“Más trabajo, más seguridad” es el eslogan de las personas que estuvieron encerradas en cárceles, comisarías o servicios penitenciarios. Hoy están organizadas a través de la rama Liberados y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y proponen soluciones para no reincidir en el delito, a partir del cumplimiento de un derecho tan básico como el trabajo. Es por eso que el pasado 23 de noviembre presentaron en el Senado de la Nación un proyecto de ley que propone la creación e implementación del “Programa para la Reducción de la Reincidencia mediante la Inclusión Sociolaboral de Personas Liberadas y Familiares”. 

Esta propuesta es “para toda persona que haya estado o esté privada de la libertad. Se incluye también a los familiares porque son los que más sufren”, dice Ramón Castillo, referente actual del MTE - Liberados en Tucumán. “Muchos estuvimos presos y decidimos cambiar. El problema es que al salir de la cárcel tenemos antecedentes, y nadie quiere trabajar con personas con antecedentes”, reflexiona. Además, su compañero Diego Puntano, también representante de la organización, expresa que es necesario que el Estado actúe no solo durante el encierro, sino después de las liberaciones. “Te encierran para reinsertarte a la sociedad, pero salís peor, y es porque no tenés nada afuera. En ese lugar hay mucho dolor, mucho resentimiento. La gente inocente piensa que es la solución, pero la verdad es que están creando monstruos”, sostiene.

Encontrar trabajo en nuestro país parece ser una de las dificultades de muchas personas debido a la crisis política y económica. Sin embargo este sector, sin importar el período político, difícilmente puede acceder a este derecho básico. Los pedidos de certificados de buena conducta y antecedentes son casi una regla básica en cualquier institución, sumado al miedo de la sociedad de relacionarse con quienes estuvieron en conflicto con la ley penal. “Además se sufre siempre la persecusión policial porque ya te conocen… Pasó con varios compañeros que consiguieron trabajitos no formales, pero viene la policía y te lo levanta o te pone una contravención. Un empleador tampoco querría tener esos problemas”, señala Castillo. 

Una ley para más oportunidades:

El proyecto de ley busca la inclusión de liberadas y liberados a partir del trabajo y la educación. Los puntos más importantes son:

*Creación de Polos Productivos: es decir cooperativas, mutuales, o cualquier tipo de asociación destinada a las personas del programa. El mismo estaría integrado, además, por equipos de acompañamiento comunitario, y coordinado por personas liberadas. 

*Educación y formación técnica y profesional: se promueve la adquisición de herramientas en oficios como así también el logro de la terminalidad educativa. Esto se realizaría en los lugares de detención y en los polos productivos.

*Promoción de la igualdad de género: se prevé capacitaciones obligatorias en la temática de género y prevención de la violencia de género.

En los últimos años, en Tucumán, se incrementaron notablemente las inversiones en la Policía y hoy, incluso, se está construyendo una nueva cárcel en la localidad de Benjamín Paz. Pero estas políticas no solucionan el problema, según Puntano: “es mucho dinero que tira el Gobierno para la policía, pero si ya han probado tantas cosas y desperdician la plata, mejor ayuden para que estas cosas cambien, ayúdenos a nosotros”. Por su parte, Castillo sostiene que hay mucho desconocimiento por parte de los políticos: “las políticas no vienen funcionando porque no son pensadas para que las personas no vuelvan a reincidir. Los políticos tienen mucho desconocimiento: no es lo mismo ver un problema desde afuera que vivirlo. Nosotros lo sabemos porque si estuvimos ahí. Sabemos lo que el compañero está pasando cuando sale de la cárcel, sabemos lo que le va a pasar después, sabemos que hay algún momento en el que va a decaer, y que ahí hay que buscarlo de nuevo”, sostiene.

En ese sentido, uno de los argumentos más fuertes de lxs liberadxs, es que esto trae beneficios a la sociedad, en materia económica, de prevención y seguridad ciudadana. Gracias a la agrupación han podido conocer experiencias como una en Lomas de Zamora, Buenos Aires, donde ya se encuentran funcionando polos productivos en donde, según ellos, el impacto ha sido muy positivo. “Son barrios donde los chicos antes estaban drogándose, pero ahora se van a dormir temprano porque tienen que ir a trabajar al otro día”, relata Castillo.

Según Puntano, esta ley es fundamental para acompañar a un sector muy olvidado por la sociedad. “Nosotros queremos ayudar a la gente porque hemos estado en esa situación y nunca tuvimos la oportunidad de que alguien luche por nosotros. Queremos generar las oportunidades que no tuvimos nunca para los excluidos de la sociedad, que son los presos”.

Un problema históricamente postergado

El último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (Sneep 2021) reveló que hay 101.267 personas privadas de libertad en unidades de detención, es decir que se trata de una tasa de 221 cada 100.000 habitantes. Pero no es el conteo final, hay que sumar las 12.807 personas privadas de libertad en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad. Desde hace varias décadas, la tendencia de la población carcelaria es creciente. Esto puede significar que no necesariamente se esté resolviendo el principal problema: la reducción del delito.

Las personas privadas de la libertad provienen, en general, de situaciones llena de carencias y violencias que los ha llevado a tener conflictos con la ley penal. Solo el 10% culminó sus estudios secundarios según el Sneep y el 38% estaba desocupado/a al momento de la detención. Legalmente, el único derecho que se le debería restringir a un preso o presa, es el de la libertad ambulatoria, pero en la realidad, suelen perderse casi todos los demás.

En numerosas ocasiones surgen motines o reclamos de lxs internxs debido a la falta de atención en salud, prohibiciones de visitas de sus familiares, y castigos relacionados a torturas y otros tipos de violencia. Lo que argumentan las personas que defienden los derechos de las personas privadas de la libertad, es que las condiciones de los encierros generan el efecto contrario al que buscan los centros de detención: reinsertar a estas personas en la sociedad. Por esta razón y debido a las situaciones de discriminación y exclusión en la sociedad, puede volcarlos a reincidir en el delito.

Según los datos del Sneep, el 28 por ciento de la población carcelaria condenada está allí por segunda vez o más. Dentro de ese porcentaje existen dos categorías: las personas reiterantes y reincidentes. Las primeras son las que fueron condenadas por un delito similar al que los ingresó por primera vez a la institución de encierro, y las segundas tienen que ver con delitos distintos a los que realizaron en su primera vez.

Las personas liberadas organizadas, piden que se trabaje en esta ley que podría traer soluciones a largo plazo sobre un problema que nunca fue analizado en profundidad. Además, sostienen que el trabajo es un derecho para ellos como lo es para todos los demás. “Con este proyecto queremos generar las oportunidades que no tuvimos nunca nosotros, para los excluidos de la sociedad, que son los presos”, cierra Puntano.