Un año pasó desde que Ariano Biza y Emanuel Gallardo murieron en una celda de la Regional Norte de Yerba Buena. Dieciocho jóvenes hacinados, un incendio que no fue controlado y una puerta que no se abrió. Ese era el panorama cuando llegaron los bomberos que luego declararían "si llegábamos más tarde morían todos". Pudieron sacar a los 18 chicos que estaban en la celda. Jóvenes que estuvieron unas dos horas respirando humo, según declaraciones que los familiares pudieron recabar. Pero era tarde para Ariano y Emanuel. Ambos murieron en el lugar. Sus cuerpos fueron entregados a los familiares horas después. El 29 de junio de 2015 fue el día en que los chicos faltaron. El día en que sus familias empezaron a transitar el duro camino en búsqueda de justicia.

Hace aproximadamente dos meses, este medio publicó un artículo donde Mimí Gallardo, mamá de Emanuel, y Paula, cuñada de Ariano, explicaron esos laberintos judiciales en los que se encontraban. La situación no ha cambiado. La causa sigue sin tener avances. "No se ha llamado a declarar a nadie más. Está parada porque tienen que hacer la reconstrucción de los hechos y la provincia no quiere liberar los fondos para hacerlo", contó Paula con la misma indignación de hace unos meses atrás. "Hemos hablado con el fiscal (Washington Navarro Dávila) y nos dijo que escapa de sus manos porque la provincia no quiere liberar los fondos. Se necesitan diez mil pesos nada más", y con eso dejó claro lo absurdo de la situación. En una entrevista anterior, Mimí y Paula dijeron que la reconstrucción seguramente sería inútil porque según pudieron comprobar el lugar estaba completamente remodelado. "Le hicieron una puerta de emergencia. Decime, ¿qué celda del mundo tiene una puerta de emergencia?", contaba en aquella oportunidad Paula. 

Después de la muerte de los chicos, los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni presentaron un habeas corpus para conocer las condiciones de detención en las comisarías e intimaron a que se presente un plan para que las personas privadas de su libertad sean alojadas en lugares con condiciones óptimas. El ejecutivo no dio demasiadas respuestas. La construcción de una alcaldía en el penal de Villa Urquiza y el traslado de presos en comisarías a este lugar fue la 'solución' que se brindó. "Se sigue alojando en las comisarías y están llenas. Los plazos no los han cumplido", denunció Paula. Todo parece indicar que no hay voluntad política para que haya una transformación de las condiciones en contextos de encierro. Una ley de contravenciones declarada inconstitucional en el año 2010 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la no reglamentación de la ley provincial 8.523 que establece la creación de un organismo de control de las condiciones en los lugares de detención dan cuenta de esto.

La construcción de un discurso que tiende a legitimar o justificar estas situaciones parece central para sostener una realidad que atenta contra los derechos humanos. Basta pensar en las declaraciones del comisario Cuellar horas después de la muerte de Ariano y Emanuel. "Eran personas de frondoso prontuario", decía sobre los chicos de 20 y 22 años que murieron asfixiados en una celda de comisaría. Como si esto fuera motivo para no dar la orden de abrir las puertas de la celda. El derecho a la vida por debajo de otras prioridades de las autoridades policiales. "Si mi hijo tenía una deuda con la Justicia, ya la había pagado", decía Mimí sobre Emanuel en la entrevista brindada hace unos meses. Y es, precisamente, ese discurso legitimador, que se vuelve estructural, el que hace decir a una madre, desde su dolor, que su hijo no le debía nada a la Justicia. Ese discurso perverso que hace que las víctimas deban esforzarse por sentir que no merecían lo que les pasó. Ese es el discurso que sostienen desde los lugares de poder.

Pero si hay algo de lo que saben los sectores más vulnerables de la población es de lucha. Al poder, desmoralizante y perverso en muchos casos, se lo combate con lucha. En la calle, en los pasillos de tribunales, en los medios de comunicación. Mimí, Paula y el resto de los integrantes de las familias de Ariano y Emanuel están convencidos de esto. Y por eso, a un año de la muerte de los chicos, salen a la calle para decir que no han olvidado y que son muchos defendiendo los derechos que les negaron hace un año a estos dos jóvenes. Por este motivo, el día miércoles 29 de junio realizarán una marcha desde tribunales penales de Sarmiento y Laprida hasta Plaza Independencia. La convocatoria es a las 17 y tiene por objetivo exigir el avance de la causa que traiga justicia por Ariano y Emanuel y la separación del cargo e imputación del jefe de la Regional Norte Luis Mansilla, del comisario Cuellar y de toda la guardia de la Brigada Norte. "Eran dos chicos de 22 años que no les han dado ninguna oportunidad. El Estado es responsable. Lo único que hace el Estado es poner más policías y otorgarles el poder de controlar las detenciones en las comisarías. Lo que vamos a exigir es justicia, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de los chicos", contó Mimí y pidió que la sociedad la acompañe en este pedido de justicia.