Las elecciones provinciales en Tucumán dejaron un sabor amargo. Violencia, repudios e irregularidades en el sistema electoral generaron movilizaciones, marchas y denuncias de ganadores y vencidos. Uno de los casos más discutidos fue el sucedido en la escuela Manuel Lizondo Borda de la comuna de Los Ralos. Allí los vecinos concuerdan que, al finalizar las votaciones, un grupo de personas ingresó a la escuela y se robó seis urnas. Al enterarse del conflicto, militantes del Partido Obrero de Tucumán (PO) se acercaron al lugar para averiguar qué había sucedido y, como consecuencia, fueron detenidos tres activistas durante ocho días.

Entre los militantes se encontraba Santiago Navarro. Él se acercó a la escuela para encontrarse con su novia, quien estaba fiscalizando una mesa para su partido. Al llegar, Santiago fue acusado por gendarmería de ser partícipe del robo de las urnas y quedó detenido. A partir de esto, sus compañeros del partido se plantaron en la escuela para exigir la liberación de Santiago y para repudiar la inacción policial ante el robo de las urnas.

Pasada la medianoche, la policía y la gendarmería que se encontraba en la escuela intentó descomprimir la manifestación. Según el testimonio de los militantes, se reprimió con balas de gomas y gas lacrimógeno.“Fue una especie de razzia policial. Una represión”, dijo José Toro, activista del partido. El resultado fue la detención de dos integrantes más del PO: José Kobak y Alejandro Navarro, hermano de Santiago. Además, la hermana de José, Lidia Kobak, se fracturó el brazo como consecuencia de la violencia que habrían impartido la policía y la gendarmería.

Desde ese día, los militantes del Partido Obrero junto con los familiares de los detenidos exigieron la liberación de los chicos e instalaron una carpa frente a Casa de Gobierno de la Provincia. Además se sumaron a las marchas de denuncia a las irregularidades, organizadas por la oposición. “No hay ningún elemento en el expediente que pruebe que nuestros compañeros estuvieron en el momento del robo de las urnas. Sin embargo están imputados por eso”, explica Toro. Los compañeros de los detenidos exigen a la Justicia el sobreseimiento de la causa de Kobak y los hermanos Navarro. Esta causa está a cargo del juez Víctor Manuel Pérez y se basa en la acusación elaborada por la fiscal María de las Mercedes Carrizo. “Desde un primer momento me di cuenta de que la fiscal no tenía en cuenta nuestras declaraciones. Nosotros denunciamos los apremios ilegales por parte de la policía. La fiscal nunca arbitró los medios necesarios para comprobar eso, lo cual la deja como una cómplice de esta situación”, declaró José Kobak al portal de prensa Obrera.

La liberación de los detenidos se produjo ocho días después de lo sucedido.  Para ello desde el PO se presentó un habeas corpus, que fue rechazado, y un pedido de eximición para los acusados. “Vamos a avanzar, querellar y hacer todas las acciones judiciales contra los responsables de esto. A la luz de los hechos de cómo fuimos reconstruyendo lo que pasó esa noche, aquí está metida la policía, la gendarmería y la brigada. Creemos que es una provocación en regla contra nuestros compañeros”, afirmó José Toro.

“En ningún momento pude hablar con mi familiar detenido. No supimos nada. Es vergonzoso todo lo que pasó y nos sentimos muy impotentes. Toda la familia está muy angustiada por la manera en la que se lo llevaron. Mientras tanto los culpables están afuera”, dijo la hermana de uno de los militantes que estuvo detenido dejando en claro que esto forma parte de la impunidad que otorga libertad a los responsables reales. Por eso Toro, en representación del Partido Obrero, concluye que “dejar pasar este atropello es encubrir el fraude generalizado del 23 y sería un antecedente muy negativo para el resto de las luchas y los movimientos populares de la provincia”.