Hace más de cinco meses Ana Reales lloraba la muerte de su hijo, Miguel Reyes Pérez. El accionar ilegal de los policías Mauro Navarro y Gerardo Figueroa dejó una familia destruida y un vacío que el tiempo no llena. “Él era la alegría de la casa”, sostiene Ana y recuerda cuando Reyes bromeaba con sus hermanas. Esa alegría se esfumó el 16 de enero cuando Reyes falleció por las complicaciones tras recibir disparos en la cara y un culatazo en la cabeza por el agente Mauro Navarro y el oficial Gerardo Figueroa, ambos imputados como coautores materiales del homicidio agravado, previsto en el artículo 80 del Código Penal, inciso 9.

La imputación de los acusados fue una gran noticia para la familia de Reyes y las organizaciones que integran la mesa de apoyo a la causa. Lo mismo pasó con el requerimiento de elevación a juicio dictado por la Fiscalía X, en los últimos días. Ese pedido llegó “con el sobreseimiento para Miguel por el delito que se le atribuía cuando lo matan”, según cuenta Florencia Vallino, abogada de Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). La tarde el 24 de diciembre, cuando los policías perseguían a Miguel por un robo en la zona, se inició una investigación mediante la cual fue citado a declarar mientras se encontraba en coma y con una guardia policial.

El pedido de elevación a juicio significa que existen una serie de pruebas que fueron recabadas durante la investigación preparatoria, las cuales hacen sostener, con cierto grado de posibilidad real, los hechos que se le atribuyen a los imputados. Así lo explica Vallino, quien destaca además que para la familia esta medida es “un paso más en una lucha que sigue siendo larga y que recién empieza. Es un paso importante, pero de acá tienen que suceder una serie de pasos procesales, lo cual no significa que ya mismo pase a un juicio oral. Estamos todavía lejos, pero es un paso significativo en el camino de búsqueda de justicia".

Ante el pedido de elevación a juicio, la defensa de los imputados puede presentar nulidades. Si esto ocurre, la fiscalía deberá resolverlo y, posteriormente, el expediente pasará al juzgado para resolver el requerimiento. Sin embargo, la principal medida legalmente sobre la que se trabaja es la incorporación de Andhes como querellante dentro de la causa. La participación de la organización dentro del proceso marcaría un precedente a nivel local, dado que en Tucumán no se reconoció a ninguna institución en este rol. Hasta la actualidad, en la provincia la querella está restringida a la víctima y sus familiares directos.

A nivel nacional uno de los precedentes más trascendental fue el rol como querellante que ocupó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el proceso por la desaparición forzada de Luciano Arruga. Su caso comparte con el de Reyes Pérez el accionar ilegal de agentes policiales, la violencia institucional y el gatillo fácil. “Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos otorguen ese rol de querellante institucional. Y entendemos que la legitimación de este pedido está acreditada en cuanto es una grave violación a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes policiales. Esto es una violación de derechos humanos y la defensa de esos derechos es consustancial a la misión de Andhes”, enfatiza Vallino.

Durante la jornada, el equipo de Andhes presentará el pedido ante la Fiscalía X. La respuesta se conocerá en los próximos días y se podrá saber si concretamente se aplica la figura legal, tal como lo dice el Código Penal de Tucumán.