“En el año 1963 Tucumán sufre una de las primeras intervenciones militares”, comenzó declarando la doctora en Historia, Silvia Gabriela Nassif. “Tucumán sufre”, dijo en aquel momento mientras empezaba a hablar de una investigación realizada para su tesis doctoral. El objeto de estudio de “Las luchas obreras tucumanas” fue la clase obrera azucarera de esta provincia donde la actividad económica más importante era la agroindustria azucarera. “La clase obrera ha sido un objeto negado, ocultado por la historia en general”, dijo más adelante al señalar que no se puede reducir los conflictos sociales de aquel período a la lucha armada emprendida por algunos grupos políticos.

Silvia Nassif, que actualmente se encuentra viviendo en Buenos Aires, es una tucumana que fue citada a declarar como testigo de contexto en la megacausa Operativo Independencia. La sala de audiencias donde se juzga el accionar de 19 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos antes del terrorismo de Estado se convirtió con su llegada en una especie de aula magna. Ante la escucha atenta de jueces, abogados, imputados, prensa y público, la historiadora se dispuso a hablar sobre los conflictos que sacudían la provincia entre las décadas del 60 y el 70. “¿Me permite sacar mis anotaciones?”, le dijo al presidente del tribunal y entre risas ahogadas se escuchó murmurar algún que otro chascarrillo. Había sacado de su bolso una sorprendente cantidad de hojas anilladas (unos 10 centímetros de alto tendría aquel 'cuadernillo') que resultó ser su tesis. Las anotaciones estaban en unos papeles sueltos que apenas si consultó eventualmente.

“Tucumán sufre”, fue de la primera oración dicha por Silvia, la expresión que más llamó la atención de esta cronista. Si bien no la volvió a repetir textualmente, el concepto, la idea, apareció todo el tiempo en este y en otros testimonios. En 1963 Tucumán ‘sufrió’, de la mano de la intervención militar al mando de Juan Carlos Onganía, el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros que existían hasta ese momento. “Este proceso de concentración monopólica de la industria azucarera en detrimento de algunos empresarios también produjo la eliminación de 50 mil puestos de trabajo”, sostuvo la historiadora. “Produjo también el empobrecimiento de pequeños y medianos productores cañeros y una verdadera sangría demográfica que implicó que 200 mil tucumanos tengan que retirarse la provincia”, añadió al listado de consecuencias de una medida que recién empezaba a dar sus primeros 'frutos'.

Dos años después, en 1965, la crisis en esta agroindustria fundamental para la provincia de Tucumán se agudizó y con ello las condiciones sociales y económicas empeoraron exponencialmente. “En el año 65 hay una crisis de producción, los industriales adeudaban más de tres meses de salario. La dictadura de Onganía, con su política de racionalización económica y de modernización, lo que hace es producir la concentración monopólica de la producción”, detalló Nassif y dio ejemplos concretos de esa concentración. “El ingenio que más se beneficia es el ingenio de Concepción”, aseguró y los números que citó la respaldaron categóricamente. “En el año 73 se produce un 25% más de lo que se producía en 1965, nada más que con 11 ingenios menos”, dijo y agregó que a los obreros despedidos de los ingenios cerrados se sumaban la disminución de puestos de trabajos en los 16 ingenios que aún continuaban funcionando. Lo que ocurrió fue que la implementación de las nuevas tecnologías solo vino a aumentar la desocupación, ya que, según señaló Silvia Nassif “una máquina reemplazaba a 270 obreros”.

Ante tamaña crisis, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (FOTIA) fue cobrando cada vez más relevancia. La organización de los trabajadores se empezó a hacer sentir con más fuerza. Las reivindicaciones laborales incluían la reapertura de los ingenios y la búsqueda de soluciones ante la pérdida de puestos de trabajo. “La FOTIA propone un programa que consistía en la nacionalización o la estatización de la industria azucarera, la expropiación de tierras y diversificar la producción”, explicó la doctora en Historia. “Habían hecho un estudio en el cual observaban que había 100 subproductos del azúcar que no se estaban realizando. La propuesta era desarrollar eso a través del INTA y de otras instituciones para paliar la falta de trabajo”, contó.  “Los obreros peleaban por la reapertura de los ingenios, que no haya más desplazamiento de la mano obra y si bien estaban en contra de la máquina que estábamos hablando, llegaron a conclusiones muy interesantes como decir que el problema no era la máquina sino quienes obtenían los beneficios de esas máquinas y del trabajo de los obreros”, agregó. Los obreros organizados con objetivos cada vez más claros y con propuestas cada vez más concretas se fueron convirtiendo en una amenaza a ciertos intereses. “Lo que se trata de hacer en ese período es disciplinar a la clase obrera” respondió Silvia cuando se le preguntó si había algún vínculo entre las acciones de las Fuerzas Armadas durante el Operativo Independencia y estos movimientos populares. “Disciplinar en función de poder llevar a cabo políticas en beneficio de ciertos sectores empresarios” sostuvo y aclaró que “en ese sentido la clase obrera tenía un alto grado de participación política y también un alto grado participación en las decisiones en las fábricas”.

