Esperanza es la palabra que tienen en común Audolio Chocobar, Delfín Gerónimo y Belén Leguizamón cuando hablan de lo que será el juicio por la muerte del comunero Javier Chocobar, a casi 9 años de su asesinato mientras defendía el territorio que habitaba ancestralmente su comunidad, Los Chuschagasta. Audolio, 'Chanito' como le dicen todos, es uno de los hijos de Javier y desde el 12 de octubre del 2009 busca justicia para su papá. “Esperamos tener una vida tranquila, sabiendo que los asesinos estos estarán en la cárcel y por fin mi padre pueda descansar en paz”, se atreve a decir. Es que los imputados están en libertad y durante años la comunidad denunció amenazas por parte del terrateniente Darío Amín y los dos ex policías Humberto 'el niño' Gómez y José Valdivieso.

El hostigamiento fue denunciado durante el proceso y se espera que sea un elemento fundamental en el debate que inicia mañana a las 9 horas en la Cámara Penal - Sala IV. “Estamos sorprendidos y conmovidos, porque es algo que veníamos solicitando, esto es algo en lo que tenemos que poner todas nuestras fuerzas y dedicación para que salga todo posible”, explica Belén Leguizamón, una de las abogadas de la causa.

El día que Chocobar fue asesinado otras tres personas resultaron heridas, entre ellas Andrés y Emilio Mamaní. Por ello en el juicio también se juzgará el homicidio en grado de tentativa en contra ellos. Según cuenta Belén, lo que se busca es que el debate sea favorable para las víctimas y que las familias de Javier, Andrés y Emilio tengan una respuesta de la Justicia de una vez. No es casualidad que pasaran 9 años y el juicio sea hoy una realidad. “Esperamos que esto represente una reparación para toda la comunidad en general, porque sabemos que este asesinato, que ha sido tan cruel y lamentable, se dio en un contexto en el que las comunidades indígenas reclaman por su derecho al territorio”, sostuvo.

Aquel 12 de octubre Javier defendía su territorio junto a sus hermanos; estaban en la cantera de piedras lajas cuando los empresarios llegaron con armas y los amedrentaron. El fiscal de la causa determinó que tanto Amín como Gómez y Valdivieso tuvieron una participación activa y premeditada; y que ninguno de los tres imputados poseía un permiso para portar armas de fuego.

“Es un alivio, tanto para la familia como la comunidad, puesto que son casi nueve años de lucha y buscando justicia por nuestro hermano muerto. Esperamos que la Justicia sea coherente al tomar sus decisiones”, explica Delfín Gerónimo, de la comunidad de Quilmes y miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita.

SI bien el juicio deviene de una investigación penal sobre el asesinato de Javier, representa una bisagra en la lucha de las comunidades originarias del país. Es la oportunidad para que la Justicia reconozca el contexto que acompañaron los hechos y se haga cargo de que su ausencia deviene en situaciones extremas como la muerte de los comuneros.