* Por Mario Quinteros y Santiago Camuña

Durante los primeros días del juicio, se advierten varios elementos que hacen a cuestionar el real acceso a una real administración de justicia, que sea realmente plural, igualitaria y diversa. El tribunal no habla el mismo lenguaje que quienes desfilaron como testigos y víctimas en las primeras jornadas, pero lo que es central (porque no podríamos pedirles eso en rigor de verdad), es que no tienen voluntad de hacer lugar a los modos. Intervenciones como “Hable más fuerte, acérquese al micrófono”, “¿Cómo? No se le entiende, repita”, que apuntan a las formas, se mezclan con otras ideas de fondo. “No entiendo a qué se refiere con comunidad”, preguntó una de las abogadas defensoras, por poner sólo un ejemplo.

El contexto real, social y político en el que se da el asesinato de Javier Chocobar es el eje de esta causa, que no es policial a pesar que salga en esa sección en algunos diarios. En términos de racialidad (utilizado a propósito, aunque el término no se use desde la perspectiva de los derechos humanos), en términos de justicia, en términos de visibilización de lo que hace casi quinientos años (475, desde que Diego de Rojas invadió la provincia), ocurre en el territorio que actualmente llamamos Tucumán: la opresión, la invisibilización de los/as comuneros/as de la montaña, el dar por naturalizado que esos otros, esos nadies, no tienen ni siquiera derecho a ser diferentes. Con esta negación se cierra la posibilidad de administrar una real justicia aceptando la diferencia.

Difícilmente los miembros del tribunal puedan dimensionar la magnitud real del contexto general de quienes protagonizan en esa sala de tribunales, lo que se dirime en términos de intereses. Ni la fiscalía, ni tampoco la defensa de los asesinos, en la medida que la lente de sus propios prejuicios va acoplada a los intereses de sus defendidos.

Cuando los testigos, la familia, la comunidad de Don Javier Chocobar, recorren en estos días las decenas de kilómetros (a unas dos horas y con difícil acceso) para llegar a la conservadora y anacrónica ciudad de Tucumán, un tribunal miope en cuanto a observar la diversidad juega con sus giros y decisiones a favor de las estrategias de la defensa de los asesinos. Se lo vio cuando los tres jueces permitieron un “careo” entre un joven testigo de la comunidad indígena (familiar, y por lo tanto también víctima) y el imputado Valdivieso —que además, se sabe, fue policía (con vínculos con el comando Atila del Malevo Ferreyra) y enlistado como servicio de inteligencia de la dictadura en 1983, según constan en el listado de personas pertenecientes al batallón 601 que vieron la luz en 2010. Así las cosas, el testigo claramente se veía amenazado por el contexto en todas sus formas: tres jueces que lo obligaban a sentarse frente a frente al agresor de su comunidad. Una jueza y dos jueces y una fiscalía impermeables a este hecho de amedrentamiento, pues giraba en torno a acusarlo de falso testimonio. Hábilmente la defensa de los asesinos intentó señalar que lo que el testigo no se animó o no pudo decir siendo aquel niño de trece años (a 4 días del asesinato hace casi 9 años) en la masacre de El Chorro, difería de lo que sostenía en ese momento en la sala que puso en el centro de la escena a Valdivieso. Careos que además son anacrónicos, ya que las víctimas (son familia, pero sobre todo pertenecen a un Pueblo Indígena, es decir, siendo más precisos, a una cultura distinta) deberían estar protegidas por los protocolos internacionales de no revictimización que no se aplicaron en este caso.La certeza de la historia propia le dice que el hombre que tenía enfrente (el ex policía Valdivieso) es capaz de matar, lo demostró en su propia comunidad hace casi nueve años, cuando acompañaba y fue parte del ataque que asesinó a Don Javier Chocobar y dejó gravemente herido y con secuelas físicas graves al actual Cacique Andrés Mamaní, entre otros.

El inicio del juicio oral tuvo una nueva movilización de comunidades indígenas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que acompañan hace años la causa desde la mesa Justicia por Javier Chocobar. Estos casi 9 años de demora (el asesinato ocurrió el 12 de octubre de 2009) no se explican sólo desde el acceso a la Justicia sino desde intereses políticos, judiciales y económicos que operaron para que esta causa se extinga. Como no pudieron ¿apuntarán a que las condenas sean menores? No vaya a ser que no se pueda asesinar indígenas. Una doctrina del gobierno nacional que encabeza y defiende Patricia Bullrich, pero que hace años adhieren de hecho los gobiernos nacionales, provinciales y sus poderes en lo que respecta a políticas de territorios y extracción de recursos.

Quedan algunas semanas para la sentencia, pero todos estos relatos y exposiciones pasan a veces de manera inadvertida, naturalizando la opresión de este estado, de su justicia llegando al paroxismo de amedrentar a los/as comuneros/as que vienen en busca de justicia. Nada menos que a un estrado que se constituyó en base a la invisibilización de los Pueblos Originarios, y que da por sentado que éstos ya no existen y por lo tanto las pérdidas de memoria, el hablar pausado, casi en susurros, la forma de dirigirse al tribunal no es más que un defecto por no ser educados para esta sociedad occidental. Por todo esto hoy seguimos gritando Don Javier Chocobar, ¡presente! 

* Mario Quinteros es Comunero de Amaicha del Valle, militante de Marabunta y de la Mesa Justicia Por Javier Chocobar. Santiago Camuña es militante de Marabunta y de la Mesa Justicia Por Javier Chocobar.