Después de 9 años de espera, de lucha y búsqueda este miércoles se conocerá la sentencia en la causa por el asesinato al comunero y líder indígena Javier Chocobar y las heridas provocadas a Emilio y Andrés Mamaní. El tribunal integrado por los jueces Wendy Kassar (presidente), Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli escuchará, a partir de las 9 de la mañana, las últimas palabras de los imputados para luego dar a conocer el veredicto. 

Darío Amín, Luis ‘el niño’ Gómez y Eduardo Valdivieso llegaron a este tribunal imputados por los hechos ocurridos el 12 de octubre del año 2009. Durante los alegatos, los abogados querellantes hicieron un pormenorizado recuento de las pruebas documentales y testimoniales que se produjeron a lo largo de las 13 audiencias que duró el debate oral y público. Al finalizar cada una de las exposiciones, los representantes de las querellas Julia Albarracín, Belén Leguizamón, Pablo Gargiulo y Carlos Garmendia, solicitaron la pena de prisión perpetua para Amín, al considerarlo autor material de los disparos que hirieron a las tres víctimas e igual pena para Valdivieso y Gómez por ser partícipes necesarios. Por su parte, la fiscal de cámara, Marta Jerez, solicitó 18 años para Darío Amín y 10 para los otros dos imputados entendiendo que actuaron como partícipes secundarios.  

"La única deuda que debería subsistir a este juicio es la deuda que tenemos como sociedad con los pueblos originarios", dijo al finalizar sus alegatos Julia Albarracín. La abogada estuvo a cargo de la acción civil y detalló los diferentes informes médicos y psicológicos en los que se da cuenta del daño físico, psíquico y moral que sufrieron cada una de las víctimas además de la manera en la que los hechos impactaron no solo en la familia directa sino de la comunidad toda. “Quiero dejar en claro que no solamente afecta a la familia sino a toda la comunidad porque la comunidad es una gran familia”, explicó Albarracín haciéndose eco de las palabras de Eduardo Nieva, abogado y cacique de la comunidad de Amaicha del Valle. “La comunidad es una cadena y estos hechos rompen un eslabón”, había señalado Nieva durante su declaración testimonial. “La realidad es que si se reconocen los daños a la familia de alguna manera se están reparando los daños hechos a toda la comunidad”, concluyó Julia Albarracín.

El asesinato de Javier Chocobar se dio en el marco de un conflicto territorial. La zona que Darío Amín reclama como propio fue relevada como territorio perteneciente a la comunidad de Los Chuschagasta en el marco de la Ley 26.150. Allí se encuentra ubicada una cantera de piedra laja que el imputado intentó explotar comercialmente. “De acuerdo al relevamiento técnico jurídico y catastral, el lugar de los hechos forma parte de una extensión más amplia que pertenece a la comunidad de Los Chuschagasta de ocupación actual, tradicional, pública y pacífica según consta en las pruebas”, señaló a su turno la abogada querellante Belén Leguizamón. La letrada explicó al detalle cómo se dieron los conflictos por el territorio: “La familia Amín aparece en la zona de El Chorro y de La Higuera amedrentando a la comunidad indígena y realizando actos de intimidación, de amenazas, incluso de explotación laboral en el año 1959 o sea hace casi 60 años”, detalló. Contrastando con lo expuesto por las defensas de los imputados, Leguizamón citó abundante prueba documental que da cuenta de que esta comunidad tiene una presencia en la zona desde tiempos inmemoriales. “Esta prueba acredita los métodos de explotación y de invisibilización al pueblo de Chuscha llevados a cabo a través de la historia y también los métodos de usurpación utilizados desde la colonia”, sostuvo la abogada que fue interrumpida por la presidente del tribunal. La jueza Wendy Kassar le pidió que se limite a hablar de los hechos ocurridos el 12 de octubre del 2009. Belén Leguizamón continuó con su contextualización entendiendo que su explicación constituye un importante antecedente en el que se enmarcan los hechos que el tribunal juzga.  

