Desde hace unas semanas en Colombia se llevan adelante movilizaciones populares en contra del gobierno. La mala gestión sanitaria ante el coronavirus y los intentos de reformas agraria, educativa y en salud por parte del gobierno de Iván Duque acumularon la bronca social. Pero la gota que rebasó el vaso fue la propuesta de una reforma tributaria que pretendía incrementar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de 39% a 43%, como así también aumentar de forma escalonada la base de contribuyentes que deberían pagar rentas. 

Esta medida provocó que la población saliera a las calles a marchar para exigir que se respeten sus derechos. Como resultado, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la Policía iniciaron una represión abusiva con foco en la ciudad de Cali, al sudoeste de Bogotá, que -según denuncian los manifestantes- incluyó ataques con armas de fuego, violaciones a mujeres, asesinatos y desapariciones forzadas de personas. 

A esto se sumó la militarización de las calles y la criminalización de la protesta por parte del gobierno nacional. “Primero se buscó tumbar la reforma tributaria, pero ahora se lucha en contra de la desigualdad social y de la reforma a la salud, y por la no militarización de la vida juvenil”, dice a La Palta Darnelly Rodriguez, referente de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes. Además, manifiesta que luego de la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carasquilla Barrera, en varias comunidades exigen también la renuncia del Ministro de Defensa de la Nación, Carlos Holmes Trujillo, “lo que puede concluir en la renuncia de hasta el mismo presidente”.

Lo que pasa en las calles

“Tenemos una coyuntura difícil y terrorífica. No se trata solo de terrorismo de estado sino de violaciones de derechos humanos similares a las estrategias que se utilizaban en la dictadura”, comenta *Carolina -bajo seudónimo para resguardar su identidad-, cientista social de la ciudad de Cali. Carolina recorrió en estos días los diferentes focos de protestas y es testigo de los acontecimientos. “Siento un dolor profundo e impotencia porque desde la perspectiva que una intenta ayudar nunca es suficiente”, comenta, emocionada, y explica que los jóvenes organizados en estas concentraciones pertenecen a los barrios más excluidos de la ciudad. “Lo que nos sorprende es que estos chicos y chicas están al frente como héroes. Jóvenes que en algún discurso han dicho que no tienen nada que perder porque el gobierno ya les quitó todo”, agrega.

También están las madres, tías y abuelas que realizan ollas populares para colaborar con la lucha de los jóvenes y organizan puestos de salud para atender a los heridos. “La comunidad caleña está siendo súper solidaria con estos chicos llevando comida e insumos de medicina para curarlos. Incluso uno de ellos dijo que está comiendo mejor que antes del paro, porque a muchos les escasea la comida”, relata Carolina. “Esto ya no es un tema de las organizaciones sino un proceso de la sociedad. Es la lectura que hacemos estando en los territorios”, añade Rodríguez.

Además, destacan el trabajo de las agrupaciones de mujeres que están socorriendo a las víctimas de agresiones y violaciones. “Muchas mujeres han sido agredidas física y verbalmente en el proceso de traslado por parte de la policía. Yo personalmente sufrí agresión con otra compañera mientras hacíamos una de las misiones de verificación en una de las estaciones de policía. Recibimos golpes con armas de la policía nacional mientras nos decían que éramos perras, que éramos putas, que nos iban a matar y a descuartizar”, denuncia Darnelly Rodríguez, quien junto con la Red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes está trabajando para localizar a las personas desaparecidas. 

“En esta coyuntura nunca pensamos que sea la policía la que nos mate. En una movilización el que ataca es el ESMAD. La sorpresa es que la policía aparece todos los días después de las 20 disparando, vestidos de civil o uniformados”, describe Carolina. “Hemos visto como el dueño de un hotel muy importante de Cali salió a decir que los policías incendiaron su hotel para echarle la culpa a los manifestantes. Hemos visto salir a agentes de civil del camión de la fuerza con objetos contundentes en sus manos para hacer daño a los comercios, pero también para disparar contra los manifestantes -denuncia la referente de derechos humanos-. Eso es muy extraño y muchas organizaciones hablan de un rearme paramilitar urbano como apoyo a las fuerzas armadas del estado”. 

Bajo estos mecanismos, según los organismos de Derechos Humanos de Colombia, lo que se busca es deslegitimar la protesta. Mientras en las redes sociales se difunden videos de policías suplicando para que no los manden a la calle sin armas porque les están disparando, el general de ejército de Colombia, el comandante Eduardo Zapateiro, manifiesta públicamente que sus policías no disparan, no matan, ni cometen ninguno de los crímenes que se les adjudican. Además, los manifestantes sospechan que el gobierno de Iván Duque intenta declarar el Estado de Conmoción Interior para hacerse con el poder del Senado. “Siento que en Cali se está midiendo el límite de la población. Que están experimentando con nosotros. Es sistemático y hay persecución a líderes sociales, con asesinatos planeados, en una coyuntura de paro donde todo va de mal a peor”, concluye la cientista social.

*Parte de las declaraciones de Carolina fueron obtenidas por cortesía de la periodista argentina Bárbara López, radicada en Colombia.