“Es bastante significativo, que el fiscal que encubrió el crimen de Paulina Lebbos esté finalmente tras las rejas”, dice Soledad Deza, abogada feminista que representó la querella de la hija de Paulina Lebbos en el juicio por encubrimiento contra el ex fiscal Carlos Albaca. El ex funcionario judicial fue condenado en diciembre de 2021 a seis años de prisión pero permanecía en libertad. Ayer, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia por lo que fue detenido y trasladado al penal de Villa Urquiza.

“Nos parece que es un día histórico y así lo vivimos, como un día que va a quedar en la memoria de Leti, la hija de Paulina, que creció a la sombra de la muerte y a la sombra del dolor y del abandono. También es un mensaje hacia toda la sociedad de que el Poder Judicial no puede hacer lo que quiera con la vida de las personas y tampoco con la muerte de las personas”, señala la abogada referente de la Fundación Mujeres por Mujeres. 

Hoy se supo que Macario Santamarina, abogado defensor, solicitó el cambio en la modalidad del cumplimiento de la pena para que el fiscal sea alojado en su domicilio.

La condena al encubrimiento del Poder Judicial

Carlos Albaca era fiscal de instrucción de la II Nominación y en esas funciones tuvo a su cargo la investigación del crimen contra Paulina Lebbos, asesinada en febrero 2006. Su accionar estuvo lleno de irregularidades que Alberto Lebbos, padre de la joven de 23 años, no paró de denunciar por más de 15 años. 

Por mencionar algunas de las acciones que obstaculizaron la investigación que el mismo ex funcionario llevaba adelante está la demora en ordenar las pericias de ADN en los cabellos encontrados en el cuerpo de Paulina. Esa demora impidió que las muestras fueran aptas para detectar perfiles genéticos. De hecho, hasta 2013, momento en que Albaca tuvo que dejar la causa, no se habían realizado las pericias. 

Según se supo en la investigación, Albaca no investigó como correspondía la hipótesis según la cual Paulina murió en una fiesta privada vinculada a los denominados ‘hijos del poder’. Fue así que se paralizó toda pesquisa sobre la pista “El Cadillal”, en el camping 27 de agosto. Tampoco verificó si se realizó una fiesta en el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas en Raco.

Otro de los ‘errores’ que cometió el ex fiscal es haber pedido el tráfico de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) del teléfono de Paulina - código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo- con un número equivocado. Además, no investigó hasta 2011 a quienes utilizaron el aparato desde la desaparición de la víctima.

Fue por estas irregularidades que, finalmente se elevó a juicio la causa contra el ex fiscal que resultó condenado por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado". El fallo dictado por las juezas Wendy Kassar, Fernanda Bahler y el juez Raúl Cardozo, fue apelado por la defensa pero finalmente quedó firme. Convirtiéndoes de esta manera en el primer funcionario del Poder Judicial de Tucumán en ser condenado a pena de prisión por irregularidades cometidas durante su gestión y es el noveno sentenciado por el encubrimiento del asesinato de Paulina.

Que sea el fin de los entramados políticos que alejan de los derechos

“Es un mensaje revitalizador para la sociedad pensar en una justicia que no investiga, que oculta pruebas, que destruye evidencia, que hace desaparecer líneas de investigación, como una justicia no solo enjuiciada en la persona de Albaca sino también condenada y finalmente encarcelada”, valora Deza. La abogada, además señala que es el resultado de un trabajo conjunto de todo el equipo de Mujeres por Mujeres que, desde distintos lugares se contuvieron unas a otras. 

“Quizás sea el fin de los entramados políticos para alejar a la sociedad de la verdad y para distanciar a las víctimas del derecho a conocer la verdad y del derecho a la reparación”, remata la querellante.