Los imputados, a lo largo de todo el debate oral y público, señalaron que se encontraban en sus casas. Luis Gómez llegó a decir que para él era como estar en el living de su hogar. “La comunidad acreditó su posesión y su propiedad de la tierra”, señaló Leguizamón citando un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación sobre un hecho vinculado a este conflicto sobre el territorio donde se ubica la cantera de lajas. “Ese territorio es de la comunidad y no del señor Amín como tanto se dijo acá, esto lo dice la cámara de casación penal así que difícilmente puedan decir que estaban en sus casas y mucho menos el imputado Gómez, que en ningún papel acredita su posesión sobre las tierras, puede sostener que estaba en el living de su casa”, remató la abogada querellante.

La presencia en la zona, aquel 12 de octubre, de Luis Gómez, vinculado al comando Atila a cargo del ex comisario Mario ‘el Malevo’ Ferreyra, y de Eduardo Valdivieso, quien fuera parte del Batallón 601, fue uno de los puntos sobre los que habló el querellante Pablo Gargiulo. El abogado se valió de las propias afirmaciones de ‘el niño’ Gómez como las de los testimonios presentados por su defensa. Todos habían hecho alarde del profundo conocimiento y pericia en el uso de las armas de fuego del imputado. “Amín va acompañado por Luis Gómez, no por sus conocimientos comerciales, sino por ser experto en armas”, sentenció Gargiulo. “Amín tenía al alcance de su mano la posibilidad de explotar la cantera de lajas, pero se le estaba yendo de las manos porque en el año 2009 se empezaba con el relevamiento territorial marcado por ley”, sostuvo al tiempo que explicó la necesidad de Darío Amín de ‘disciplinar’ a la comunidad de Los Chuschagasta.

Enumerando las pruebas producidas a lo largo de las audiencias, Pablo Gargiulo aseguró que los imputados, vanagloriándose de la impunidad de la que gozaban, fueron dispuestos a concretar un plan pergeñado con anterioridad. “Se armaron hasta los dientes”, dijo y enumeró las armas que llevaron. “Lo hicieron para aleccionar a la comunidad”, agregó. Entre las pruebas que citó Gargiulo está un mensaje de texto enviado por Eduardo Valdivieso a su hermano en el que dice “Hoy vamos a un operativo... me tiembla el cuerpo, pero confío en Luis (Gómez) no le cuentes a la mamá”. Para los abogados querellantes no queda duda que la intención de amedrentar a la comunidad con los disparos realizados fueron siempre parte de los planes de los imputados y fue por esta razón que Darío Amín fue acompañado por dos ex policías con un importante antecedente en prácticas represivas. 

Sobre la premeditación con la que se cometieron los hechos que le costaron la vida a Javier Chocobar y que les produjeron las heridas y las graves secuelas a Andrés y Emilio Mamaní profundizó Carlos Garmendia. "Se han puesto de acuerdo, los tres, para ir ese día a El Chorro y cometer los hechos que han cometido", aseguró Garmendia. Por esta razón es que los abogados querellantes no dudaron en pedir la máxima pena para los imputados. “El uso de las armas de fuego hablan de la premeditación. Uno no lleva armas si no decidió usarlas”, señaló el letrado. “Han decidido ese tipo de arma con ese tipo de munición, que es una munición de punta hueca y genera mayor daño”, detalló y reparó sobre el hecho que los imputados tenían las armas escondidas entre sus ropas. “La comunidad estaba empoderada”, advirtió Garmendia. “Y ellos quisieron intimidarlos y marcar quien manda”, concluyó.

Las defensas buscaron una y otra vez decir que la comunidad era la agresora. Que los imputados se encontraban rodeados y con sus vidas en peligro. Que ante ese escenario se defendieron porque se sentían amenazados. “Cuando lograron desarmar a Luis Gómez, tiraron el arma. No atinaron a usarla”, recordó Garmendia como evidencia de que los miembros de la comunidad que se encontraban presentes no buscaron agredir ni herir a los imputados. 

Ahora solo resta esperar estos últimos días para conocer la sentencia. La comunidad de Los Chuschagasta volverá a bajar a la capital tucumana y recorrer los más de 70 kilómetros de camino consolidado, de montaña, de difícil acceso. El pedido a las organizaciones y organismos sociales, partidos políticos y público en general es que los acompañen. Que los acompañen en este último tramo, en este pedido de justicia. Una justicia que se dilató una y otra vez. Una justicia que, aunque no entienda la cosmovisión de los pueblos originarios, su relación con el territorio y su propiedad colectiva, pueda entender que la vida humana vale mucho más que la propiedad privada.