La semana pasada se difundieron denuncias de abuso sexual dentro del Instituto Santa María Goretti. Al igual que otros Dispositivos de Cuidados Institucionales (DCI), esta institución aloja adolescentes sin cuidados parentales o en conflicto con la ley. Su funcionamiento estatal es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. 

La primera denuncia fue presentada por Carlos Miranda, abuelo de una de las adolescentes alojadas, por un presunto abuso sexual que habría tenido lugar en octubre. “En esa causa solicitamos una serie de medidas e individualizamos a los autores de la violación -explica Gustavo Morales, abogado querellante-. (Los acusados) serían dos preceptores que ilegalmente cuidaban a las niñas por la noche”. A esta denuncia se sumaron otros posibles casos: la denuncia de una red de estupefacientes en la institución y una causa mayor que, según Morales, implicaría una red de trata de personas dentro del instituto: “esta semana se hará otra denuncia en otra unidad fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual, ya que es puntualmente por una red de prostitución infantil”.

Desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia aseguraron que la denuncia está siendo investigada y que será la justicia la que determine los hechos. “Se han tomado las medidas administrativas correspondientes y hemos separado de sus funciones a los acusados como indica la ley y el protocolo”, dijo a la prensa Myriam Martini, a cargo de esa cartera. Morales, por su parte, cargó contra las autoridades: “hay hechos delictivos que debieron ser denunciados por ellos como funcionarios públicos. Porque si no, hay encubrimiento agravado. Entonces hay violación de los deberes de funcionario público”.

La delicada situación que plantean estas denuncias pone en tela de juicio las prácticas dentro de las instituciones de encierro. “Que las instituciones de encierro funcionan mal, que los derechos de las personas alojadas no están garantizados, que las condiciones de seguridad tampoco y que las condiciones de visita, acceso y derechos a los familiares no están resguardados, eso lo sabemos. El mecanismo general sucede porque la sociedad da la espalda a estas instituciones, por discriminación a las personas alojadas, y después se escandaliza cuando pasan cosas”, dice Fernando Korstanje, profesor universitario en la Facultad de Filosofía y Letras, reconocido por su trabajo en contextos de encierro y recientemente elegido como representante civil dentro de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CPPT). 

El mecanismo nacional e internacional de prevención de la tortura prevé la visita. Según Fernando, visitar lugares de encierro es asumir una representación en nombre de la sociedad para mirar lo que pasa dentro. “Mirando lo que pasa adentro, obviamente que una red de trata o un mecanismo sostenido de tortura no podría ocurrir. Esas cosas no pueden ser tan invisibles para que nadie las sepa, nadie las declare y nadie las denuncie”, agrega el profesor.

Respecto a las denuncias, Korstanje sostiene: “en este caso me parece desaconsejable investigar por cuenta propia, juzgar por cuenta propia, difundir por cuenta propia, construir la historia de la red de trata por cuenta propia hasta que las investigaciones den un resultado”. Korstanje expone que si estas denuncias se desestiman en un futuro, los trabajadores del Goretti quedarían ensuciados y permanecería la sospecha de que la supuesta red de trata fue ocultada. Así, dice, se construye un sistema de juzgamiento paralelo a la verdad en el que los medios tienen una responsabilidad enorme y las redes sociales los complementan en un marco de anonimato. “Eso no funciona: no se construye así un país ni una sociedad mejor”.

Desde el propio instituto Goretti solicitaron a los medios y a la sociedad “el cese de la exposición de información sensible, sobre la cual no se ha expedido la justicia hasta el momento”. En un comunicado, señalaron que la difusión de las denuncias está afectando la cotidianeidad de la vida de las adolescentes alojadas y vulnerando su intimidad. “También se está afectando a las familias y a los trabajadores de la institución”.

Mientras que Morales asegura que el martes ampliará la denuncia ante otros posibles casos de abuso sexual y apunta contra los funcionarios, Korstanje sostiene: “me cuidaría muchísimo de difundir cierta información. De difundir fotos y nombres de acusados. Hay empleados escrachados y tenemos que atenernos al derecho a la legítima defensa de quien se ha denunciado, a la presunción de inocencia”. Sumado a esto, concluye que se debe terminar con “el fachismo del escrache”.