Por Julia Pascolini para Perycia

El 27 de enero de 2023 Andrea “perdió” la vida en la Unidad Penitenciaria N°8, ubicada en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Según el abordaje de los medios de comunicación hegemónicos , se trató de un suicidio. Por su parte, el Sistema Penitenciario Bonaerense no hizo declaraciones. Sin embargo, sus compañeras de pabellón no están de acuerdo. 

Un mes más tarde, el 21 de febrero, “fue encontrado” sin vida Matías, de 18 años. Estaba alojado en la Unidad Penitenciaria N°9 de la misma ciudad. Al día de la fecha se desconoce el motivo de su muerte, sin embargo también los medios de comunicación afirman que se trató de un suicidio. 

“El Estado es cómplice y responsable del abandono que sufrimos las personas que nos encontramos privadas de nuestra libertad. Acá muere gente por problemas de salud que no son atendidos. Situaciones totalmente evitables”, dice al respecto Martín, estudiante universitario alojado en una Unidad Penitenciaria de la provincia.

El hecho es que los suicidios que tienen lugar en las cárceles están acompañados de sospechas que apuntan, según las denuncias realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria y la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), contra el mismo actor político: las fuerzas de seguridad. Existen dos variables a reconocer en estas situaciones: por un lado, elegir quitarse la vida producto de —entre otras cosas— la inexistencia de canales de acompañamiento en materia de salud mental, según lo refieren las personas privadas de la libertad entrevistadas.

Por otro, la muerte sospechosa que, en muchos casos, termina siendo producto de la tortura y el accionar explícito y violento del sistema penal que no previene (ni es su espíritu hacerlo) y del sistema de seguridad (que expone a sus víctimas, civiles, a muertes atravesadas por irregularidades) que desprotege. 

Al respecto, el director de Producción y análisis de la información de la CPM, Ariel Lede, afirma que la “precariedad material, deficiente alimentación, aislamiento extremo y prolongado (la mitad de los suicidios de 2022 ocurrieron en sectores de aislamiento), desvinculación familiar, violencia física, deficiente asistencia médica, incertidumbre por los plazos procesales son condiciones que generan o agravan padecimientos psíquicos”.

“Muchas compañeras no dicen nada cuando hay una situación sospechosa por temor. El Sistema Penitenciario tiene un poder que en ocasiones parece ser supremo”, dice Alejandra, que se encuentra privada de la libertad en una Unidad Penitenciaria de la provincia. Para ella, “cuando los derechos de una o uno son coartados, cuando la angustia de observar que la Justicia no existe se potencia, cuando sentís que no pertenecés a nada, muchas veces la decisión termina siendo esa”.

Torturas seguidas de “suicidio”

“Muchas veces, los motivos que llevan a una persona a suicidarse dentro de la cárcel tienen que ver con el uso de las drogas. Se trata de psicofármacos que provee el propio Sistema Penitenciario”, dice Agustín, estudiante universitario que recuperó su libertad recientemente. Y agrega: “La depresión y la falta de acompañamiento ante esas situaciones son mezclas fatales en ese contexto”. 

Según datos relevados por el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), en el año 2021 un 0,04% de las personas que se encontraban prisionizadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires tuvieron algún intento de suicidio. Ese dato corresponde sólo a aquellas unidades que se encuentran bajo responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires.

Ese número, que parece muy chiquito, equivale a 18 personas (de un total de 46.437). A su vez, un 9% del total reconoció haber sufrido alguna lesión durante su privación de la libertad. El 5% del mismo corresponde a lesiones vinculadas a hechos de violencia producidos por agentes del Sistema Penitenciario y un 2% afirma que fue por “otros motivos”. Es decir que 3.165 personas sufrieron lesiones bajo la tutela del Estado producidas por parte del propio Estado o por “otros motivos”. 

¿Qué pasa con los “suicidios reales” que se dan en el ámbito penitenciario? Es decir, aquellos casos en los que la persona privada de su libertad efectivamente decidió quitarse la vida. Las preguntas son: ¿por qué? ¿Cómo es posible, bajo la tutela del Estado, quitarse la vida? ¿El Servicio Penitenciario hizo algo para evitarlo? ¿Y para promoverlo? 

Uno de los apartados del informe producido por el SNEEP 2021 refiere a los hechos de encubrimiento y métodos utilizados por el Sistema Penitenciario Bonaerense y Judicial para evitar los rastros de tortura, limpiar las huellas de posibles malos tratos y canalizarlos a través, incluso, del supuesto de la violencia intra muros entre personas prisionizadas (“una pelea con un compañero”, “una caída jugando a la pelota” o “un accidente” son algunas de las justificaciones que figuran en los psicofísicos de las personas cuando fueron víctimas de malos tratos y torturas). A través de diferentes métodos, los y las agentes silencian las pruebas de la tortura ejercida. Las mismas, no necesariamente terminan en la muerte, pero sí conducen a una estadía y transición por el Sistema Penitenciario cada vez más hostil. 

