Las audiencias en el juicio por el homicidio de Luis Armando Espinoza, el peón rural asesinado en mayo de 2020 en el paraje de Melcho - en la localidad de Monteagudo, departamento de Simoca-, continúan semana de por medio por el momento. Por este hecho y la detención ilegal de Juan Espinoza -hermano de Luis- se encuentran imputadas 11 personas de las cuales nueve son policías. Uno de ellos es el subcomisario de Monteagudo, Rubén Montenegro, quien tenía a cargo un operativo para prevenir que se realicen carreras de caballo ilegales en la zona.

De acuerdo a la investigación, Luis y Juan fueron detenidos por el personal policial en un irregular operativo. Los oficiales no se identificaron como policías, actuaron de civil, se movilizaban en vehículos particulares y utilizaron armas reglamentarias. De hecho, la bala que le causa la muerte a Luis pertenece al arma del oficial José Alberto Morales (imputado en esta causa).

Esta semana fue la quinta y se espera que el debate se reanude el lunes 12 de diciembre a las 9.30. Peritos, especialistas y personal policial que intervino en la búsqueda, el hallazgo y la recolección de pruebas declararon entre lunes y martes y dieron detalles de cómo se encontró y en qué condiciones el cuerpo del hombre de 31 años que estuvo desaparecido durante 8 días. 

"Las lesiones de características vitales es la herida compatible con orificio de entrada de proyectil de arma y escoriaciones de tipo por arrastre", detalló Roberto Afur, médico que le practicó la autopsia al cuerpo de Espinoza. En este punto aclaró que al hablar de heridas vitales se refiere a las lesiones producidas mientras el cuerpo estaba aún con vida.

Con la presencia de la familia de la víctima en la sala, el médico no dejó dudas de que la muerte de Luis fue prácticamente instantánea. Que el cuerpo se desplomó en el acto. Que el disparo fue por la espalda. "El tiempo de vida, tras esa herida, es de un minuto. Pero no le permite a la persona realizar ningún movimiento voluntario. Ni recibiendo asistencia médica inmediata había posibilidad de sobrevida", explicó el forense. Este testimonio respalda la teoría de que no se trata de una desaparición forzada sino de un encubrimiento del delito de homicidio. 

De prevenir una infracción a cometer un delito

Uno de los testimonios claves que se pudo escuchar el martes fue el del comisario -actualmente retirado- Sergio Gabriel Bazán. En mayo de 2020, Bazán cumplía con las funciones de jefe de zona 2 de la Regional sur con asiento en la ciudad de Simoca y como tal tenía el control administrativo de diez dependencias entre las que se encontraba la comisaría de Monteagudo. 

Por pedido de la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, Bazán explicó al detalle cómo debía proceder la fuerza policial en los operativos que se realizaban en el marco de las medidas preventivas durante la pandemia, “El trato con la gente debía ser amable y respetuoso. El personal debía estar uniformado y en el caso que surgiera alguna novedad debía ser notificada de inmediato a la autoridad inmediata que corresponda, a la Fiscalía, o al Ministerio de Seguridad”, advirtió el testigo. 

Dio, además, varios ejemplos de cómo se había actuado en situaciones en las que habían llegado rumores de posibles incumplimientos a las medidas restrictivas del momento tales como bailes, carreras de caballos o eventos similares. “Se iba hasta el lugar, se advertía a las personas que no podían realizar esos actos, se labraba un acta y si había algún aglomeración se la disipaba. Siempre identificándose como fuerza policial”, señaló Bazán.

“Apenas supe que había rumores de que se iba  a realizar una carrera cuadrera en Monteagudo, me comunico con Montenegro. ‘Andá con un oficial, hacé actas, y prevení a esas personas y notificá como corresponde. En caso que veas aglomeración hay que pedir apoyo a las unidades especializadas infantería u otro tipo de unidades’. Todo eso le dije igual él ya sabía cómo había que actuar”, contó el testigo. Además, aseguró que esa misma noche preguntó por novedades y que fue el mismo Montenegro el que aseguró que no había novedades. 

