No fue la primera vez que a Héctor Reyes Corvalán lo intentaron sacar de sus tierras en el paraje de Sucho Sampa, Santiago del Estero. El empresario Néstor Quesada y la policía de Santiago ya habían pasado por ahí dos veces y violentamente destruyeron su casa y le robaron los animales. Para la tercera vez Héctor ya no sabía qué hacer y encontró en la desesperación por defender su territorio un bidón de nafta y amenazó en prenderse fuego. Esto ocurrió el 12 octubre, cuando un oficial de justicia de Santiago del Estero y 10 policías llegaron con una orden de desalojo emitida por la jueza Cecilia Paskevicius. 

El papel judicial tiraba por el piso los 56 años que vivió Héctor en ese terreno. Allí nació y se crió junto a sus hermanos. Se dedicaba a criar vacas, chanchos y gallinas. María Rosa Frías, su esposa, hoy busca justicia porque la amenaza y muerte de Héctor no fueron suficiente. “Tenían que haberse retirado. Lo cual no pasó y siguieron el procedimiento hasta que se llegó a lo que pasó. Mi marido se termina prendiendo fuego, le tiran balas de gomas y lo maltratan, incluso después de estar quemado”, denunció. 

La familia no solo se quedó sin un integrante sino también sin el terreno que les permitía trabajar y subsistir. El desalojo se llevó a cabo a pesar de que Héctor tenía quemaduras de primer grado y que fuese derivado de urgencia a un hospital de alta complejidad en Tucumán. A los pocos días falleció y la Justicia de Santiago del Estero lo único que promete es que su muerte no quedará impune. Sin embargo, según denunció Nelly Véliz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), se espera el desalojo de otras 20 familias campesinas.  Véliz contó también que los empresarios llegan al campo con promesas de trabajo para la gente y les hacen firmar ilegalmente papeles para quitarles las tierras de forma fraudulenta. “Tenemos varios casos en poder de la jueza (Cecilia Paskevicius) y no sabemos cómo va a seguir actuando”, explicó. 

El hostigamiento a los campesinos de Suncho Sampa data desde el 2012, cuando apareció en el territorio el empresario de soja Néstor Quesada. Ese año y en complicidad con la Justicia pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. “A este empresario ya se le ha hecho carne de hacer desalojos así a varios campesinos porque ese empresario se adueñó de más de 30 mil hectáreas en el norte de Pellegrini, ilegalmente y sacando a la gente”, contó María Rosa.

El Mocase es una de las organizaciones que nace a partir de la vulneración de los derechos ancestrales y el avasallamiento de los terratenientes en complicidad con los gobiernos locales. Actualmente, al igual que la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, acompañan a la familia y no dudan en responsabilizar por la muerte de Héctor a Quesada al oficial de justicia Luis Scillia y a los policías que participaron del desalojo. 

María Rosa no tiene a su esposo ni las tierras de su familia, solo le queda la esperanza de que la muerte de él no haya sido en vano. Quizás la tercera vez que fueron a desalojarlos Héctor sí sabía qué hacer: defender sus derechos. “A Héctor lo llevó la impotencia, el saber que quizás no le van a dar los derechos porque no tiene plata. Lo obligaron a hacer lo que hizo, él estaba defendiendo sus derechos porque uno encuentra así la última forma de defenderlos”, agregó María.