Silvia Nassif fue una de las investigadoras que trabajó en el informe sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. “Observamos que del conjunto de víctimas de 1974 en adelante del ingenio Concepción, el 40% tenía un cargo en la comisión directiva o en el cuerpo de los sindicatos. En el caso del ingenio Fronterita, la mitad de las víctimas ha tenido relación gremial directa con el sindicato”, señaló al responder si había algún dato que dé cuenta de que el ‘disciplinamiento’ estaba dirigido a la clase obrera con actividad sindical.

‘Tucumán sufrió’ por aquellos años la instauración de un régimen que buscaba sembrar el terror, romper los lazos organizativos y cualquier acción colectiva que lleve a enfrentar la consecuencia devastadora del cierre de los ingenios y la concentración de los capitales. Algunos datos de la desocupación imperante, por más significativos que parezcan, no son muestra acabada de lo que realmente ocurría. “Muchos de los obreros, sobre todo los del surco, el que estaba registrado y recibía el salario era el hombre ‘jefe de familia’” explicó Silvia. “Pero en realidad trabaja toda la familia, incluso niños que dejaban de ir a la escuela para ayudar a sus familias”, agregó y como quien se apura para que no la interrumpan dijo: “Este dato es importante porque cuando se habla del cierre de once ingenios azucareros y se habla de 50 mil puestos de trabajo son muchas más las personas que dejaron de trabajar porque, tengamos en cuenta, que se habla de 50 mil puestos registrados”. Las mujeres, los niños, incluso los jóvenes que no eran jefes de familia también quedaron desocupados aunque no figuren en las estadísticas.

Los datos numéricos son avasalladores. Pero lo que Tucumán sufrió por aquellos años no solo se cuenta en números. “Esa crisis tuvo otras manifestaciones sociales como ser el hambre”, indicó Silvia Nassif.  A la par que las ollas populares se convirtieron en una manera de reclamar y afrontar la falta de pan, otras consecuencias aparecían provocando más dolor.  “El crecimiento de la mortalidad infantil”, mencionó Silvia y agregó “sobre cada 1000 nacimientos morían 75 niños”. Casi sin respirar arrojó más estadísticas: “Alto grado de analfabetismo, la deserción escolar del 75%, en las zonas rurales llegaban al 90%”.  

A cada afirmación, a cada conclusión, a cada detalle de una realidad que no se cuentan en los libros de Historia Tucumana, Silvia Nassif le ponía la contundencia de los números. Las promesas de un crecimiento industrial con el cierre de los ingenios y el discurso de un sistema económico que traía bienestar a los pobladores se hicieron trizas ante esos datos. “El argumento que se utilizaba para el cierre de los ingenios era que iba a haber producción industrial, mayores fuentes de trabajo, una diversificación agraria. Pero un ejemplo concreto de que eso no fue así fue el caso de la textil Escalada”, dijo la mujer que le dedicó los últimos diez años de su vida a investigar las luchas obreras. “El ingenio de Los Ralos tenía una población obrera de 2200 obreros y la textil solo contrató 120 obreros”, ejemplificó. Esa fuente de trabajo que ni siquiera pudo absorber la mano de obra desocupada terminó cerrando a los dos años de funcionamiento. “Los obreros que habían perdido dos veces el trabajo en el año 72, producto de la resistencia obrera, consiguen que se reabra la textil Escalada. Muchos de esos dirigentes y obreros han sido desaparecidos”, concluyó.

“Había que disciplinar”, había dicho Nassif en su rol de testigo de contexto. Disciplinar a un pueblo que buscó organizarse y resistir. Disciplinar al pionero de las puebladas, esos levantamientos populares que, según explicó la historiadora, comenzaron en la localidad de Bellavista en enero de 1967. Disciplinar a esos ciudadanos que en 1969, 1970, 1972 tomaron las calles y ya no eran solamente ellos. Cuando el movimiento estudiantil también se hizo visible no quedaron dudas que había que disciplinar a cualquier precio. La guerrilla en el monte tucumano, el brazo armado de las organizaciones políticas, fue la excusa oficial. El testimonio de la doctora Silvia Gabriela Nassif demostró que esa excusa no da cuenta de que los conflictos sociales eran mucho más profundos y que no se trató de patriotas de un lado y extremistas del otro. La exposición clara, extensa y contundente quizás pueda caracterizarse como magistral. Sin embargo no es esa la palabra que más acabadamente la define. Tal vez porque lo que se abrió paso en la sala de audiencias, aunque pudo parecer una clase, llegó con el peso de una verdad que algunos prefieren olvidar.