La sala era pura tensión. Por segunda vez se realizaba el juicio oral por abuso sexual con acceso carnal agravado en el cual se acusaba a dos policías tucumanos. Ya en el año 2015 se había juzgado a Aníbal Leiva, por violar a una adolescente, y Juan González, como partícipe necesario del hecho ocurrido el 22 de mayo de 2012. Aquella vez, la Justicia ordenó una condena de diez años de prisión al violador y cinco años de cárcel al encubridor. Sin embargo, a fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la sentencia y llevó la causa a fojas cero.

El segundo juicio inició el 22 de mayo de 2017, a cinco años del hecho. Una vez más Mónica, la madre de la víctima, debió enfrentarse cara a cara ante los acusados. Una vez más debió declarar sobre la noche en que su hija llegó a su casa temblando. “’Abusaron de mí’, me dijo mi hija. ‘Un policía abusó de mí’”, declaró ante el tribunal integrado por Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramutti. “Después de lo ocurrido mi hija no volvió a ser la misma. Temblaba mucho, cerraba la boca y se mordía los labios. Eran convulsiones”, dijo Mónica. Desde el ataque, la joven, que se fue de la provincia, tiene miedo de salir a la calle. Mónica describió a su hija como una chica tímida, lo que quedó en evidencia cuando se reprodujo la entrevista en cámara gesell que se le realizó a la víctima. Con voz de niña, la espalda encorvada y el pelo sobre los ojos, la joven le relató a la psicóloga que Leiva le bajó los pantalones y le introdujo su pene. Relatar cómo fue el abuso sexual no fue fácil, tanto que decir “pene” fue un logro para ella. Y aunque el llanto se impuso, la psicóloga Mariela Garvich pudo determinar indicadores de enlentecimiento de las funciones psíquicas de la víctima.

La noche que sucedió el abuso la joven no estaba sola. Su amigo Agustín estaba con ella en el parque 9 de Julio viendo las picadas cuando aparecieron los agentes policiales y le pidieron dinero para evitar el secuestro de la moto en la que andaban. No tenían plata para la coima que se les pidió. Entonces el agente policial Juan González retuvo a Agustín en la moto, mientras Aníbal Leiva se llevaba a la chica a la oscuridad. Detrás un árbol. Cerca del trencito. Sin luz. Sin testigos. Con impunidad.

El examen sospechoso

Que la Policía tiene el deber de brindar seguridad, eso ya lo saben todos. Pero, ¿qué pasa cuando el que debe proteger es el que delinque? En todo proceso delictivo hay una denuncia que es tomada por la Policía. Una investigación que depende de la Policía. Un examen del médico de la Policía. ¿Y si el denunciado es policía?

“No hay lesiones de tipo traumático” escribió el doctor José María Ildarraz en el examen de sanidad que le realizó a la chica abusada. La ambigüedad de este informe aparece cuando el doctor describe una irritación en la zona externa de la vagina. “¿Ese enrojecimiento puede deberse a una violación?”, preguntó la fiscal Juana Prieto de Solimo y el testigo respondió: “Puede que sí, pero nada lo asegura. También puede deberse a una irritación causada por la ropa interior”.

— Dígame, doctor, ¿usted puede notar si una mujer fue abusada en un examen como este? —preguntó la fiscal.

— Si el coito se realizó con violencia, hay marcas en el cuerpo que lo demuestran porque la víctima opone resistencia. En este caso no lo veo claro.

— Pero si a usted le ponen una pistola en la cabeza, ¿va a oponer resistencia? —preguntó Dante Ibáñez, juez vocal del tribunal.

En el examen no se dejaba en claro el abuso. Plagado de ambigüedades, este informe llevó a que los jueces del tribunal presidido por Rafael Macoritto decidieran abrir una investigación sobre el médico ante el posible delito de encubrimiento. “¿Usted sabía que los acusados de la violación eran policías?”, preguntó Prieto de Solimo. Un titubeo y la respuesta del doctor: “No lo sabía”.

El accionar policial

Los agentes que fueron hasta la zona donde ocurrió todo y tomaron conocimiento del lugar fueron citados como testigos en la audiencia del martes 23. Esos policías se hicieron cargo de la denuncia realizada por Mónica, la madrugada después de que su hija le contó lo sucedido. Los agentes José Martín Páez y Javier Contreras trasladaron a Mónica y a su hija en el patrullero. “Cuando la señora me vio, me señaló y le preguntó a la hija si era yo”, declaró Contreras, “entonces le pregunté a mi compañero por qué me señalaba”.

— ¿Qué le dijo su compañero cuando le preguntó eso?

— Me dijo que hubo una violación.

— ¿Le dijo algo sobre las características de los acusados?

— No.

Antes de iniciar la declaración, el tribunal le había tomado juramento a Javier Contreras. En ese momento el presidente le preguntó si tenía algún interés por la resolución de esta causa. “Que se absuelva a mis compañeros, por supuesto”, manifestó el testigo. Que eso estuviera por encima del interés de llegar a la verdad fue una alerta desde el inicio del interrogatorio. El juez Macoritto repreguntó sobre la duda de la fiscal:

— ¿Su compañero le dijo a qué se dedicaban los acusados?

— Me dijo que fue abusada una menor en el parque por dos policías.

Estas declaraciones llevaron a que el tribunal abriera una investigación sobre el comisario Miguel Ángel Juárez por el posible delito de encubrimiento.

La sentencia

A las 16 horas del 26 de mayo se dio a conocer la sentencia. El tribunal pidió al público mantener la calma y se leyó el dictamen por secretaría. Aníbal Leiva fue condenado a 10 años de prisión como responsable por acoso sexual con acceso carnal agravado. Juan González fue condenado a 8 años de prisión por ser partícipe necesario para el acoso sexual con acceso carnal agravado. La condena de ambos se profundizó al pertenecer a las fuerzas policiales y faltar al deber con el Estado.

El llanto de Mónica fue inevitable al ver que la Justicia condenaba por segunda vez. Y es que ante la anulación de una sentencia, la amenaza de tener a los policías cerca y los vejámenes sobre su hija que reflotaron en dos juicios orales, el hecho de ver al abusador de su hija salir arrestado por los policías camino a Villa Urquiza significó una reparación. Una reparación que sentó justicia frente a la violencia institucional.