De acuerdo a la declaración de Bazán, fue él mismo quien autorizó que se actúe de civil. “Pero le dije que vaya con chaleco antibalas y con la gorra de la policía y que se identifique”, aseguró ante el tribunal y las partes. “Nunca se identificaron, nunca me dijeron por qué me detenían”, dijo Juan en su declaración testimonial. “Nadie nos explicó por qué lo habían detenido. Nadie nos mostró una orden ni nada. Nadie nos dijo qué cambió para que lo liberen”, declaró en audiencias anteriores Micaela Espinoza, hija de Juan que llegó al lugar cuando lo tenían a su papá esposado y golpeado. 

Las irregularidades en el operativo se siguieron acumulando. “¿Es normal que se vayan todos y no quede nadie en la comisaría?”, le preguntó Doz Costa. “No, no, no. ¿Cómo van a hacer eso? Si llega a haber un accidente en la ruta o algo ¿quién va a estar cuidado la comisaría?”, respondió Bazán que insistió con que esa noche había preguntado por las novedades y Montenegro aseguró que no había.

Las primeras grietas en el pacto de silencio

De acuerdo a la investigación, nueve policías actuaron en la detención de Juan Espinoza. Once personas fueron parte, de una u otra manera, del encubrimiento del homicidio de Juan. Nadie dijo nada del operativo en el que se cometieron esos actos el 15 de mayo de 2020. “Al día siguiente recibí una llamada de la comisaria Mónica Sotelo informando que en la comisaría de Chicligasta había personas preguntando por la detención de Luis Espinoza”, contó Sergio Bazán, 

Después de reiteradas e insistentes llamadas a Montenegro, este lo atendió. “No hay novedades jefe, está todo tranquilo. Dispersamos a la gente y estamos sin novedad”, le aseguró el subcomisario. Pero la mentira no se pudo sostener demasiado tiempo. 

“Sotelo me informa que la madre de Espinoza quería hacer la denuncia por la desaparición. Me comenta que estaba en contacto con González y que le había preguntado por detenidos y ella le dijo que no había ninguno. Entonces le delegue a Montenegro que reciba la denuncia de la familia. Nunca dijo nada de la detención de Juan”, repitió Bazán. Pero la desesperada búsqueda de la familia Espinoza obligó a que la justicia tome cartas en el asunto y presionó para que el entonces comisario vaya al lugar de los hechos.

“Llegamos ahí y la gente nos dijo que la policía había hecho disparos. Que habían detenido a una persona. Que habían estado buscando y que habían encontrado unas vainas y manchas pardo rojizas que parecían de sangre. Ahí fuimos todos con gente a caballo que conocía el lugar y fuimos. Había mucha gente que estaba ofuscada y preocupada porque había habido una mala acción de la policía”, contó el testigo.

Con la intervención de la Fiscalía y en una reunión privada, Montenegro admitió que el oficial José Morales había hecho dos disparos con posta de goma. De acuerdo al relato de Bazán, a pesar del cambio en la narración de los hechos del subcomisario, nuevamente le creyó y esperaban que Luis apareciera con vida. El rastrillaje que continuó por varios días terminó cuando, el 22 de mayo, se encontró su cuerpo envuelto en una bolsa debajo de un precipicio, cruzando el límite con la provincia de Catamarca. 

Por la muerte y posterior encubrimiento del delito contra Luis se encuentran imputado, además de Morales y Montenegro, los policías Gerardo González Rojas, Mirian Rosalba González, Claudio Alfredo Zelaya, Carlos Lisandro Romano, José María Paz, René Eduardo Ardiles, y Víctor Manuel Salinas. También están en el banquillo los civiles Héctor Villavicencio y Álvaro González.