Juan tiene 41 años. Es alto, robusto. Camina lento. Sufre de hipertensión arterial y tiene antecedentes cardíacos. Juan no sabe leer ni escribir. “A veces firmo con mi nombre. Son cuatro letras, eso puedo poner”, dijo varias veces respondiendo las preguntas de los abogados defensores. Juan es Juan Espinoza, un sobreviviente. Un testigo víctima. El hermano de Luis Armando Espinoza, el peón rural que fue encontrado asesinado y luego de permanecer desaparecido por ocho días en mayo de 2020.

Luis vivía en un paraje de la localidad de Monteagudo junto a sus padres, su esposa, sus seis hijos y una de sus hermanas. Tenía 31 años y era trabajador rural. El 15 de mayo de 2020 recorría la zona del Melcho junto a su hermano. Iban a dejarle un dinero a una de las hijas de Juan. “Era una ayuda porque ella estaba sin plata. Era de la pensión que ese día yo había cobrado”, contó Juan en su declaración testimonial. 

Iban a caballo. “Si usted va por ahí va a ver que hay que andar a caballo porque hay que cruzar ríos”, le explicó al tribunal compuesto por Enrique Lilljedahl, Carlos Jiménez Montilla, Abelardo Basbús y Juan Carlos Reynaga. Un grupo de policías vestidos de civil que se movilizaban en diferentes vehículos (un auto, una camioneta y una motocicleta) los interceptaron. “Me esposaron. Me golpearon. Me arrastraron por el suelo. Así unos moretones y unas lastimaduras me dejaron. El médico del hospital los vio”, relató el testigo que, además, señaló haber reconocido a Villavicencio y a Salinas (dos de los imputados).

El martes, Juan llegó a la sala de audiencias temprano y esperó a ser llamado como testigo en la segunda jornada del juicio que se realiza por el homicidio y desaparición de Luis. El día anterior, los 11 imputados -entre los que se encuentran 9 policías- tuvieron la oportunidad de hablar y ampliar su declaración indagatoria. Solo dos de ellos decidieron hacerlo. A los otros se les leyó las declaraciones en sede judicial vertidas previamente a la elevación a juicio. 

Todos ellos dijeron que niegan los hechos que se les endilgan. Otros señalaron haber sido presionados y amenazados por el subcomisario Rubén Montenegro (uno de los imputados). La mayoría coincidió en que fue Montenegro quien les había ordenado ir de civil y llevar el arma reglamentaria. Que la orden de Montenegro era meterse en una carrera de caballos ilegal que se estaría realizando en la zona. Que fue en el vehículo del subcomisario donde trasladó el cuerpo de Luis luego de haberlo asesinado.

Gerardo González Rojas había dicho en su declaración previa que fue Montenegro quien les indicó cómo deshacerse del cuerpo. “Teníamos mucho miedo que nos matara”, sostuvo entonces el imputado que esta vez decidió no hablar. Carlos Romano, el agente de 36 años que también está imputado, también había recordado las advertencias del subcomisario diciendo “Al primero que se quiebre le doy un tiro en la cabeza”. “Ese día llegué a mi casa aturdido de todo lo que había visto. Por la escena que vi en la comisaría”, sostuvo René Ardiles, uno de los imputados que sí declaró el lunes por la tarde en la sala de audiencias.

A lo largo de casi siete horas, uno a uno, quienes estuvieron sentados en el banquillo de los acusados pasaron al centro de la sala. La lista se completó con el oficial auxiliar José Morales -sindicado como quien ejecuta el disparo mortal-, la cabo primero Miriam González, el cabo Claudio Zelaya, el cabo primero José María Paz, el sargento Víctor Salinas y los civiles Héctor Villavicencio y Álvaro González.

Revictimizar a la víctima

“La última vez que vi a mi hermano, los policías me estaban pegando. Él les pidió que no me peguen más”, dijo Juan frente al juez en la sala de audiencias. “Nos mataron al pilar de la familia”, recordó entre sollozos al hablar de quién era su hermano. 

Él, junto a vecinos de pueblos y parajes pertenecientes a la localidad de Monteagudo, encontraron el cuerpo de su hermano después de ocho días de búsqueda. “Cortamos la ruta y salimos a buscarlo porque la policía no hacía nada”, contó Juan mientras daba su testimonio en el segundo día de audiencias del debate que se realiza en el Tribunal Oral Federal. El cuerpo había sido arrojado en territorio catamarqueño, con la clara intención de que no fuera encontrado. Es por esta razón que el homicidio de Luis se juzga como una causa federal.

El martes estaba previsto que declararan nueve testigos.Sin embargo, fue solo Juan el que habló en una jornada que se extendió por más de seis horas. Por momentos, los abogados defensores parecían olvidar que estaban tratando con un sobreviviente, un testigo víctima. Las preguntas claramente revictimizantes eran constantemente reconducidas por el presidente del tribunal. “Usted dice que lo arrastraron, ¿cómo es posible que lo arrastren si usted pesa 120 kilos?”, dijo en un momento uno de los defensores. “Ellos eran muchos”, respondió Juan sin reparos. 

“¿Te dijeron por qué los habían detenido?¿Te dijeron que eran policías?¿Estaban con los móviles de la policía?¿Vallaron el lugar donde supuestamente se realizaban actos ilegales?, le preguntó Carlos Garmendia, quien representa la querella del testigo por el homicidio de su hermano. “No. No. No. No”, respondió a cada pregunta Espinoza. “¿Pero cómo puede saber usted si eran móviles oficiales?” fue una de las tantas preguntas que se le realizaron y que dilataron la declaración en la que Juan se descompensó dos veces. 

En una de esas oportunidades era evidente que Juan no se sentía bien. Respondía agitado, con las manos inquietas, con la respiración entrecortada. Garmendia advirtió la situación y le pidió al juez que ingresara el médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para que lo evalúe. “Me opongo”, vociferó el defensor Gustavo Morales que pretendía que si el testigo no solicitaba personalmente la asistencia médica, no se la otorgaran. 

El derrotero de preguntas revictimizantes no se detuvo. Que reconozca su firma, le pedían al hombre que había dicho una y cien veces que era analfabeto. Que si había leído su declaración en sede policial antes de firmar porque no era lo que estaba diciendo en las audiencias, insistía Morales. “Quiero anticiparle, señor Juez, que voy a pedir falso testimonio contra el testigo”, remató antes de terminar con la rueda de preguntas en un claro acto de amedrentamiento. “No me anticipe nada. Si quiere pedir o plantear hágalo. Pero no puede hacer esto aquí y ahora, frente al testigo, porque esto sí es un acto de mala fe. Usted parece que no entiende que se trata de un testigo víctima”, lo frenó Lilljedahl. 

Mientras tanto, en la puerta del TOF, un grupo de militantes acompaña en cada audiencia a la familia Espinoza. “Necesitamos que el pueblo acompañe a la familia, como lo viene haciendo hasta ahora. Estar en la calle y en la sala para que sepan que no están solos y se haga la justicia que tiene que ser”, decía por el megáfono una de las militantes. 

Las audiencias, que continúan el próximo lunes y martes, son orales y públicas por lo que se puede asistir presentando solamente el DNI. También se las puede seguir por el canal de YouTube del tribunal.