La ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable se promulgó en Argentina en noviembre de 2002. Tiene como objetivo erradicar mitos, prevenir enfermedades y embarazos no deseados, y sobre todo educar a los ciudadanos acerca de salud y sexualidad. Así establece como objetivo “alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”. Este es el primer propósito del programa implementado hace más de 15 años, cuando aún no se hablaba de violencia de género ni se consideraba a los femicidios como figura legal. 

En Tucumán esta ley jamás se contempló y es la única provincia que no adhirió a estas metas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación. “Esta norma demarca una base para empezar a respetar los derechos sexuales de la población. Tucumán tiene la tasa más alta de maternidad adolescente del país y esa es una de las causas por las que nos organizamos para exigir al Estado provincial que adhiera a ella”, dice Luciana Gramaglio, abogada e integrante de la organización feminista Mujeres por Mujeres y Católicas por el derecho a decidir. 

Con la ley se implementa el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que trabaja sobre tres ejes: la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, la capacitación de efectores y las campañas de difusión para dar a conocer los derechos en materia de salud sexual. Los movimientos de mujeres de Tucumán consideran que la provisión de métodos anticonceptivos es una acción clave del Estado para garantizar los derechos femeninos, por eso reclaman al Estado tucumano la aplicación de la ley. 

El programa está destinado a la población en general e inscrito en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. Es decir que la educación sexual debe ser una responsabilidad obligatoria de quienes transmiten a los niños los derechos sobre su integridad y sobre sus cuerpos. “En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849)”, expresa la norma. 

Mujeres por mujeres, Católicas por el derechos a decidir y otras organizaciones de Derechos Humanos conformaron el Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva. Desde hace unos meses están en contacto con un grupo de legisladores y les exigen que contemplen la adhesión y posterior implementación del programa. “Nos dijeron que no conocen la ley y que su tratamiento implicaría pedir la opinión de la Iglesia. Todos sabemos la relación de la Iglesia con el Estado, pero aun así es impactante que sea un actor en la toma de decisiones políticas -explica Gramaglio-. También suponen que adherir a la ley es adherir al protocolo de intervención legal de embarazo, cuando no es así. Esto no tiene nada que ver con el aborto sino que busca que se dé información, que se den anticonceptivos para que no haya que llegar a esas instancias”.

La batalla por conseguir la adhesión comenzó el año pasado cuando la Mesa por la Libertad de Belén pidió a la ministra de Salud, Rossana Chahla, que se aprobara esa medida en la provincia. A raíz de los reclamos, las integrantes del Foro tuvieron una audiencia con una comisión de Salud de la provincia de la que participó la ginecóloga Adriana Álvarez, quien fue la coordinadora nacional del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable hasta hace unos meses. Allí Álvarez dio a conocer las cifras que dan cuenta del alto grado de embarazos adolescentes en la provincia. 

En los últimos años, la cuestión de género se impuso en la agenda política nacional. Sin embargo, mucho de lo que se debate y se promete por parte de los funcionarios no se concreta, y siguen sin respetarse los derechos de género. “Se conoce que en el resto del país hay un desabastecimiento del programa de salud sexual y no están llegando los métodos anticonceptivos, aunque en cada provincia se busca que se siga cumplimentando la ley. El hecho de que Tucumán tenga la tasa más alta de embarazos adolescentes muestra la urgencia de la adhesión y constituye un impedimento a la hora de conocer y tomar una decisión responsable”, comenta la abogada. 

Desde el Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva continuarán exigiendo la adhesión, y buscarán reunirse con nuevos bloques y despejar dudas a los legisladores para que entiendan la importancia de este programa. “Los derechos reproductivos son derechos humanos y que el Estado tucumano no esté cumpliendo con esta ley es una franca violación de ellos, sobre todo de los derechos humanos de las mujeres. Eso es violencia institucional”, concluye Gramaglio.