Por Lourdes Concha

Era jueves. Eran las 11 de la mañana. Con remeras y fotografías de Luis Espinoza, familiares y amigos llenaron la sala de audiencias y pidieron justicia una vez más. Mientras tanto, en las puertas del Tribunal Oral Federal, diferentes organizaciones se concentraron para brindar su apoyo. Ocurre que el juicio por el homicidio del peón rural durante un operativo policial en El Melcho, se encuentra en la recta final.

“El caso de Luis Espinoza se trató de un caso gravísimo de violencia institucional. Los policías abusaron de sus funciones y lo mataron”, comenzó su alegato el fiscal Pablo Camuña. Y señaló que se cometieron tres delitos: el homicidio agravado -al recibir Luis un disparo que provenía del arma reglamentaria del imputado José Morales y que le ocasionó la muerte inmediata-; la privación ilegítima de la libertad de Juan Espinoza, hermano de Luis -ya que los policías llevaron a cabo un procedimiento totalmente irregular donde, además, lo golpearon-; y el encubrimiento agravado, al ser cometido por funcionarios públicos que alteraron la escena del crimen. “Al mover el cuerpo de Luis, borraron las huellas de la comisaría, quemaron sus ropas y elementos personales, no asentaron en actas y negaron información a los investigadores”, señaló el fiscal.

Todo lo que enumeró Camuña, según sus propias palabras, está acreditado por los testimonios de peritos, de los familiares de la víctima, por las declaraciones de los imputados, y también por las diferentes pruebas recabadas durante la investigación. “Son policías y saben que el uso de un arma letal provoca la muerte. El disparo fue hecho para matar”, expresó el fiscal. Además, afirmó que ninguno reaccionó de forma inmediata para salvar a Espinoza, privándolo así de recibir asistencia médica.

“La familia de Luis lo buscó durante siete días. Día y noche. Sin descanso”, dijo la auxiliar fiscal, Lucía Doz Costa. Siendo que ese 15 de mayo Rubén Montenegro (imputado en esta causa) le había prometido a Gladys Herrera (madre de Luis y Juan) que liberaría a sus hijos. Cuando cruzaron esas palabras, uno de ellos se encontraba sin vida en el baúl del auto. Al recordar este hecho Gladys no pudo contener sus lágrimas en la sala de audiencias. Por casi cinco horas los fiscales enumeraron las pruebas, pusieron en perspectiva los testimonios y las pericias y, sobre el final, pidieron que la pena fuera desde cuatro años de prisión hasta perpetua.

Pedido de pena

La fiscalía pidió al Tribunal prisión perpetua para José Morales, Rubén Montenegro, Gerardo Gonzalez Rojas y Claudio Zelaya por considerarlos responsables del homicidio de Luis y por la privación ilegítima de la libertad de Juan Espinoza.

Para el resto de los imputados, los abogados consideraron que las penas deben corresponderse al accionar de cada imputado. De este modo solicitaron para Mirian Gonzalez 14 años de prisión; para Victor Salinas, 10 años; para Carlos Romano y José María Paz 7; para René Ardiles, 6 años y para Héctor Villavicencio, 4 años. También, solicitaron una reparación integral por el daño material e inmaterial que sufrió la familia de la víctima - que incluye una justa indemnización, atención médica y acceso a obras sociales-, ya que, como su hermano lo había dicho durante su testimonio, Luis era el sostén de la familia.

Sin enfrentamiento es homicidio

La querella fue la segunda en alegar. Coincidió con la mayoría de los puntos de los alegatos de la fiscalía. “El hecho de que los policías salieron de la comisaría de Monteagudo está totalmente acreditado por los diferentes testimonios de los vecinos”, sostuvo el abogado querellante, Carlos Garmendia. Además, señaló a Montenegro como el único responsable de tomar la decisión de llevar a cabo un operativo irregular. Esto quedó comprobado por el comisario Sergio Bazán (jefe de la Zona 2 de la Regional Sur, al momento del hecho) en su declaración testimonial. El comisario -actualmente retirado- explicó que en estos operativos el trato con las personas debía ser respetuoso, que debían asistir uniformados y que se debía documentar lo que sucedía. Acciones que Montenegro nunca realizó.

Durante todo el juicio, la defensa trató de justificar los disparos de los policías. Para ello, sostuvieron que las personas que se encontraban en lugar del hecho los atacaron. El abogado querellante advirtió que eso no se pudo probar. “No hay ningún elemento que lo acredite porque las vainas encontradas pertenecían a estos policías. Tampoco hay testigos que hayan visto a otras personas disparar”, explicó.

Por último, difirió de algunos pedidos de pena por parte del Ministerio Publico Fiscal (MPF) y solicitó prisión perpetua para Morales, Montenegro, Rojas Gonzalez, Zelaya y Mirian Gonzalez. Para Romano, Paz, Villavicencio, Ardiles y Salinas, 21 años de prisión. Y, por último, para Álvaro Gonzalez, 6 años.

Luego de una audiencia que se extendió por más de seis horas, hoy continúan con los alegatos los abogados de la defensa.