En este sentido, las torturas y malos tratos operan como estrategias de deshumanización que terminan, en muchos casos, en el suicidio como forma de sobrevivencia en la muerte. Contradictorio pero real.

En este punto podríamos preguntarnos si existen los «suicidios reales» en los contextos de encierro punitivo o si siempre estamos hablando de homicidios. Al respecto, Martín afirma que para él «los suicidios en las cárceles pueden suceder por voluntad propia de la persona. Es una forma de escapar al dolor. El Estado, a través de la privación de la libertad, saca las ganas de vivir», y agrega que muchas personas «se quitan la vida cuando salen de este lugar porque el que abandona es el Estado, afuera o adentro«. 

Suicidios en cárceles: ¿falta de acceso a la salud mental?

La falta de acceso al derecho a la libertad (salidas transitorias), la incapacidad de acceder a la salud pública (y específicamente a la salud mental) son factores que afectan a la vida de las personas que se encuentran prisionizadas. 

“Las autolesiones a veces terminan en la muerte de los pibes no porque no lo hayan querido. Muchas veces se hace lo que se llama simulacro de ahorcamiento o inicio de incendio para llamar la atención de los guardias y que dejen de vulnerar algún o muchos derechos. Si los guardias no atienden a ese llamado puede terminar en la muerte real”, explica Agustín. “La depresión por haber perdido un familiar consume a muchos pibes, nadie del Sistema los acompañó”.

Sobre la cantidad de profesionales de la salud mental en unidades penitenciarias Lede cuenta que “en la Unidad Penitenciaria 34 de Melchor Romero, formalmente destinada a padecimientos psiquiátricos, hay 1 psicólogo/a cada 58 personas detenidas. Se desconoce la cantidad de psiquiatras” y que “de acuerdo a información brindada por la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria (bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), a octubre de 2022 las cárceles bonaerenses contaban con un plantel de 176 psicólogos/as, para una población de 47.727 detenidos/as. Esto indica una relación aproximada de 1 psicólogo/a cada 271 personas detenidas.”

De las personas prisionizadas en el año 2021 que recibieron una condena el 93,1% (20.327 personas) no accedió a su derecho a salidas transitorias. Respecto de la pregunta sobre si fueron incorporados al régimen de semilibertad, el 96% afirmó no estarlo (21.383 personas). 

Según el Informe Anual 2022 El sistema de la Crueldad de la Comisión Provincial por la Memoria en la Provincia la tasa de suicidios en el año 2020 fue de 0,6 víctimas cada 10.000. En las cárceles, ese número aumentaba a 4 cada 10.000. En 2016 el mismo alcanzó un pico de 4,4 personas cada 10.000 y mostró una baja que llegó a 2,8 en 2018.

“El servicio de salud mental no reúne las condiciones necesarias para atenderlos (a las personas privadas de la libertad) y no despliega estrategias sólidas para la prevención del suicidio y la postvención. El Protocolo de abordaje de conductas de riesgo suicida de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria asume que el contexto de encierro y el tratamiento penitenciario son factores que influyen en el padecimiento mental de las personas detenidas”, dice Lede. Y ante la pregunta de si la Ley de Salud Mental N°26.657 se aplica en los contextos de encierro punitivo la respuesta del director es contundente: “No”.

Para esta nota se pactaron entrevistas con diferentes funcionaries de la provincia de Buenos Aires a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todes se negaron a responder sobre la situación de salud mental que atraviesan las personas encarceladas.

El Informe Anual de la CPM 2021 explica que en las cárceles con pabellón psiquiátrico “se relevó que el acceso a la evaluación y al tratamiento (en materia de salud mental) era deficiente, y que este último se basaba exclusivamente en intervenciones farmacológicas, sin ningún fin terapéutico. El acceso a la información sobre tratamientos, riesgos, alternativas era obstaculizado y negado a las personas detenidas y sus referentes afectivos”. 

Según las entrevistas realizadas a personas privadas de la libertad por parte de este medio, los “suicidios reales” en las cárceles existen, pero sus desencadenantes tienen que ver con el abandono (y producción del dolor) por parte del Estado en materia de Salud Mental y acceso a otros derechos elementales y Humanos.

*Todos los nombres de las personas privadas de su libertad fueron modificados para proteger su integridad física.