Noemí Gallardo, ‘Mimí’, no puede ocultar su impotencia. Su tristeza, mucho menos. Hace más de nueve meses que su hijo, Emanuel Gallardo, murió en una celda de la Regional Norte de Yerba Buena y la causa no tiene ningún avance. “Hoy por hoy estamos en cero y veo que todas las puertas se están cerrando. No quieren que la causa avance”. Ariano Biza murió el mismo día, en las mismas condiciones. Ese 29 de junio de 2015 sus familias empezaron a transitar los “laberintos judiciales”, tal como ellas mismas lo describen. Denuncias de corrupción, complicidades judiciales y policiales, persecución y tortura componen el entramado de este laberinto.

Emanuel Gallardo era de El Colmenar; Ariano, de Yerba Buena. Ambos llevaban 10 días presos. Eran jóvenes, de barrios humildes y compartían celda en la Regional. Los dos murieron en esa celda, estando bajo la responsabilidad del Estado. “Ariano ya tenía firmada la libertad, no debería haber estado ahí”, cuenta Paula, su cuñada. Emanuel estaba preso por una causa armada, denuncia su madre. Las irregularidades que rodean la muerte de los chicos son muchas y las respuestas de la justicia prácticamente nulas. A nueve meses, las familias no cuentan con los certificados de defunción y la información que tienen no es certera. “Todo son dimes y diretes, al final no sabemos qué hay y qué no porque no nos muestran nada. Nos niegan el derecho de tener información sobre la causa”, dice Paula.

El año pasado, según relatan, se debería haber efectuado la reconstrucción del hecho, una pericia que puede llegar a dar algunas pruebas o indicios de lo que sucedió ese día. La misma debe ser realizada por expertos que no formen parte de las fuerzas policiales de la provincia debido a que es esa misma fuerza la que está involucrada. La Fiscalía V, a cargo del doctor Washington Navarro Dávila, es la que tiene a cargo la causa. Según la información que las familias pudieron obtener esta pericia no se realiza aún porque la Corte Suprema de la provincia no libera fondos para llevarla a cabo. A esta situación, en sí misma inexplicable, se suma el hecho de que la celda en la que se produjo el incendio está completamente remodelada.  “En la Brigada ya han hecho modificaciones de la escena, han creado una puerta de emergencia que antes no existía, han pintado las paredes. O sea, han modificado todas las pruebas del lugar donde fue el hecho”, cuenta Silvina Pereda, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que acompaña a las familias en este proceso. “La reconstrucción es una farsa”, sentencia Mimí.

Desde que todo esto comenzó, cuentan, han declarado unas seis personas. Lo que se pudo reconstruir de los relatos es que los que abren las celdas son los motoristas, que no pertenecen al cuerpo de policías que tenía a cargo la seguridad de los jóvenes, y los bomberos que pudieron ingresar. “Entre el cuerpo de bomberos y los motoristas hay un montón de testigos que nunca fueron llamados a declarar. Las declaraciones de los bomberos son muy importantes. Hablan de la densidad de humo que había, que da cuenta de un fuego que no duró dos segundos, sino que tuvo que desarrollarse durante mucho tiempo y que demuestra que durante todo ese tiempo la Brigada no hizo nada para resguardar la vida de los chicos”. En este sentido, Paula contó que su familia denunció al fiscal Diego López Ávila, de la fiscalía IV, que estaba de turno cuando los jóvenes murieron. Según argumenta la familia Biza, López Ávila fue avisado del incendio y no actuó en consecuencia. “Los chicos estuvieron tres horas encerrados y él nunca dio la orden de que se abriera la reja”, relata Paula. Esta es una de las circunstancias que trabó el proceso judicial y a nueve meses la causa no tiene avances y, mucho menos, imputados.

La confianza depositada en un principio en la fiscalía de Navarro Dávila se va diluyendo y las sospechas que tienen las familias de Emanuel  y de Ariano de que se tejen complicidades y corrupción van ocupando el centro de la escena. “Para mí ellos no tienen intención de imputar a nadie, por más que digan que sí van a imputar. No tienen intención que se resuelva la causa. Aparte de la muerte de los chicos se pueden destapar cosas que se venían sospechando de la Brigada Norte que es que a los chicos los sacaban a robar. La Brigada siempre hizo eso. Mi hijo por teléfono me dijo ‘éstos, mamá, quieren que vaya a robar para ellos’. Todo esto el fiscal lo sabe porque yo se lo dije”, denuncia Mimí.

Iniciar causas contra la policía implica muchos peligros pero la búsqueda de justicia no detiene a Mimí, que sabe mucho de enfrentarse a esta institución. “Después de la muerte de los chicos, cuando nosotros empezamos a hacer las movilizaciones, hemos tenido una persecución tremenda”, cuenta. Según relató a uno de sus hijos la policía lo secuestró, “lo llevan a un descampado pasando Las Talitas, lo torturan hasta quebrarle una pierna”. Contó además que a otro de sus hijos un policía lo apuntó en la cabeza y le dijo: ‘vas a terminar igual que tu hermano’. Esto sucedió después de que presentaran un habeas corpus que permitió que declararan algunas de las autoridades policiales que estaban a cargo el día del incendio. “Todo esto está denunciado. Nadie hizo nada”.

En este ‘laberinto judicial’ que Mimí describe y que supera cualquier ficción, también tuvo participación la fiscalía III, de Carmen Reuter. La propuesta de esta fiscal para atrapar in fraganti a los policías que, según denuncia la familia, pidieron dinero para liberar a los hermanos Gallardo, no dio resultados. “La fiscal ¿qué hace?, en vez de llevar la gente de la fiscalía, lleva a la policía. Al comisario Luna, a Brito, gente de su entera confianza”, recuerda Mimí. El dinero que la familia Gallardo había logrado reunir nunca apareció. Reuter no dio explicaciones. “Por miedo a lo que le suceda a mi hijo Marcos (que se encuentra privado de su libertad) no le inicié un juicio. Pero yo le tengo que iniciar acciones”, asegura.

La administración de la justicia parece conformar laberintos difíciles de sortear, en los que se pierden siempre los mismos. Paula y Mimí dan vueltas por corredores de un sistema que las desalienta, como si estuviera pensado para desgastarlas hasta agotar todas sus energías.  Aunque la salida todavía no se vea, la denuncia de las complicidades entre las fuerzas policiales y la justicia, logró visibilizar una realidad de la que ninguna autoridad se hace cargo: una situación carcelaria contraria a cualquier declaración de derechos humanos reconocidas por las leyes argentinas, otro oscuro laberinto.