El 16 de enero en la Comisaría de Yerba Buena, alrededor de las 4 de la mañana, 20 detenidos fueron sorprendidos -mientras dormían- por un escuadrón de Infantería y de la comisaría del lugar, quienes los golpearon y torturaron. Las imágenes de los cuerpos vejados son impactantes: absolutamente todos los reclusos recibieron golpizas. Los apremios incluyeron un abuso sexual realizado con una tonfa, cuyas lesiones fueron corroboradas por un médico forense.  

Tras enterarse un familiar, dio aviso a Fernando Korstanje, quien integra la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y representa a la ONG Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa (Cdesco) que defiende los derechos de las personas privadas de la libertad. El hombre se presentó de inmediato en el lugar junto con Mariana Perea, también de Cdesco. El representante afirmó: “estos hechos tuvieron una connotación perversa donde hubo tocamientos, se los apiló desnundos uno sobre otros, violentando y humillando sus masculinidades, y metiendoles tonfas por el ano”.  

El abogado Carlos Garmendia, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizó una denuncia penal que generó la actuación de la fiscala Alejandra Navarro. Además, se presentaron dos hábeas corpus, uno de ellos realizado por el abogado José Ginés Araez, del MTE, y el otro aún se desconoce. Ambos fueron rechazados. 

Por otro lado, el personal policial ya fue identificado: se trata de 14 agentes pertenecientes a infantería que fueron enviados especialmente para reprimir. Además, están los nombres de los 5 comisarios que se encontraban de guardia en ese momento, entre los cuales figuran el comisario Marcelo Risso Patrón y la subcomisaria Fabiana Villagrán. Según sostienen familiares, había un torturador por cada preso. 

Las particularidades del caso 

Esta es una de las pocas veces que trascienden las torturas dentro de una Comisaría o, lo más importante, que los hechos se visibilizan y llegan a una instancia judicial. Ramón Castillo, representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la rama liberados (organización que estuvo asistiendo a las familias) expresó que las torturas no son algo atípico en los lugares de encierro. “Como yo he estado preso sé que esto es algo normal, nada más que ahora salió a la luz porque entró alguien a ver a los detenidos, me refiero a Fernando (Korstanje) y se difundieron las fotos. Y además porque han sido muchas personas: 20 y a todas les han pegado por igual. Si ves las fotos todos tienen golpes en la espalda, no es que se hayan podido defender”. 

Por su parte, una familiar de los detenidos (a quien denominaremos NN) sostuvo que la subjefa de la Comisaría de Yerba Buena, Fabiana Villagrán, grabó todo con su celular mientras se burlaba, afirmación que coincidió con el relato de los detenidos. De hecho, la versión que dieron ellos, es que fue esta comisaria quien convocó a miembros de infantería para realizar la represión, ya que se había molestado porque los presos se encontraban con el torso desnudo debido a las altas temperaturas de ese día. Así también, NN especificó a La Palta que tras enterarse de que La Gaceta acudiría a la Comisaría, Villagrán les ordenó a los familiares que se retiraran del lugar con el motivo de que no escucharan el relato que daría a la prensa, ya que se rumoreaba que iban a comunicar que los presos habían intentado fugarse. “Ella nos prometía que no les iba a decir eso. Pero después cuando leí la noticia, dijo que hubo un motín con intento de fuga. Dijo además que se les había sacado ‘puntas’ a los detenidos, pero es todo mentira”. Aquel día, La Gaceta solo dio la versión de la policía sin consultar a los familiares sobre lo que había sucedido. 

A raíz de la situación, la jueza de ejecución Ana María Iácono, ordenó los traslados de los detenidos a diferentes centros de encierro, que en algunos casos corresponden a distintas localidades. Esto generó mayor malestar entre los familiares ya que, al menos las comisarías, no brindan servicios de alimentación a los detenidos, y esto complica a los familiares el poder garantizarles un plato de comida. Sobre esto, Korstanje afirmó que se trata de represalias tanto para los presos como para sus familias, y que además durante los traslados los presos continúan recibiendo golpes y amenazas por parte de la policía. 

Una realidad cotidiana 

Castillo, representante del MTE-Liberados, relató que vivir en una Comisaría ya es una tortura en sí misma. “Vivís en un lugar de 4x4 metros y en menos de un metro tenés el baño, que es un agujero donde podés hacer tus necesidades y se puede tirar agua una sola vez al día. Imaginate comer o dormir con eso al lado: no tenés agua ahí. Te alcanzan una o dos botellas de agua para que te bañes. Comes en el suelo. Si entra uno con sarna tenelo por hecho que se van a contagiar todos de sarna. No se puede caminar descalzo porque te contagias de hongos, y si uno tiene piojos, todos tienen piojos. También con los medicamentos: si tenés alguna enfermedad tiene que ser muy grave para que la policía te los alcance, porque ‘se olvidan’ supuestamente”. 

Otro asunto es que la mitad de los presos ya tienen condenas por lo cual no deberían estar en comisarías, sino en cárceles. Sin embargo, al no haber cupos, el poder judicial atesta las comisarías, profundizando el hacinamiento y las condiciones marginales de vida. El último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (Sneep 2021) reveló que hay 101.267 personas en nuestro país que se encuentran privadas de la libertad en unidades de detención, es decir que se trata de una tasa de 221 cada 100.000 habitantes. Pero no es el conteo final, hay que sumar las 12.807 personas en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad. Desde hace varias décadas, la tendencia es creciente.  

En los últimos años, en Tucumán, se incrementaron notablemente las inversiones en la Policía y hoy, incluso, se está construyendo una nueva cárcel en la localidad de Benjamín Paz. Pero estas políticas no solucionan el problema. Las condiciones “infrazoológicas” de encierro, como sostiene Korstanje, no permiten para nada la reinserción de los detenidos, y es una de las principales razones del fracaso de las políticas públicas. “El egresado (de un lugar de encierro) debería ser un sujeto pleno para poder recuperar su vida en libertad. Pero es un paria marginado que no tiene ninguna posibilidad de inserción. Esa es una política cruel, discriminatoria, punitivista, demagógica, que profundiza una marginación espantosa”. Crear más cárceles, además, no reduce el problema de la inseguridad. Una de las vías posibles que han demostrado algunos países donde las tasas carcelarias son menores, es garantizar una mayor igualdad social, pero Argentina está muy lejos de ese ideal. 

Las personas privadas de la libertad provienen, en general, de situaciones muy ligadas a la pobreza que los ha llevado a tener conflictos con la ley penal. Solo el 10% culminó sus estudios secundarios según el Sneep y el 38% estaba desocupado/a al momento de la detención.  

Las torturas, malos tratos y violencias suceden todos los días. Sin embargo, debido a la ignorancia y poca información sobre lugares de encierro, muchas personas creen que esa es la función de una cárcel: el castigo permanente. Pero, por ley, debería tratarse de un lugar de rehabilitación que cumpla con los derechos de educación, trabajo, salud, como los de cualquier persona normal. Como nuestra Constitución indica: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija hará responsable al juez que la autorice.” 

Según Korstanje, “estos torturados no son tratados como víctimas por el poder político-público-judicial, ni por ninguna institución”.