir el Estado no cumple las leyes a pesar que el Poder Judicial lo intima a que las cumpla y está utilizando la ley de contravenciones para salir y hacer razias y detener más personas. Nos vamos encontrando ante prácticamente un terrorismo de Estado por parte de un gobierno democrático que actúa en forma ilegal y sin importarle nada”, lamenta.

¿Y qué hacer ante las razias? Las respuestas parecen ser las mismas de siempre: presentar habeas corpus, denunciarlas en los medios, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Fiscalía de  turno. Ahora, lo que Matías Lorenzo Pisarello recomienda es salir del acto individual y hacer estas medidas de manera colectiva. “Ha llegado el momento de organizarse y armar denuncias colectivas contra la policía del barrio y la misma situación que se vive, que se firmen y se hagan llegar, ya sea, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Ministerio de Seguridad, a la Comisaría, a los medios de comunicación”, enumera con cierta euforia. Euforia que decae cuando reflexiona: “Porque denuncias aisladas no llegan a ningún lado”.

El Estado se ocupa de sus presos, parece. Se ocupa de ingresar más presos, de construir más lugares para seguir abarrotándolos, de tenerlos sin causa, sin juicio, sin condena. Pero sobre todo se ocupa de tenerlos sin derechos. Quizás, porque ocuparse en serio de los presos no colabore a ganar más votos. Quizás porque, aunque inútiles e ineficientes, medidas como sacar más policías, menos formados y más armados a la calle colaboren a crear la ilusión de la tan ansiada ‘seguridad’. Aunque los hechos delictivos y la cantidad de detenidos también vayan en aumento.