Cuarenta minutos para defender los derechos. Cuarenta minutos para llevar a la justicia la impunidad, la violencia y el dolor. Cuarenta minutos que parecen diez. Bajo esta medida se desarrollaron los alegatos en el juicio por Ismael Lucena. Las partes presentaron sus fundamentos y solicitaron las condenas para los imputados. La fiscalía y la querella coincidieron en pedir prisión perpetua para los ex policías Mondino Becero y Antonio Monserrat, como responsables del homicidio de Ismael.

La fiscal Estela Giffoniello inició sus alegatos planteando que la contextura física de los imputados es mayor a la de las víctimas. Además consideró que tanto Ismael como Marcelo no tenían antecedentes y que la primera reacción de los jóvenes al ver que los perseguían fue llamar a la policía, “cuando fue la policía la que no les brindó ninguna ayuda”. Además la fiscal consideró a Becero culpable del golpe que llevó a la muerte a Ismael y entendió que Monserrat consintió a Becero, entrampó a las víctimas y fue cómplice. “Monserrat declaró que conocía a Becero y sabía que era una persona violenta. Entonces él fue cómplice en participar de la persecución”, declaró la fiscal Giffoniello. También, valoró el conocimiento que tenía el imputado Francisco Gónzalez sobre Becero y Monserrat. González es acusado de encubrimiento y falsificación de documentación junto a Rubén Tejerina y Luis Zalarayán, los tres son los policías que realizaron el procedimiento en el acontecimiento violento que llevó a la muerte de Ismael.  “No eran desconocidos, González sabía quien era Becero y Monserrat. Los encubrió y falsificó un acta”, dijo la fiscal y aseguró que Ismael y Marcelo tuvieron un juicio expeditivo donde fue la propia policía quien los juzgó sin respetar sus garantías constitucionales. A esto se sumó la aclaración de la fiscal en la que manifiesta que “Lucena no muere por mala praxis. Los médicos aseguraron que el procedimiento fue el correcto. Murió pura y exclusivamente por el golpe”. Con todo, la fiscal acusó a Becero y Monserrat por abuso de arma de fuego agravado, homicidio agravado y lesiones agravadas a prisión perpetua; a González por encubrimiento agravado, falsedad de instrumento público, incumplimiento de deberes de funcionario público y amenazas agravadas a 8 años de prisión, una multa de $1200 e inhabilitación especial por un año; y a Tejerina y Zelarayán por encubrimiento agravado, falsedad de instrumento público e incumplimiento de deberes a 6 años de prisión, una multa de $1200 e inhabilitación especial por un año.

La querella en el interés procesal de Marcelo ‘Pipí’ López estuvo a cargo del abogado Pablo Gargiulo. En su alegato, Gargiulo manifestó que González, oficial de turno de ese entonces, estuvo presente esa noche en la casa en la que acontecieron los hechos. “Marcelo López dijo que al lugar fueron Tejerina, Zelarayán y también González. Esto concuerda con el relato de Álvarez, quien comentó que fue a la comisaría en el momento de los hechos y no encontró a nadie”, explicó Gargiulo y planteó que “González dijo que conoció a Monserrat el día del hecho. ¿Cómo puede conocerlo ese día si Monserrat no fue a la comisaría?”. En relación a la teoría del deber de la policía ante la inseguridad, Gargiulo dejó en claro que los imputados no salieron a hacer ningún procedimiento policial, ni salieron a evitar ningún delito. Tanto Becero como Monserrat fueron en busca de un ladrón conocido como ‘el rengo’, quien le había robado materiales de construcción a Becero. Ante esto Gargiulo afirma que “Becero y Monserrat no salieron a prevenir un delito. Salieron a impartir venganza”. Dicho con otras palabras del abogado, esa noche los policías salieron hacer justicia por mano propia y a demostrarle a los ‘choritos’ quienes mandaban. Además, el querellante afirmó que el acta falsa, como él la define, se hizo a la luz de encubrir los hechos. El abogado rescata la ironía que representa el hecho de que aquella noche las víctimas hayan buscado con desesperación la ayuda de la policía. Porque, como manifestó Gargiulo, nada de eso ocurrió ni en momento de los hechos ni en la comisaría, dónde no se les dio el tratamiento que necesitaban. Por el contrario fueron abandonados en un CAPS como si no hubiese pasado nada. “Y tengo la sensación de que si no fuese por la muerte de Ismael Lucena, nunca nos habríamos enterado de nada. No hubiese pasado nada. Hay una sola cosa peor que la muerte injusta de un inocente y es que esta haya sido en vano”, concluyó sus alegatos Pablo Gargiulo. El querellante de López acusó a Becero y Monserrat por lesiones agravadas, abuso de arma de fuego agravado y amenazas agravadas a 8 años de prisión; a González por encubrimiento y amenazas agravadas, incumplimiento de la función pública y falsedad ideológica a 8 años de prisión; y a Zelarayán y Tejerina por encubrimiento agravado e incumplimiento de funcionario público a 6 años de prisión.

