“Nos están disciplinando. Jujuy es hoy el laboratorio donde se prueban las políticas de represión y disciplinamiento”, dice Néstor Mendoza, integrante de la agrupación HIJOS - Jujuy. Néstor habla de las persecuciones a los dirigentes sociales y a los militantes, de los hostigamientos y presiones en sus lugares de trabajo, de las detenciones arbitrarias. Néstor —o Pipo, como lo conocen sus compañeros— habla de la actualidad en su provincia mientras recuerda cómo fue la marcha del sábado por la ruta que une la localidad de Calilegua y la de Libertador San Martín. Una marcha que año a año busca no olvidar lo que pasó el 20 de julio de 1976. Esa marcha que este año quiso reivindicar la lucha de las mujeres de los pañuelos. La que sostiene firme el ‘nunca más’ a 42 años de lo que se conoce como el apagón de Ledesma.

“Ayer se utilizaba la excusa de la ‘lucha contra la subversión’ cuando su verdadero objetivo fue la población, implementando un plan sistemático de espionaje, persecución, tortura, apropiación y desaparición. Hoy se lo hace con lo de ‘la lucha contra el narcotráfico’”, dice Carolina Franguolis, militante de la agrupación HIJOS - Tucumán, al referirse al reciente anuncio del presidente de la Nación. “En ambos casos, el objetivo es el mismo: los sectores sociales empobrecidos que luchan por sus derechos y bienestar, convertidos en objetos de persecución, detenciones y cárcel”, agrega. Apenas un par de días después de la multitudinaria marcha por los apagones de Ledesma, el gobierno nacional anunció la reforma de las Fuerzas Armadas que permite su uso ante cualquier agresión externa y la intervención de los militares en tareas de seguridad interior. “Con las Fuerzas Armadas realizando funciones de seguridad interior se rompe con un consenso democrático que desde 1983 existía en nuestro país de no intervención del ejército para tal seguridad”, afirma Carolina entre enojada, preocupada y sin terminar de creer hasta dónde se llega con estas medidas.

42 años pasaron desde la noche en que la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua fueron sitiadas por la Policía de la provincia de Jujuy, la Policía Federal, el Ejército y la Gendarmería Nacional. Un corte de luz en simultáneo en los dos poblados, un apagón que no incluyó a la empresa Ledesma, la misma que en ese momento era la encargada de la distribución de la electricidad en la zona. 400 personas secuestradas que fueron trasladadas al centro clandestino de detención en los galpones del ingenio de las cuales 55 todavía permanecen desaparecidas. “No estamos hablando de una complicidad sino de una autoría en relación a los hechos que se llevaron a cabo en el apagón”, señala Julia Albarracín al referirse al rol que cumplió Carlos Blaquier, presidente del ingenio Ledesma desde 1970.

Albarracín es abogada, jujeña de nacimiento y militante de la agrupación HIJOS en la provincia de Tucumán, donde vive y milita en defensa de los derechos humanos y contra la violencia institucional. Estuvo presente en la marcha la semana pasada y desde una mirada más bien externa, por los años viviendo fuera de Jujuy, sostiene que “se sintió esta situación de persecución a la militancia en Jujuy”. Señala que, si bien es una de las marchas más importantes del país, que une los pueblos de Calilegua, el Talar y Libertador San Martín y a pesar de haber sido multitudinaria, no lo fue tanto como las de otros años. “La represión en abril dejó instalado cierto miedo en la población respecto a la participación política”, cuenta Néstor que apuesta por los espacios ‘más convencidos’ que sostienen la lucha en las calles. “La gente que no tiene activismo político le cuesta sumarse porque hay un temor muy fuerte. ¿Cómo van a salir a manifestarse si a los referentes de las agrupaciones los están deteniendo?”. Este fuerte mecanismo de disciplinamiento por parte del poder político, explica Néstor Mendoza, se vale del poder judicial y de las fuerzas represivas. Es inevitable pensar en la similitud que guarda con los mecanismos usados durante la última dictadura militar. Mucho más aún después de conocerse las reformas recientemente conocidas.

“En cada país en que se involucró a las Fuerzas Armadas, con la excusa falaz de luchar contra el narcotráfico, aumentaron las violaciones a los derechos humanos” afirma Carolina y ejemplifica con países como Brasil o México. “Conocemos bien los resultados de la colaboración de las Fuerzas Armadas en seguridad interior”, agrega y enumera: 30.000 desaparecidos, miles de presos políticos, miles de exiliados, 500 bebés robados, 500 centros clandestinos de detención. Terrorismo de Estado.

Salir a las calles se ha vuelto, en los últimos años, una constante semana a semana. Las marchas en defensa de derechos que quieren quitarse o en repudio a diferentes medidas en contra del pueblo, la memoria y la justicia se multiplican. Eso es lo que quiere disciplinarse. Jujuy lo viene viviendo hace un tiempo y, al decir de Néstor Mendoza, viene siendo una especie de laboratorio. Hoy, con esta reforma que le adjudica a las Fuerzas Armadas injerencia en la ‘seguridad interior’, y que se suma a otra serie de medidas en consonancia con políticas represivas, exige que la lucha por el ‘nunca más’ se haga más fuerte, más firme y más enérgica todavía para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a las calles.