Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. El número 12 en la provincia. Es la primera parte del cuerpo más abundante, la megacausa Operativo Independencia. Los datos numéricos son contundentes: 270 víctimas, más 1400 testimonios, más de 700 testigos en sala, 20 imputados. Un juicio que llega a 41 años de iniciado lo que se puede denominar la antesala del genocidio. Un juicio que tiene en sus particularidades sus propios desafíos.

“El  juicio por el Operativo Independencia es el primero que se organiza no por centros clandestinos ni por víctimas o personas particulares, sino teniendo en cuenta un plan de ocupación territorial”, decía Carolina Frangoulis, miembro de H.I.J.O.S., en la charla abierta “Operativo Independencia: la antesala del genocidio va a juicio”, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras. Ocurre que los once juicios anteriores fueron por causas particulares, como por ejemplo la desaparición de Vargas Aignasse, Germán Cantos, Juan Carlos de Benedectis, entre otros. O por los centros clandestinos como los que funcionaron en la ex Jefatura de Policía, el Arsenal Miguel de Azcuénaga o incluso en el mismo penal de Villa Urquiza. El último juicio realizado en 2014 fue por la actuación durante el terrorismo de Estado del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, quien finalmente resultó condenado. Pero este, el décimo segundo, como se dijo antes, tiene no solo la particularidad de una provincia ocupada por las fuerzas armadas, sino la de haberse llevado adelante antes del golpe de Estado de 1976 y de haber sido ordenada por decreto de un gobierno constitucional.

La ocupación territorial

El decreto presidencial de Estela Martínez de Perón, Isabelita, como fuera conocida, se presentó oficialmente como parte de la “lucha antisubversiva”. De este modo, la erradicación de la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, brazo armado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue la excusa para un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de los pobladores del territorio tucumano. “El desafío es mostrar que el territorio provincial fue tomado por una fuerza de ocupación que tuvo el control territorial de la provincia”, explicó la abogada Julia Vitar en otra charla brindada el martes 3 de mayo. “Mostrar que en el caso de Tucumán no estamos hablando de algunas partes de la provincia donde existió algún centro clandestino de detención sino que estamos hablando de una ocupación en la cual las personas que vivían en cada una de las localidades vivían una situación de vulneración de sus derechos: allanamientos ilegales, visitas y controles diarios, impedimento de circular libremente, se les exigía tener un carnet para poder moverse en determinados lugares y horarios”, explicó la ex querellante en juicios por delitos de lesa humanidad.

Esa ocupación militar del territorio tucumano, principalmente de las localidades del pedemonte al sur de la capital de la provincia, implicó la instauración del terror con los secuestros, la desaparición forzada de personas y la liberación de algunos secuestrados. “En el Operativo Independencia la mayor cantidad de víctimas son sobrevivientes, lo cual da cuenta de lo terrible, porque son los que evidenciaron, ya en aquel momento, el terror que significó haber estado bajo el dominio de los genocidas”, destacó Vitar.

Reivindicación de la militancia

Otro de los desafíos es dejar claro que lo que existió en Tucumán fue un plan sistemático de violación de derechos humanos y desaparición de personas sin invisibilizar la militancia y los ideales que movieron a miles de jóvenes a tomar una posición política y una decisión organizativa. Así lo expresó Julia Vitar, quien además es magister en Derechos Humanos y Políticas Públicas: “Es una situación que existió, que era real, y que involucraba a personas que habían decidido, en un momento histórico determinado, que no tiene nada que ver con la coyuntura política hoy, con nuestra forma de pensar hoy, con nuestra  forma de hacer política hoy, que la lucha armada era la única forma viable de llevar adelante un cambio radical en nuestro país”.

La represión tuvo, explicó la abogada, un objetivo mucho más profundo: generar terror en la sociedad, romper los vínculos de solidaridad, hacer añicos cualquier intento de organización social. Para ello era fundamental generar desconfianza en los otros. “Pero el Operativo Independencia tenía como objetivo principal terminar con esta organización”, insistió una y otra vez Vitar. Los años que le siguieron al golpe de Estado, la vuelta a la democracia y el inicio de lo que se conoció como el Juicio a la Juntas, analizaron los crímenes cometidos durante la última dictadura militar con la mirada de lo que se llamó la teoría de los dos demonios. Por muchos años se sostuvo, como voz oficial, que el Estado, con todas las fuerzas armadas (el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, la Policía Federal, las Policías provinciales) tenía la misma responsabilidad que las organizaciones armadas guerrilleras. Los crímenes perpetrados bajo el mando del Gobierno Militar eran evaluados como excesos en el marco de una supuesta lucha, de igual a igual, contra la subversión.

Entender que no hay equiparación entre el accionar de un Estado y las organizaciones armadas, que no hay igualdad de responsabilidades, que existió un plan sistemático, llevó su tiempo. Y reconocer que ese plan se empezó a implementar mucho antes del golpe de Estado, llevó más tiempo todavía. Porque ese discurso y ese terror, hicieron que muchos nieguen los ideales militantes de las víctimas. “Este es nuestro desafío, demostrar que no hay justificación para el Operativo Independencia sin borrar el registro militante de las personas que han estado participando en esos años”, sostuvo Vitar.

El juicio inicia este jueves 5 de mayo. Cada jueves y viernes, a las 9.30 habrá una cita con la memoria. Una memoria que se busca construir desde la Justicia. Nuevamente el Tribunal Oral Federal, en la esquina de calles Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, será el espacio donde remanecerán las historias. 270 víctimas. 270 historias contadas por más de 1400 testigos.