La abogada querellante por la familia de Ismael Lucena es Julia Albarracín. La abogada inició sus alegatos manifestando que “a Ismael lo mató la policía y este es un hecho que nos interesa a todos”. También dejó en claro que tanto Lucena como López no tenían antecedentes policiales y que sus familias buscan reparar esa duda presente en los expedientes. A esto se suma su apreciación sobre el accionar de Becero y Monserrat: “Monserrat apunta a López, lo trata de 'chorito' y no le permite ayudar a su amigo. Él ayudó a que el hecho se concrete. Becero no solo hizo todo eso sino que además golpeó a Ismael Lucena”. Además consideró que Lucena y López no fueron tratados como víctimas por la policía que intervino en los hechos, puesto que Tejerina y Zelarayán dejaron a los chicos a una cuadra del CAPS. “De esa manera no se registraba el ingreso”, explicó Albarracín dejando en claro el encubrimiento. De este modo, la querellante apreció que Tejerina, Zelarayán y González hicieron abuso de su autoridad y encubrieron los hechos, “ellos no atendieron a Ismael, reconocida víctima por los imputados, ni se preocuparon por encontrar a los culpables”. Albarracín cerró sus alegatos haciendo alusión al caso de Ivan Senekke, un adolescente que fue asesinado por el robo de su mochila, la misma noche en la que Ismael murió. “A Ismael lo mato la policía que debería haber estado cuidando a Ivan”, cerró la querellante. Julia Albarracín acuso a Becero y Monserrat por homicidio agravado y abuso de arma de fuego a prisión perpetua, y solicitó 8 años de prisión para González y 6 años para Tejerina y Zelarayán.

La exposición del abogado Cergio Morfil, defensor de Mondino Becero, se basó en batalla contra la inseguridad. Así, el abogado inició sus alegatos manifestando que a él le tocó la peor parte y repudió las manifestaciones populares en contra del accionar policial, considerando que “estos actos populares pueden llevar a pequeños actos de injusticia”. El defensor apoyó sus argumentos en las declaraciones de los testigos que formaron parte del relevamiento vecinal del barrio. “Todos los testigos dieron cuenta del peligro con el que se vive en esos barrios. En ese contexto fueron los policías”, manifestó Morfil y agregó que “ellos (Lucena y López) se cruzaron con gente en bicicleta que los ignoraron y con un vecino que los corrió con un látigo. Esto da cuenta de cómo reacciona la sociedad ante la inseguridad”. En cuanto al golpe letal impartido por su defendido, Morfil explicó que la intención de Becero no fue matar a nadie y que eso quedó evidenciado en su accionar, cuando entregó a los chicos a la policía. “Fue un solo golpe, les guste o no. Y fue con una pistola, no con un martillo. El efecto ha superado al afecto. Nunca se lo quiso matar”, expresó el abogado y dejó en claro que no se está hablando de un tiro,  sino de un golpe que se utiliza para reducir a las personas, “como lo hacen todos los policías”. Además Morfil aseguró que pasaron diecisiete horas hasta que Lucena fue asistido, “es lamentable, pero de eso no tiene la culpa Mondino. Él lo entregó a la policía”. Finalmente solicitó que se condene a su representado por homicidio culposo, un delito excarcelable.

Por su parte el resto de los abogados defensores solicitaron la absolución de sus defendidos, aludiendo a que los policías cumplían con su deber. “Los motores mediáticos son un fantasma para los procedimientos jurídicos. Hay que actuar con la razón y no con la voluntad”, expresó el abogado Ricardo Blasco, defensor de Monserrat, en relación al carácter mediático que tomó la causa.

En la recta final

Los alegatos de los querellantes fueron aplaudidos por toda la sala. Entre llantos y abrazos, la familia de Lucena sintió que los abogados representaron al ‘negrito’. “Los argumentos de la defensa no llegan a conmover a la acusación. Esperamos que el tribunal así lo entienda y dicte una condena acorde”, manifestó Pablo Gargiulo a La Palta y agregó que “un precedente como este sería útil y necesario en el ámbito de la justicia provincial”.

Y es este precedente es el que mueve a Marcelo ‘Pipí’ López a hacer de sus golpes un motivo de lucha. “Voy a seguir luchando con otros casos de gatillo fácil. Hoy busco justicia por mi amigo, ya queda menos”, expresó Pipí con la esperanza de que este jueves la sentencia aplaque un poco el dolor de lo vivido aquel 10 de noviembre de 2011. “La defensa dijo que esto no se trata de un caso de gatillo fácil porque ellos consideran que el gatillo fácil es tirar un tiro a quemarropa y ocultarse. La violencia policial es más amplia que eso. Aquí si hubo violencia policial”, aseguró Julia Albarracín, dejando en claro que la violencia está en hacer uso ilegítimo de la fuerza que el Estado le otorga a la policía.

El jueves desde las 14 se llevará a cabo la última audiencia en la Sala II del Palacio de Tribunales. Con manifestaciones artísticas y concentraciones, diferentes organismos de derechos humanos esperarán la sentencia ejemplar. Las pruebas, los testimonios y las leyes condenan a los imputados y ahí radica la esperanza de la familia de Ismael Lucena. Una familia que representa a muchas otras familias que luchan, como dijo Pablo Gargiulo, para que la muerte de los inocentes no sea en vano.