Las voces de Raquel Zurita y Manuel Yapura reabrieron una herida de la historia argentina contemporánea: ambas víctimas del Estado compartieron sus historias y contaron lo que 40 años atrás fuera silenciado por el terror. Estos testimonios tuvieron lugar durante la primera mesa panel de la Jornada de reflexión sobre justicia y Derechos Humanos, organizada por el Departamento de Trabajo Social, la Cátedra de Trabajo Social y Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras y la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán.

El terror en democracia

“Me llamaron para decirme que se llevaron a mi hermana”, contó Raquel Zurita, “fue un procedimiento de lo más perverso y violento”. Los vecinos le dijeron que, aquella mañana de noviembre de 1975, un grupo de hombres armados agarró a patadas y trompadas a su hermana en la vereda del kiosco donde trabajaba y que “de los pelos la metieron dentro de un auto”. No supo más nada de ella ni de su hermano, quien había sido secuestrado en agosto de ese mismo año. Así, María Rosa y Néstor Zurita pasaron a engrosar la larga lista de desaparecidos por el Estado durante la democracia y continúan desaparecidos hasta el día de hoy. Por su parte, Manuel Yapura narró los horrores que sufrió en épocas de la creciente crisis social y económica que se desatara tras el cierre de los ingenios azucareros, de 1966 en adelante. Entre el 74 y el 75 fue perseguido por pertenecer a la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA): formó parte de listas negras de trabajadores y fue detenido en dos oportunidades. Con solo 17 años, Manuel fue sometido a terribles sesiones de humillación y tortura.

Cada jueves y viernes, testimonios como los de Raquel y Manuel se hacen oír en el Tribunal Oral Federal en el juicio Megacausa Operativo Independencia. Más de 1200 personas fueron llamadas para prestar declaración en el recinto, en el cual se enjuicia el accionar de 19 imputados en perjuicio de 271 víctimas. “El juicio empieza a gestarse como un conjunto de causas individuales, a partir de la iniciativa de familiares de desaparecidos de Tucumán quienes le proponen a la Justicia investigar de manera conjunta todos los hechos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976” señaló la abogada Julia Vitar, fiscala ad hoc de la megacausa y disertante en la mesa panel Testimonios, Memoria y Justicia en torno al Operativo Independencia. La letrada explicó que esta iniciativa era también una propuesta para organizar el enorme volumen de denuncias recabadas. De esta manera, la querella se dividiría en dos partes: por un lado, la comandancia del Operativo a cargo de Acdel Vilas entre febrero y diciembre de 1975; por otro, la dirección de Antonio Domingo Bussi, quien se hizo cargo de la operación a fines de ese año hasta el golpe de Estado del 76.

Julia Vitar relató los mecanismos que utilizaron las fuerzas armadas para hacerse con el poder en la provincia a partir del infame decreto 261/75 firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Vitar explicó que el Operativo Independencia significó el despliegue de miles de efectivos de las fuerzas militares, de varias provincias, en el territorio de Tucumán, a los que se sumaron gendarmería nacional y la policía federal además de distintas comisarías y dependencias policiales. La abogada comentó también que una práctica muy utilizada era “legalizar” el arresto de las personas: luego del secuestro de individuos, las fuerzas armadas recurrían al poder ejecutivo para que emitiera un decreto autorizando recién la detención y, de esa manera, darle un marco legal y constitucional al secuestro.

Estas son las complejidades que atienden actualmente los abogados querellantes en el juicio: el Operativo Independencia no sólo significó la detención, la tortura y la desaparición forzada de personas; sino también la ocupación de Tucumán y la militarización de la vida cotidiana de cientos de personas, sobre todo de las zonas rurales. Sobre lo último, Vitar sostuvo que el nivel de victimización que tuvo la población tucumana es incalculable. En un contexto en el que el debate sobre “si fueron 30000” está muy presente, la abogada refirió que “ni siquiera existe una cifra oficial de víctimas denunciantes del Operativo Independencia y de la dictadura” e insistió que es muy difícil asignar un número definitivo cuando existen casos de personas que fueron detenidas hasta diez veces.

La reparación histórica hacia las víctimas

La mesa panel Reflexiones en torno al trabajo de acompañamiento de testigos en juicios de lesa humanidad contó con la participación del Colegio de Psicólogos de Tucumán, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Centro Fernando Ulloa) y el grupo de apoyo a Madres de Plaza de Mayo. Durante la charla, se habló de la decisión política de garantizar el acompañamiento a las víctimas que prestan declaración cada semana ante el tribunal. El Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a los Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado funciona desde 2006 y busca instalar una red nacional de equipos de acompañamientos en juicios de lesa humanidad.

En el marco de la megacausa, este plan tiene como propósito generar un espacio de confiabilidad entre las víctimas, luego de tantos años de silenciamiento, miedos y ruptura de los lazos sociales. Los disertantes reflexionaron sobre los mecanismos psicológicos que ejercieron las fuerzas armadas sobre la población, especialmente de las zonas rurales, las cuales se encontraban aisladas y, por lo tanto, en situación de gran vulnerabilidad para pedir ayuda o realizar denuncias. Además, sostuvieron que el acompañamiento busca que el testimonio de la víctima, más allá de la inherente importancia jurídica, tenga también un valor subjetivo y un efecto reparador para esta persona, que vivió en carne propia el terror y el atropello de sus derechos.

Subjetividades, academia y justicia

Hacia el final de la jornada y frente a un auditorio repleto, las ponencias e intercambios se entrelazaron con emotivos recuerdos. Familiares recordaron las historias de Luis Falú y Juan Cantos, quienes secuestrados en los centros clandestinos cantaban a los otros detenidos para dar fuerzas.

En la última mesa panel del día se habló sobre la incidencia del ámbito académico en los juicios por delitos contra la humanidad. Santiago Garaño, investigador del CONICET, remarcó la relevancia de llevar adelante estudios históricos y antropológicos que posteriormente sirven para reconstruir el contexto en instancias judiciales. Por su parte, el arqueólogo Ezequiel del Bel habló sobre el trabajo de su equipo en el Pozo de Vargas, remarcando que “no sólo recuperamos cuerpos, también queremos reconstruir historias, subjetividades, dar cuenta del plan sistemático de exterminio”.

En la misma línea, el abogado Pablo Camuña, del Ministerio Público Fiscal, indicó la importancia de la producción académica sobre el Operativo Independencia. El abogado, quien se desempeña como fiscal general, remarcó que la investigación científica genera un mayor volumen de información que se suma a la ya existente y luego le sirve al tribunal a la hora de tomar una decisión. En sus palabras, “la sentencia tiene una legitimidad social muy importante, ya que le subyace la disputa sobre la verdad histórica de los hechos acontecidos”.

N. de la E.: Pablo Camuña es fiscal general, no querellante como se había señalado previamente.